Gobierno busca evitar los cuestionamientos
Justicia defiende el rechazo de Hacienda a entregar informe de la reforma contributiva
El Gobierno no quiere divulgar el informe que elaboró la firma KPMG, que servirá de base para la reforma contributiva, porque alega que dicha acción crearía un supuesto clima de desinformación y especulación en el País que interferiría con el trabajo de los funcionarios que manejan el asunto y que los expondría a las constantes preguntas de la prensa.
Así lo afirmó ayer la licenciada Noemí Cortés Irizarry, del Departamento de Justicia, durante una vista argumentativa para atender una solicitud de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y de la publicación digital Sin Comillas para que el Departamento de Hacienda divulgue el documento público.
Ante la jueza Aileen Navas Auger, del Tribunal de San Juan, la abogada cuestionó el interés de la prensa en acceder al documento y su anejos para solo citar extractos del voluminoso informe.
“Dudo que (la prensa) vaya a publicar la totalidad del informe”, apuntó.
En su alocución, insistió en que existe un privilegio ejecutivo que permite al Estado mantener en secreto el informe -que describió como un documento de trabajo- hasta que culmine el proceso deliberativo de la nueva política pública en materia tributaria.
“Se le debe permitir el espacio (a los funcionarios) sin tener la interferencia de estar contestando preguntas”, señaló. Cortés Irizarry insistió también en que la divulgación del documento en este momento pondría en “jaque” la función gubernamental relacionada a la reforma contributiva y planteó que obligar al Estado a entregarlo en este momento abriría la puerta para que se le exija a otras agencias divulgar sus documentos en medio de procesos deliberativos.
“Se estaría poniendo al pueblo en posición de prejuzgar el razonamiento que usó el Ejecutivo para elaborar la política pública”, respondió a una pregunta de la jueza sobre el efecto que tendría la divulgación del informe, pagado con fondos públicos.
Señaló que luego de que el Gobierno termine con el proceso de análisis y presente la reforma contributiva, se divulgará el documento y en ese momento el pueblo podrá participar en el debate de la nueva política pública.
El licenciado Frank Torres Viada, por su parte, aseguró que la acción del estado es ilegal e inconstitucional.
El representante legal de la Asppro y Sin Comillas afirmó que no divulgar el documento constituye un acto de censura, que persigue filtrar la información que reciben los ciudadanos y evitar que los funcionarios públicos se expongan a las preguntas incómodas de los periodistas.
“Aquí se ha admitido que la posición del Estado Libre Asociado, que lo que pretende es que la ciudadanía no pueda intervenir en el manejo de los asuntos públicos”, afirmó.
En una defensa de los derechos constitucionales, señaló que la posición del Estado constituye una violación a la libre participación de los ciudadanos en las decisiones colectivas, como lo consigna el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico.
Esa acción también lacera el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. “Presentan la alocada idea de que los funcionarios no tengan que pasar por la incomodidad de contestar las preguntas de la prensa”, agregó.
Además, impugnó el privilegio ejecutivo que reclama el Estado para no entregar el polémico documento.
“Se presume que toda información pública tiene que ser divulgada”, insistió el letrado.
Como parte de su análisis, señaló que la pregunta que corresponde atender es si existe un privilegio ejecutivo que permite guardar secretos frente al derecho a la información de la ciudadanía.
Escuchada las partes, la jueza Navas Auger dijo que reconocía la urgencia de resolver esta controversia y que descargaría su obligación con “responsabilidad”.