Los efectos de la medicina amarga
El plan del gobierno para sacar a flote el país implicó la emisión de más de $17,000 millones en deuda pública
Las medidas de austeridad ejecutadas durante la administración de Luis Fortuño ocurrieron en medio de un panorama crediticio adverso, un tanto similar al que enfrentó su sucesor Alejandro García Padilla al ocupar el puesto.
La llamada “medicina amarga” de Fortuño consistió principalmente en la Ley 7 del 2009, que decretó una emergencia fiscal e implicó una serie de recortes drásticos que buscaban reducir las deficiencias presupuestarias estimadas en $3,306 millones.
Tal vez el impacto más grande que tuvo esta ley fue la salida de miles de empleados del gobierno, algunos despedidos, otros con contratos cancelados o con renuncias o retiros incentivados. Esta movida, además de crear una inestabilidad laboral en el gobierno redujo la actividad económica que generaban las familias afectadas.
El entonces secretario de Estado, Kenneth McClintock explicó que el plan de la administración de Fortuño buscaba reducir poco a poco el tamaño del gobierno. Hacer la reducción de golpe implicaba problemas más severos a la economía por lo que recortes mayores a los que se hicieron pudieron ser peores.
En fin, las deficiencias presupuestarias no se podían corregir inmediatamente por lo que el gobierno se mantenía financiando parte de sus operaciones con préstamos.
Fortuño emitió alrededor de $17,828 millones en deuda pública. Esta es la suma mayor para un gobernante de Puerto Rico. La mayor parte de los préstamos se emitieron usando el crédito de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), entidad creada en sus inicios para refinanciar la deuda extraconstitucional usado como fuente de repago el Impuesto sobre las Ventas y Uso.
De hecho, el dinero prestado a través de Cofina fue tanto que prácticamente se agotó el margen prestatario que tenía este organismo. El gobierno optó entonces por aumentar el porcentaje del IVU que se usa para repagar la deuda para aumentar su margen prestatario. Es decir, hipotecaron una porción mayor del IVU que pagan los puertorriqueños.