Millonario guiso de políticos derrotados
En los primeros dos años del cuatrienio, expolíticos han cobrado cerca de $3 millones en municipios y en la Legislatura
En los primeros dos años de este cuatrienio, el Gobierno ha gastado alrededor de $3 millones en contratar candidatos a puestos electivos que resultaron derrotados en las pasadas elecciones.
Los derrotados aspirantes, unos 29 candidatos, pertenecen a los dos partidos de mayoría: 10 son del Partido Popular Democrático (PPD) y 19 del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La inmensa mayoría de esos contratos fueron otorgados para ofrecer servicios de “consultoría administrativa”. Hay otra cantidad contratados para servicios legales y uno que otro para servicios de relaciones públicas o publicidad.
La Legislatura es la rama gubernamental con más contratos otorgados a políticos derrotados. El Senado tiene contratados siete excandidatos, cinco de ellos aspiraron a un cargo en el PNP y que brindan servicios a representantes de esa colectividad. Los otros son del PPD.
Mientras, en la Cámara de Representantes ocurre algo contrario al Se- nado. La mayoría de los contratados -cuatro de los seis- son del PPD, colectividad que está en mayoría en ambos cuerpos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, señaló que a un ciudadano que cumpla con los requisitos para una posición no le puede negar el nombramiento por el hecho de que fuera candidado a un puesto electivo.
“El que haya sido candidato no puede ser un elemento para descartar a una persona que se quiere ganar la vida”, dijo. Asimismo, destacó que “sería inconstitucional” legislar para evitar o restringir que los candidatos a puestos políticos puedan ser contratados por el gobierno tras perder en unos comicios.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, no contestó una petición de entrevista para hablar sobre el tema.
Entre los derrotados hay exlegisladores que consiguieron contratos en el Gobierno, aunque son menos que la cantidad de políticos que aspiraban a una alcaldía. Entre las exlegisladoras que perdieron y fueron contratadas en este cuatrienio se encuentran: Albita Rivera, Kimmey Raschke y Evelyn L. Vázquez.
Precisamente, Váquez, quien generó varias controversias mientras fue senadora, ahora labora en el campo de las relaciones públicas. El alcalde de Guánica, Santos Seda, es el único que, según el registro de la Oficina del Contralor, decidió contratarla.
La exsenadora firmó dos contratos con el ayuntamiento que suman $22,400. Los contratos son para brindar servicios de publicidad y relaciones públicas. El alcalde de Guánica se expresó complacido con la labor de la exsenadora de Aguadilla - Mayagüez.
“Ni hubo ni hay bandería política en nuestra gestión gubernamental”, respondió Seda a preguntas de si en la contratación pesó el que ella fuera de su mismo partido.
ALCALDES TIENEN CONTRATO. Los municipios han sido la fuente de empleo de varios de los derrotados y en algunos casos hay políticos que han obtenido contratos con más de un ayuntamiento.
Uno de esos es Jorge Santini, exalcalde de San Juan, quien desde julio de 2013 al presente firmó contratos con los municipios de Canóvanas, Gurabo y Orocovis, contrataciones
que suman $113,500.
El alcalde de Orocovis, Jesús Colón, indicó que la función de Santini en el ayuntamiento es de oficial examinador y entre sus responsabilidades está resolver situaciones de índole legal del personal municipal.
“Aquí vienen a trabajar, punto”, aseguró Colón, quien además otorgó un contrato al exrepresentante penepé
José Luis Jiménez.
Otros aspirantes a alcalde de la Capital que resultaron derrotados y tienen contratos con municipios son Leo
nides Díaz Urbina y Miguel Romero, éste último por medio de la compañía Advance Legal Services PSC.
La empresa de Díaz Urbina ha logrado $240,000 en contratos con el municipio de Toa Baja durante lo que va del cuatrienio. Mientras, Romero fue contratado por los alcaldes de San Sebastián, Ponce, Loíza, Gurabo y Manatí. La suma de los 15 contratos que ha firmado con ellos alcanza los $399,094 durante este cuatrienio.
La derrotada exalcaldesa de Guayama, Glorimari Jaime, también logró ser contratada. Uno de esos contratados fue en el Senado y otros tres contratos se los otorgó el municipio de Yauco. Ninguno de ellos está vigente.
El municipio de Yauco otorgó ese contrato a pesar de la crisis fiscal que atraviesa. La administración municipal ha tenido que bajar el horario de trabajo de sus empleados regulares y hacer despidos para enfrentar la situación deficitaria.
Los problemas fiscales tampoco se tomaron en consideración en municipios como Ponce, Toa Baja, Gurabo, Guánica, Manatí y San Germán, donde también hubo contratación de políticos derrotados.
ESPACIO EN EL EJECUTIVO. Pero los municipios y la Legislatura no son los únicos refugios para los políticos derrotados, pues hay agencias que también los han contratado. Por ejemplo, la Oficina del Procurador del Ciudadano contrató a la exrepresentate
Abita Rivera y también tiene contratada a la compañía Kem Consulting, del exrepresentante Edwin Mundo.
La directora de esa oficina, la exlegisladora Iris Miriam Ruiz, indicó que contrató a Rivera por su conocimiento en asuntos de la mujer.
“No es porque haya perdido (las elecciones)”, dijo. “(La contratación) es por el valor del trabajo que se necesita de ella”, indicó.
Explicó que ese contrato implica un salario de $2,000 mensuales y que “por esa cantidad le saco el producto de $6,000”. Indicó que Mundo es el encargado de “la producción” de las actividad que su oficina lleva a los municipios.
Esta investigación se limitó a los contratos reportados a la Oficina del Contralor o excandidatos cuyas empresas aparecen incorporadas en el Departamento de Estado con sus nombres. Los candidatos derrotados que fueron contratados como empleados regulares o de confianza por el Gobierno no aparecen en el registro de contratos del Contralor. Uno de esos casos es el de Luis R.
Collazo Rivera, exalcalde penepé de Toa Alta y quien ahora es empleado de municipio de Guaynabo, donde labora como ayudante del alcalde Héc
tor O’Neill. Otro caso de candidato a puesto electivo que pasó a empleado municipal fue la candidata a alcaldesa de Guayanilla, Janice González, quien es la directora de recursos humanos del municipio de Ponce, ayuntamiento que también contrató a Elie
zer Velázquez, otrora superintendente del Capitolio, como administrador de la ciudad.