75,000 VIVIENDAS CLANDESTINAS EN LA ISLA

Una parte significativa de las residencias de Puerto Rico carece de los permisos de construcción y remodelación necesarios para el desarrollo organizado del país Este desorden, que atenta contra la seguridad de obreros y residentes, se debe a la escasa f

En la década anterior, el 34% de las viviendas nuevas de Puerto Rico fueron edificadas sin los debidos permisos de ley o en un terreno sobre el cual el residente no tiene derecho legal, lo que evidencia la pobreza en la fiscalización del cumplimiento de los estatutos destinados a velar por el desarrollo ordenado de la Isla.

La construcción informal de viviendas, las cuales carecen de la garantía de que se erigieron bajo los requisitos mínimos de seguridad, podría poner en riesgo la vida de los trabajadores que las construyen y de las personas que las habitan.

En 2010, el Negociado del Censo de los Estados Unidos registró 75,037 unidades más que las que figuran en los registros de permisos de las autoridades de permisología de Puerto Rico, reveló Luis García Pelatti, presidente de la Junta de Planificación (JP). Esas 75,037 unidades sin permi- sos constituyen el 34% del total de 218,470 viviendas nuevas reportadas en el Censo de 2010, encuesta que se lleva a cabo cada 10 años.

“Esa es la que llamamos la vivienda informal, que se construye sin permisos. Esto quiere decir que se han estado construyendo, en promedio, casi 7,000 unidades informales al año”, destacó García Pelatti.

Las entidades responsables de la fiscalización son la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y los municipios autónomos, todos desprovistos de recursos suficientes para detectar las construcciones que se realizan a través de toda la Isla sin permisos. El escenario abona al consabido caos en la planificación en Puerto Rico.

PRÁCTICA COMÚN. La vivienda informal es una práctica común a pesar de que la Sección 5.3.6 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos, de noviembre de 2010, establece que “cualquier proyecto cuyo costo estimado exceda $6,000 deberá contener la firma y el sello del ingeniero o arquitecto que confeccionó los planos de construcción”. Obras de menor costo no requieren de la firma del ingeniero civil o arquitecto, pero sí de un permiso de construcción de la OGPe, salvo algunas excepciones, dijo el director ejecutivo de la agencia,

Alberto Lastra Power.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. El funcionario confirmó que la OGPe está a cargo de emitir permisos de construcción y de uso, así como de fiscalizar. Comparte esas responsabilidades con una decena de municipios autónomos que cuentan con la jerarquía V y sus propias oficinas de permisos: Aguadilla, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cidra, Guaynabo, Humacao, Ponce y San Juan. Pronto Trujillo Alto, Barranquitas y Fajardo harán lo propio, agregó.

INESTABILIDAD. A nivel estatal ha habido varios pases de batón en la otorgación y fiscalización de permisos. Antes de 1974, era la JP la res- ponsable de estas labores, que pasaron a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) hasta 2010, año en que esta desapareció para dar paso a dos dependencias: la OGPe, que otorga los permisos, y la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPe), que los fiscalizaba.

Lastra Power informó que hasta el año pasado su agencia carecía de inspectores que atendieran querellas sobre construcciones informales, ya que estos trabajaban para la OIGPe. “En enero entró en vigor la Ley 151 de 2013, que le devolvió a la OGPe la facultad de fiscalizar”, indicó.

Así, en enero de este año la OIGPe se eliminó, y sus 26 inspectores pasaron a la Oficina de Gerencia de Permisos. “Esa parte es bien importante porque el que otorgaba el permiso y el que lo fiscalizaba no se relacionaban. Ahora van a estar en una misma oficina”, apuntó al respecto García Pelatti.

La OGPe recibe entre 80 y 100 querellas mensuales relacionadas a construcciones, antenas, extracciones de tierra, banderas de anuncios y bill

boards , entre otros, que son atendidas por los 26 inspectores recién llegados a la agencia, informó Lastra Power.

“Sé que son pocos”, admitió el funcionario. La agencia cuenta con otros

20 inspectores de salud, ambiente y prevención de incendios. “Estamos tratando de que todos aprendan de lo que hacen los otros, ya que quiero tener 46 en vez de 26. Se está trabajando el plan de reclasificación, debido a que son unionados, para que todos puedan hacer el trabajo”, aseguró. El plan, según Lastra Power, está bajo la revisión de Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (Ocalarh).

Lastra Power dijo que “dependemos mucho de las querellas y de que los municipios nos refieran casos”. Admitió que como cada querella puede conllevar más de una visita al lugar, a los inspectores apenas les resta tiempo para realizar rondas.

El jefe de la OGPe coincidió con la apreciación de Manuel Bermúdez

Pagán , presidente del Instituto de Ingenieros Civiles, de que las construcciones informales abundan más en la ruralía y en lugares de difícil acceso. “Usualmente se trata de familiares o conocidos de dueños de hogares, que tienen cierta experiencia en construcción, pero como obreros y carpinteros y construyen según su experiencia, sin supervisión ni seguridad”, explicó Bermúdez Pagán.

Muchas construcciones irregulares son remodelaciones o ampliaciones de casas, aunque se dan otros casos, como cuando se edifican unidades en fincas cuyo uso fue autorizado mediante usufructo (el derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos), agregó Lastra Power.

ASUNTO DE SEGURIDAD. Una preocupación principal respecto a la edificación de estructuras sin la intervención de un ingeniero civil o arquitecto, o que no cumplen con los códigos de construcción establecidos por ley, es que se torne inservible. Bermúdez Pagán dijo que el ingeniero civil se asegura de que el terreno esté en condiciones de soportar el peso de la estructura a construirse.

Es peligroso también edificar sin tomar en cuenta las escorrentías y los cuerpos de agua cercanos a la propiedad. “Como parte de los servicios que los ingenieros ofrecemos, podemos decir dónde interceptar esas aguas porque si no, el agua socava el terreno y provoca inestabilidad en la estructura”, dijo Bermúdez Pagán. Agregó que ingenieros y arquitectos ayudan al dueño de la propiedad a seleccionar un contratista que tenga experiencia y que esté certificado por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), para aminorar la incidencia de vicios de construcción.

Bermúdez Pagán dijo que muchos ciudadanos consideran que la permisología es costosa. El ingeniero suele cobrar de un 5% a un 7% del costo de la construcción. Es decir, que al edificar una casa de $150,000, el ingeniero civil cobraría entre $7,500 y $10,500 por sus servicios, entre los que se encuentra la preconstrucción (incluidos estudios de suelo), diseño de planos e inspecciones de la estructura. “Es una inversión que la van a agradecer, porque es para asegurar su vida y la de su familia”, dijo.

NO PUNITIVO. En Guaynabo, hace tres años fue creada la División de Reglamentación y Asuntos Ambientales, en la que seis oficiales deben realizar rondas para detectar construcciones que no cuenten con un rótulo con el número del permiso y los nombres del dueño de la propiedad, el arquitecto o ingeniero a cargo y el contratista. Verifican acumulaciones de chatarra e incumplimientos con el reciclaje de desperdicios sólidos. La división, dirigida por el ingeniero

Francisco Urbina, apoya a las oficinas municipales de Permisos Urba- nísticos, Control Ambiental y Reciclaje, dijo el portavoz, Alexis Ramos

Merced. El enfoque no es punitivo: se orienta a los ciudadanos a cómo solicitar los permisos requeridos y poner sus construcciones al día.