¿Mejorar la crudita?
Mejorar para quién, el gobierno. Para qué, endeudarnos más. Esta contradicción en términos refleja la lógica distorsionada de los gobiernos ante la crisis. También refleja la actitud de un pueblo que tiene memoria corta y se queja y protesta por todo y por nada.
En junio de 2013 se instauró la primera crudita que “resolvería” las necesidades financieras de la Autoridad de Carreteras. Dieciocho meses después se vuelve a aumentar porque el consumo de gasolina declinó y los recaudos no cumplieron las expectativas. En febrero de 2014 un reconocido economista nos persuadió de que el “blindaje fiscal” que se lograría mediante un préstamo de $3.5 billones garantizaría liquidez para los próximos 18 a 24 meses. La emisión de bonos se realizó en abril con bombos y platillos y declaraciones de pláceme por la rapidez con que se vendió. Ocho meses después se nos dice que no hay dinero suficiente en caja para pagar nóminas.
Con buenas intenciones se nos ofrece la alternativa de añadir un impuesto a las “corporaciones foráneas”, a las cuales ya se les impuso 4% de tributos. Estas no se han quejado porque Rentas Internas federal les ha otorgado temporalmente un crédito contributivo que equivale a una “transferencia” a Puerto Rico por el monto del crédito. Las foráneas operan bajo la parte III, inciso f, secciones 951 a 965 del Código de Rentas Internas federal y gozan de esa misma exención en todas partes del mundo, desde la China hasta Irlanda.
Antes de imponer un “toll gate tax” a ganancias repatriadas que no se generan en su totalidad en Puerto Rico, sino que “pasan” por la Isla debido a la baja tasa contributiva, debe hacerse un cuidadoso estudio de impacto que tome en cuenta cómo se posiciona Puerto Rico con respecto a otras jurisdicciones internacionales en las que estas empresas operan.
Curiosamente se considera todo menos la alternativa más coherente: renegociar la deuda y reestructurar las finanzas del gobierno. O debo decir, “los gobiernos” de Puerto Rico, pues en esto parece haber tres: el central, las corporaciones públicas y los municipios quebrados y en déficit que superan el 50% de estos. Por qué no se reestructura la deuda. Porque ello implicaría condiciones estrictas impuestas por los acreedores para asegurar el repago. Se acabarían los barriles de tocino, los contratos a bufetes y publicistas allegados al gobierno y al “cartel del petróleo”, del cual ya nos olvidamos. Imagino que algo así dirá el estudio de KPMG que Hacienda se niega a entregar. Mejoremos, pues, la crudita.