Una reforma tributaria efectiva y fiscalizable
Ningún diseño ni aprobación de una reforma contributiva efectiva debe ser más puntual y comprometido que la confección de un modelo de responsabilidad fiscal que incluya simultáneamente un estricto control del gasto gubernamental y un sistema que de verda
Para lograr su efectividad, esa nueva estructura debe ir dirigida a una ampliación de la base contributiva, a una revisión de las tasas de individuos y corporaciones y a la aprobación de un sistema contributivo simple que facilite su administración y fiscalización, que estimule el trabajo y contribuya a una reactivación económica de calidad en el País.
Aunque la revisión del sistema contributivo de cualquier sociedad es asunto de la más alta y cuidadosa responsabilidad, especialmente la que enfrentan el Gobierno y el pueblo de Puerto Rico en general en términos fiscales y económicos, el esfuerzo demanda la creatividad de los funcionarios a cargo de su elaboración, de los grupos profesionales que asistan en la tarea e, inclusive, de las personas y asociaciones del sector privado con experiencia y maneras de aportar sus ideas al propósito de un verdadero escenario de justicia contributiva.
Es revelador el dato divulgado por la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, al anunciar que se ha echado a andar la tantas veces anunciada reforma contributiva: son los ciudadanos de a pie, los que salen todos los días a trabajar, en muchas ocasiones a base de bajos salarios, quienes más aportaciones hacen a las arcas de Hacienda a través de sus planillas de contribución sobre ingresos.
Los datos son sorprendentes: la carga contributiva que llevan sobre sus hombres esos contribuyentes es de tal magnitud que representan el 91%, o 91 centavos de cada dólar, del total de los recaudos anuales del Departamento de Hacienda. De esos 91 centavos, las personas con ingresos de entre $39,999 y $60,000 aportan alrededor de 13 centavos de cada dólar que llega a las arcas públicas y aquellos con ingresos de $59,999 o más pagan 78 centavos de cada dólar.
El cuadro de inequidad que plantea el dato ofrecido por la secretaria Acosta Febo adquiere ribetes más detrimentales cuando es notoria la mente fecunda que suelen exhibir todas las administraciones públicas al ofrecer decenas de tratamientos preferenciales, créditos, exoneraciones y exenciones tanto al nivel individual como corporativo, que tienen el único efecto que es de esperar: una reducción de la base contributiva a la vez que obliga a la imposición de tasas contributivas más altas para tratar de alcanzar recaudos que, por ello mismo, no siempre se materializan.
De hecho, la marcha formal del proceso de configuración de la reforma contributiva anunciada por la secretaria de Hacienda se agiliza justamente en medio de históricas presiones fiscales; de la imposición de más de $2,500 millones en aumentos de tarifas decretados, la ampliación de viejas contribuciones y la imposición de otras, incluida la llamada “patente nacional”. Se da, además, tras las dos recientes degradaciones del crédito de Puerto Rico al nivel especulativo o “chatarra”.
Desde luego que la secretaria Acosta Febo, al anunciar la marcha de la reforma, no estaba en disposición de asegurar si el nuevo estatuto contributivo “dejará más o menos recaudos”. No obstante, es de presumir que en el adverso escenario fiscal en que se halla la Isla -especialmente desde la imparable recesión iniciada en el año 2006- cualquier estructura contributiva que salga del trabajo iniciado tiene que buscar fortalecer los ingresos que requiere el Gobierno para la realización de la obra pública y la prestación de servicios sociales a sus constituyentes.
Desde esa perspectiva, corresponde permitir a Hacienda y a sus asesores -así como a las entidades de la sociedad civil con disposición y capacidad de aportar- realizar su trabajo, sin que en su camino interfiera el protagonismo político o personal, como tampoco el a veces incontrolado afán paternalista.