UN BARCO DIFÍCIL DE ENDEREZAR
Un panorama económico precario a nivel local e internacional complicó el escenario para los boricuas Se recorta el gasto y se inyectan fondos al gobierno, pero no se logran superar las deficiencias presupuestarias
administración de Luis Fortuño llegó al mando en medio de amenazas crediticias y uno de los déficits presupuestarios más grandes en la historia, situación que enfrentó decretando una serie de recortes, que incluyeron la nómina del gobierno y tomando mucho dinero prestado.
Fortuño, en cuatro años, emitió $17,828 millones en deuda, la mayoría en bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que se paga con el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).
El exgobernador, quien no estuvo disponible para entrevista, envió documentos en los que aseguraba que sólo $5,440 millones de los emitidos por su gobierno responden a iniciativas o proyectos de su administración. El resto, según el análisis enviado, respondía a obligaciones heredadas de administraciones previas.
Según el entonces secretario de Estado Kenneth McClintock, el problema más grave era el déficit presupues- tario de $3,306 millones. Se estableció como plan reducir escalonadamente los gastos para que el efecto en la economía fuera el menor posible.
La idea era que el déficit, que se cubría con préstamos, cada año fuera menor. “Si dices que no puedes usar un mecanismo financiero para hacer una escalera para bajar el déficit, pues en la caída te matas... Era con la esperanza de que al bajar la escalera de forma ordenada la economía iba a
bottom out (tocar fondo) e iba a empezar a crecer”, dijo McClintock.
Y así se hizo en los primeros dos presupuestos de Fortuño, según do- cumentos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En los últimos dos, sin embargo, el plan inicial del gobierno no fue alcanzado, al punto que el presupuesto que Fortuño entregó a su sucesor tenía $2,213 millones en deficiencias. Los gastos superaban por esta cantidad los ingresos.
Esas deficiencias, programadas en su mayoría, fueron cubiertas con el crédito de Cofina. Este organismo del gobierno tenía $6,629 millones en deuda para el 2008. Cuando Fortuño salió de la gobernación, la deuda ya llegaba a los $16,000 millones. Gran parte de los bonos emitidos eran para refinanciar deuda en vencimiento, que exige pagos, por mucho, mayores a los usuales. De este modo se evitaban desembolsos grandes y se retrasaba el repago.
LA MEDICINA AMARGA. En términos generales, la administración de Fortuño estuvo llena de controversias. La Ley 7, de Emergencia Fiscal, congeló convenios colectivos y posibilitó el despido de miles de empleados públicos e impuso sobretasas contributivas. Muchas de estas medidas fueron esbozadas en un inicio por el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (Caref).
La cifra exacta de despedidos varía. La administración de Fortuño hablaba de 11,000 empleados cesanteados y la oposición dice que fueron 30,000 cuando se cuentan los contratos cancelados o no renovados.
BENEFICIOS FEDERALES. Para el 2009, la economía estadounidense también enfrentaba problemas. El gobierno federal legisló la Ley de Recuperación y Reinversión Americana (ARRA), que distribuyó una enorme cantidad de dinero entre los estados y territorios. Puerto Rico recibió más de $6,000 millones.
“Fue un dinero que entró a la economía y se fue rápido y no se volverá a recibir”, dijo el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Luis Torres Llompart.
Ese dinero se supone que fuera utilizado, principalmente, en proyectos de infraestructura listos para iniciarse. No obstante, aquí gran parte de estas transferencias federales fueron usadas para cubrir gastos operacio- nales del gobierno. Esta inversión estadounidense estaba acompañada por una emisión de bonos de $500 millones que servían como “Estímulo Criollo” para la economía.
PROBLEMAS NUEVOS. Situaciones, muchas de ellas fuera del control del gobierno, atentaban contra la economía puertorriqueña. Los costos del petróleo seguían al alza disparando la tarifa de la energía eléctrica, la industria financiera llegó a su punto más bajo en el 2010 con la fusión forzada de tres bancos y la población de Puerto Rico continuaba reduciéndose a paso acelerado.
Junto a esto se creaban nuevos escollos. La deuda de algunas corporaciones públicas como las autoridades de Carreteras y Transportación (ACT) y la de los Puertos (AP) se dispararon y parte del repago dependió de la privatización de los expresos PR-22 y PR-5 y del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Esta última iniciativa se negoció por Fortuño, pero se concretó en el 2013 bajo el mandato de Ale
jandro García Padilla. También se confrontaron problemas presupuestarios en las autoridades de Acueductos y Alcantarillados y de Energía Eléctrica.
REFORMAS CONTRIBUTIVAS. Fortuño, como parte de su plan económico, estableció un tributo temporero de 4% a las empresas foráneas. Esta contribución estabilizó un poco los recaudos del gobierno allegando al fisco entre $1,500 millones y $2,000 millones anuales.
Por otro lado, a mitad de su mandato Fortuño aprobó una reforma que ba-
jaba las tasas contributivas por concepto de ingresos a las empresas y a los individuos. La idea detrás de la medida era estimular la economía dejando más dinero en las manos de las personas y las compañías.
No obstante, esta situación redundó en una baja significativa en recaudos, ampliando las deficiencias presupuestarias del gobierno. Según McClintock, la baja contributiva funcionó mejorando la economía lo que iba a redundar en mejores recaudos eventualmente. De hecho, esta reforma tributaria era parte de un plan de desarrollo económico diseñado por Fortuño, pero sin el apoyo de la oposición política, por lo que al PNP perder las elecciones a la gobernación no hubo continuidad en la iniciativa. Fortuño, sin embargo, sí buscó el consenso partidista para encaminar una reforma a los sistemas de retiro que fue boicoteado por el opositor Partido Popular Democrático por razones electorales.
MEJORÍA ECONÓMICA. Durante el cuatrienio de Fortuño, algunos sectores tuvieron momentos de mejoría. El crecimiento real del Producto Nacional Bruto alcanzó 0.2% en el 2012. También, a mitad de este mandato, los informes crediticios del gobierno parecían estables y las amenazas de degradación parecían alejarse.
No obstante, a finales de el 2012, el escenario económico había cambiado y las casas acreditadoras degradaban el crédito del gobierno a apenas un nivel sobre la chatarra. La mejoría económica no volvió a repetirse.