Cuestionan pagos por terrenos para reserva natural
Gobierno pudo haber pagado de más por terrenos del Corredor Ecológico del Noreste
El gasto público en la compra de terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) pudo ser mayor de lo que correspondería a precios de tasación, según se discutió ayer, en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado.
El CEN es un área de 3,057 cuerdas de terrenos con alto valor ecológico entre Luquillo y Fajardo que ha sido objeto de debate público por años, y que desde una orden ejecutiva de 2007 deberían ser adquiridos por el Gobierno para su protección.
Al momento se han pagado unos $14,662,000 en fondos estatales y otros $20,988,000 en fondos federales por unas 618.5 cuerdas. Datos sumi- nistrados a este medio por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) estipulan que se han obtenido rebajas en los precios de tasación de unos $11,974,977.79.
Por las restantes propiedades que están en manos privadas, el secretario auxiliar de planificación del DRNA, Vicente Quevedo, dijo que “subjetivamente se podrían gastar unos $50 millones adicionales. Una ley de 2013 obliga que se adquieran en los próximos siete años”.
Durante la extensa vista pública de ayer sobre la resolución del senado 177, de la autoría del novoprogresista, Larry Seilhamer, y presidida por el senador popular Cirilo Tirado -los únicos senadores en la audiencia- se cuestionaron de diversas formas los precios pagados desde el 2007 a este momento.
Por un lado, trascendió que al comprar la finca llamada San Miguel en los predios del CEN, el Gobierno pagó la misma cantidad de dinero por cuerdas en zona inundable que en tierras donde sí se puede construir.
Al respecto, el planificador ambien- tal dijo que los precios de esos terrenos se han disparado desde el 2000 -de $15,000 la cuerda de terreno edificable a $94,000- esto a pesar de que el valor de los precios de los terrenos en Puerto Rico se ha desplomado.
Más aún, respecto a la finca San Miguel, el planificador ambiental dijo que él ha sido entrevistado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Rivera Herrera no quiso dar detalles sobre ese interrogatorio del FBI, más allá de decir fuera de la vista que ha sido entrevistado en varias ocasiones, “antes y después” de que trascendiera una acción federal contra el empresario Juan Ramón Zalduondo, propietario de la finca San Miguel y quien pensó edificar en ese predio un hotel. En el 2012, el empresario fue objeto de un proceso de confiscación de $558,607.85 en una investigación por lavado de dinero.
Sin embargo, los funcionarios del DRNA dijeron que no han sido contactados por agencias federales sobre una pesquisa.
Asimismo, se informó que las 600 cuerdas compradas hasta la fecha se adquirieron a través de una organización sin fines de lucro llamada Trust for Public Land (TPL) que usó tasaciones de la firma identificada como McCloskey, Mullet and Bonnie Appraisers. El DRNA defendió el uso de TPL, porque ha ayudado a acelerar las adquisiciones, que los vendedores reduzcan sus precios mediante donaciones y permite que se puedan adquirir tierras con fondos federales.
Sin embargo, el DRNA dijo que se ordenó una segunda tasación, que fue realizada por el tasador Esteban Nu
ñez, ante las críticas recientes sobre altos precios pagados por los terrenos. Nuñez se limitó a estudiar lo que se pagó en la transacción más reciente -parte de la finca llamada Dos Maresy resolvió que McCloskey no debió usar en su tasación la posibilidad de que se construyera un hotel en esos terrenos porque elevó los precios en unos $50,000 por cuerda. Según Núñez, la posibilidad de construir un hotel -que nunca tuvo permisos, de acuerdo a Rivera Herrera- era algo hipotético y por lo tanto no debía considerarse.