El sector privado reclama reformas gubernamentales
Sector privado reclama con urgencia cambios en las principales instrumentalidades
QPara el sector privado, la reestructuración de las corporaciones públicas representan una oportunidad para mejorar las condiciones de hacer negocios y fortalecer la economía puertorriqueña.
Los argumentos son un tanto simples. En la medida que las corporaciones públicas logren operar de manera más ágil y menos costosa, los servicios deben mejorar y resultaría menos onerosa la compra de agua y electricidad. Este último servicio, por sus elevados costos, resulta el principal dolor de cabeza de muchos negocios en el país.
Pero el asunto no queda ahí. Según Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales, los descontroles fiscales en las corporaciones públicas en los últimos años han motivado aumentos en las tarifas y las contribuciones, impactando la economía.
“Las corporaciones (públicas) deben administrarse como un negocio privado. Tienen que ser competitivas y evolucionar y bajar sus costos para que hagan al país más competitivo. No pueden seguir con la práctica que ante una insuficiencia de fondos se sube la factura. Eso es lo más fácil pero lo que más afecta a la economía”, dijo Rivera.
El gobierno, obligado por bonistas, emprendió la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación que en los últimos años ha operado con serias deficiencias presupuestarias al punto que el pasado verano no podía cumplir con los pagos de sus préstamos.
Del mismo modo, la reciente aprobación del alza en el arbitrio del pe- tróleo y sus productos derivados, incluyó una exigencia de renovación a la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), que también lidia con grandes deficiencias fiscales. NO SOLO LA AEE Y LA ACT. Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas, exhortó a que estas no sean las únicas corporaciones públicas que tengan cambios. Indicó, por ejemplo, que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) también debe ser renovada, puesto que los altos costos del agua también limitan las oportunidades económicas de muchos comercios.
“La revisión debe ser desde la A hasta la Z. Hay que ser eficiente porque en la medida que ellos pueden ser más eficientes mejora la economía”, dijo Monge.
El martes, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, admitió que el gobierno mira de cerca las operaciones de la AAA para ver si necesita una renovación. Acosta hizo el comentario al reaccionar a informes que apuntaban que inversionistas en Wall Street trataban de empujar al gobierno para que haga más cam- bios en las operaciones de las instrumentalidades públicas. RENOVACIÓN COMPLETA. El presidente de la Cámara de Comercio, José Izquierdo Encarnación, indicó, por su parte, que se debe repensar el gobierno completo porque el organigrama actual es inmanejable.
“Hay 140 jefes de agencia. Eso es un disparate. Tiene que haber una línea de mando clara para que la política pública se cumpla porque sino se pierde en la burocracia”, dijo Izquierdo Encarnación, quien ha sido secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y secretario de Estado.
Tanto Izquierdo Encarnación como la presidenta de la Asociación de Industriales afirmaron que lo primero que se tiene que hacer es eliminar o limitar significativamente la intromisión partidista en estas corporaciones públicas. INTROMISIÓN PARTIDISTA. “Las corporaciones públicas se han usado como zafacones políticos y los gobiernos han actuado con miedo ante los sindicatos, especialmente en las negociaciones de los con-
venios colectivos, lo que las ha hecho económicamente insostenibles”, dijo Izquierdo Encarnación. LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS. En parte los problemas de las corporaciones públicas son una secuela del deterioro económico del Puerto Rico en general.
Por ejemplo, a raíz de la salida del país de un nutrido grupo de fábricas tras la eliminación de los incentivos contributivos de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, la AEE tuvo una baja sustancial en sus ventas de electricidad. Como consecuencia sus ingresos fueron menores mientras su estructura de gastos aumentaba, en parte por los aumentos en el costo del combustible que usan las plantas generadoras de energía.
La ACT, por su parte, viene confrontando bajas en sus ingresos y aumento en sus gastos. El desbalance presupuestario que se creó fue subsanado con líneas de crédito sin fuentes de repago, concedidas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Como consecuencia se acumuló una deuda que llegó a los $2,200 millones, y no se corrigieron las deficiencias presupuestarias. La situación llegó al punto que a la ACT se le hace difícil cumplir con el pago de sus préstamos por lo que recientemente se procedió a aprobar la controversial alza en el arbitrio del petróleo y a exigir una reestructuración de las operaciones de esta corporación pública.
La AAA, por su parte, ha pasado por situaciones similares en el pasado reciente. De hecho, un aumento de sobre 60% en la factura de agua aprobado en el 2013 ha permitido que esta instrumentalidad se mantenga a flote.
UN PANORAMA DIFÍCIL. Según Mario Negrón Portillo, exprofesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, la clase política del país no promueve este tipo de cambios en las corporaciones públicas por el costo electoral que implicarían, aunque saben que se necesita cambiar las operaciones de estas instrumentalidades.
Los planes de reestructuración de la AEE y ACT son la excepción porque estas dos corporaciones públicas están tan deterioradas económicamente que no hay más opción que una renovación.
“La urgencia es mucha, no solo está el asunto de la deuda y los problemas financieros sino porque muchas de las corporaciones públicas juegan un papel bien importante en Puerto Rico y el futuro de ellas están muy vinculadas al futuro económico del País... La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles de las corporaciones públicas deben seguir siéndolo y cuáles no”, dijo Negrón Portillo.
LA INTENCIÓN ORIGINAL. El modelo de las corporaciones públicas en Puerto Rico comenzó poco antes de la creación del Estado Libre Asociado. En esencia, lo que se buscaba era crear una estructura más ágil que el gobierno, con acceso a los mercados de bono y que pudiera operar de manera autosustentable. Por eso muchas de estas primeras instrumentalidades estaban ligadas a los servicios básicos del gobierno y al desarrollo económico. Ejemplo de esto es la propia AEE y la AAA. creadas en el 1941 y el 1945, respectivamente.
Los problemas, según Negrón Portillo, comenzaron con la alternancia política en el poder ejecutivo. En esencia, muchas de las corporaciones públicas terminaron siendo el botín de los partidos, creando puestos innecesarios para los allegados a la colectividad en el poder, restando eficiencia y politizando el sistema.
“Con el pasar del tiempo también se crearon corporaciones que no debían serlo, porque no podían ser autosuficientes”, explicó.
Cuestionó, por ejemplo, si la Autoridad Metropolitana de Autobuses debía ser una corporación pública cuando nunca será capaz de generar los ingresos que necesita para operar. Esta instrumentalidad genera menos del 20% del dinero que necesita para operar.
SIN RAZÓN DE SER. Otras corporaciones han perdido su razón de ser. La Autoridad de Edificios Públicos, por ejemplo, se encargaba de la construcción y mantenimiento de las estructuras del gobierno. Pero ante la situación económica, ya apenas construyen estructuras, es incapaz de cobrar las rentas a tiempo y suele ser ineficiente en el mantenimiento de las edificaciones.
“Ahora mismo son muy pocas las corporaciones que generan los ingresos propios suficientes para mantenerse vivas. Se suponía que fueran instrumento de desarrollo económico y que fueran autosustentables pero eso no está ocurriendo”, dijo el catedrático jubilado.