NO HAY MÁS DINERO

Gobierno ve limitado su acceso al crédito y se queda sin dinero para el lujo Para los políticos los votos son más importantes que el bien común del pueblo

La política económica en el primer año y medio de la administración de

Alejandro García Padilla ha estado subeditada a las amenazas de las casas acreditadoras, que en febrero de este año terminaron degradando el crédito de Puerto Rico a chatarra.

El primer obstáculo del gobierno fue el déficit estructural de $2,213 millones que había en el presupuesto del año fiscal 2012-13. Una serie de medidas extraordinarias de recaudos achicaron el déficit.

Las deficiencias actuariales en los sistemas de retiro atentaban contra las finanzas del gobierno, por lo que se legislaron reformas que levantaron ronchas en múltiples sectores y desataron una avalancha de retiros en el gobierno por la reducción de beneficios que se avecinaba. Posteriormente, decisiones judiciales limitaron el alcance de estas medidas.

García Padilla también le dio paso a la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín. La versión era que la transacción era necesaria para miti- gar la deuda de la Autoridad de Puertos. También se aumentaron los impuestos para darle fuente de repago a una deuda de $2,200 millones de la Autoridad de Carreteras y Transporte. El déficit en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se mitigó con un aumento en las tarifas.

En el primer presupuesto creado por esta administración se impuso una patente nacional y se expandió el Impuesto sobre las Ventas y Usos (IVU) a ciertas transacciones entre negocios. Aún con el aumento tributario, no se alcanzaron los recaudos que buscaba el gobierno, por lo que se tuvo que incurrir en una serie de recortes para reducir la brecha presupuestaria.

Ante el escenario de una nueva emisión de bonos que buscaba darle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se produjo una degradación crediticia a chatarra que encareció los préstamos del gobierno y limitó el acceso del estado a los mercados de bonos. El gobierno entonces entró en un frenesí por eliminar el déficit para el año fiscal que comenzó en julio. Para eso se legisló la Ley de Sostenibilidad Fiscal, que congeló beneficios laborales y posibilitó la renegociación de contratos, entre muchos cambios para reducir el gasto.

Lo que no logró atender el gobierno fue el problema fiscal en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que tuvo que sentarse con sus acreedores para pedir tiempo en lo que puede pagar,

situación que desembocó en la imposición de un síndico que velará sobre la reestructuración de la corporación pública de modo que se le pueda repagar el dinero a los bonistas.

“Y todavía no hay plan de país... Yo pensaba que la degradación iba a provocar un diálogo... el que gane en el 2016 no sé qué va a gobernar, porque no va a haber nada más que un país quebrado”, expresó el economista

Gustavo Vélez.

EXPECTATIVAS ELECTORALES. Casi todos los entrevistados, independientemente del partido político al que se pueden asociar, coincidieron en que gran parte del problema económico se debe a que la alternancia política ha creado un descontrol de quién ofrece más para lograr votos.

“Tenemos un pueblo presentista que espera resultados inmediatos, que no aprecia decisiones a largo plazo, que no tiene la paciencia de permitir que las cosas maduren y los partidos entonces buscan cosas que produzcan resultados inmediatos aunque sea algo dañino a mediano o largo plazo”, dijo el exsenador Kenneth

McClintock.

“Hay una urgencia en la alternancia en el poder que termina en quién da más por los votos y en un desarrollo cultural peligrosísimo que piensa en qué hay para mí hoy”, describió, por su parte, el exalcalde de San Juan,

Héctor Luis Acevedo.

La rivalidad electoral ha llegado al punto que los dos partidos que se alternan en el poder no tienen ni la capacidad de delimitar aunque sea una visión básica del país a mediano o largo plazo y no quieren ceder parte de ese poder a sectores privados.

“Lo que pasa con nuestra economía es que no puede aguantar el peso de este gobierno tirano que se lo chupa todo, que lo destruye todo y que está en disposición de hacer solo lo que los partidos le permiten y los partidos están de acuerdo en el modelo de ellos que es depender del gobierno... Lo que hay que hacer es decirle al gobierno que se salga del medio”, opinó el economista Elías Gutiérrez.

El problema también es uno de expectativas. El liderato político ha vendido la idea de que es posible, bajo las condiciones económicas actuales, que los puertorriqueños tengan recursos y una calidad de vida similar a la que se experimenta en los estados ricos.

“Cuando el Ejecutivo y el Legislativo piensa que va a ser reelecto indefinidamente cambia el enfoque de hacer el trabajo”, expresó el exjefe de Gerencia y Presupuesto, Jorge Apon

te. Y esa elevada expectativa de calidad de vida, que no va a la par con la producción económica de Puerto Rico, lleva al debate del status, que termina siendo la tranquilla divisoria y omnipresente en la política.

Desde el punto de vista económico, uno de los principales argumentos estadistas es que con una incorporación a EE.UU. se obtendrían subsidios federales muy superiores a los actuales. Los estadolibristas, por su parte, recalcan que las contribuciones federales implicarían una carga imposible de sobrellevar.

Mientras el status se resuelve, el deterioro económico sigue ante la mirada partidista de los que se alternan el poder.