JUGOSO CONTRATO A $125 LA HORA
La OEG autorizó al alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, a reclutar a la exsecretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, a pesar de que los padres de la exfuncionaria tienen altos puestos en el ayuntamiento y de que esta hizo negocios con el municipio cuand
Poco después de salir de su puesto de gabinete, la exsecretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, consiguió un contrato como asesora del Municipio de Aguadilla -donde sus padres trabajan- por el que devenga $5,000 por 40 horas de trabajo al mes.
No habían pasado dos meses del cambio de gobierno, cuando ya el alcalde Carlos Méndez había solicitado a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) autorización para contratar a Irizarry para desarrollar programas de bienestar social y calidad de vida.
El contrato, que fue renovado para un términio de 11 meses -del 6 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2015- asciende a $55,000, a razón de $125 la hora y por un máximo de 40 horas mensuales. Esto equivale a cinco días de trabajo de un empleado a tiempo regular. Bajo el contrato que tuvo el año pasado, devengó hasta $60,000 por 48 horas de trabajo mensuales.
El alcalde de Aguadilla tuvo que solicitar el permiso de la OEG para contratar a Irizarry porque la Ley de Ética Gubernamental prohíbe favorecer a familiares con contratos gubernamentales en aquellos casos en los que la persona que ya trabaja en el gobierno tiene capacidad de influir en la contratación.
Ana Méndez Barreto, madre de la exsecretaria, fue electa a la Legislatura Municipal de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista. Su padre,
Luis Irizarry Rosa, ocupa el cargo de comisionado de la Policía Municipal.
En su evaluación de la solicitud de autorización del contrato, la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario, descartó la influencia de Méndez Barreto porque los acuerdos de servicios profesionales no tienen que ser aprobados por la Legislatura Municipal.
No obstante, sí consideró que el padre de Irizarry se encontraba en una posición en la que podía influir para la contratación de la exfuncionaria del gobierno de Luis Fortuño.
“Las funciones que ejerce el señor Irizarry Rosa, como Comisionado de la Policía Municipal del Municipio, le adscriben la facultad de influir en la contratación de su hija”, advierte puntualmente la directora de la oficina que vigila por la conducta ética de los funcionarios.
Aun así, Rosario autorizó la contratación de la exsecretaria tras destacar que el municipio aguadillano aseguró en su solicitud de autorización que le “resulta extremadamente difícil conseguir profesionales con el peritaje en el área social y comunitaria que posee la licenciada Irizarry Méndez”.
“La experiencia adquirida por la licenciada Irizarry Méndez, como secretaria del Departamento de la Familia y Administradora de la Administración de Familias y Niños, así como las diferentes juntas y organizaciones en las que ha participado serán de gran ayuda y beneficio para la ciudadanía de Aguadilla”, indica Rosario en la halagadora carta de autorización remitida al alcalde.
Según el documento de la OEG, el Municipio de Aguadilla contrataría “los servicios profesionales de la licenciada Irizarry Méndez con el propósito de desarrollar programas de servicio comunitario, bienestar social, prevención y calidad de vida”.
CONFUSO ACUERDO. No obstante, el contrato de la exfuncionaria, del que este diario obtuvo copia, añade un dato que no se incluye en los documentos de la OEG: que Irizarry realizaría esas gestiones en calidad de asesora legal.
De hecho, según la descripción provista en el contrato firmado inicialmente el 24 de julio de 2013 y luego renovado el 6 de agosto de este año, las funciones de Irizarry incluyen “ofrecer asesoría legal y administrativa en todo asunto requerido por el alcalde”, representar al Municipio de Aguadilla ante los tribunales o agencias gubernamentales y cualquier otro trámite solicitado por el ayuntamiento.
En el pasado, la directora ejecutiva de la OEG ha explicado a este diario que las autorizaciones -conocidas antes como dispensas- son recursos extraordinarios que ella otorga solo cuando no existe alternativa a la con-
tratación de un familiar.
PERSUASIÓN Y DISCRECIÓN. En una entrevista con El Nuevo Día sobre el funcionamiento de la agencia que dirige, Rosario ilustró su proceso de evaluación para emitir una autorización de la siguiente manera: “Tú me convences a mí que (el posible contratista o empleado) es la última Coca Cola en el desierto, pues yo voy a examinarlo y te voy a decir: ‘ok, lo puedes hacer, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro’. Eso es bien importante”.
Según los criterios, la autorización de la OEG supondría que el municipio confrontó problemas para hallar a quien tuviera conocimientos legales y pericia en trabajo social en esa zona.
En el caso de Irizarry, la directora ejecutiva de la OEG autorizó que la contrataran en Aguadilla y, en el mismo documento, indicó que sus padres debían inhibirse de todo lo relacionado con su hija en el ayuntamiento.
“Tanto la señora Méndez Barreto como el señor Irizarry Rosa deberán evitar en todo momento los conflictos de intereses”, requirió Rosario al conceder el permiso.
VIEJOS CONOCIDOS. Esta no es la primera vez que Irizarry y Méndez alcanzan un acuerdo contractual.
En febrero de 2011, mientras Irizarry ejercía como secretaria de la Familia, esa agencia le arrendó a Aguadilla un local para unas oficinas de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).
Pero el local, ubicado en el edificio municipal Aguadilla City Center, no estaba en condiciones para las operaciones de la Región Administrativa del Oeste de Asume, por lo que las partes, representadas por Méndez e Irizarry, acordaron habilitarlo. El costo del proyecto, diseñado por el arquitecto Juan Penabad, se estimó en $388,482.
Un año después, Irizarry firmó un contrato en el que Familia se comprometió a pagar los $388,484 al Municipio de Aguadilla por el trabajo de construcción.
En el contrato, se asegura que la obra costó más de lo estimado, pero que el ayuntamiento decidió solventar la diferencia en el gasto por que Asume “es una entidad gubernamental que brinda servicios esenciales al pueblo y con el afán de proveer a la ciudadanía de facilidades adecuadas, modemas y accesibles”.