Duérmete, nene
En 1969, el exsacerdote jesuíta Salvador Freixedo jamaqueó a los católicos con la publicación de su controvertible libro “Mi Iglesia duerme”. Hoy, en Puerto Rico, es la Comisión Estatal de Elecciones la que duerme, con la ayuda del propio gobernador Alejandro García Padilla.
La CEE no ha podido echar adelante el proyecto de escrutinio electrónico que está obligado a implantar a tiempo para las elecciones del 1 de noviembre de 2016 y, como si ello no fuera suficiente, no tiene presidente a raíz de la renuncia del exjuez Ángel González Román, efectiva el 31 de diciembre.
Ahora, el gobernador complica el panorama electoral.
García Padilla firmó calladamente el 19 de diciembre pasado la Ley 233 de 2014, una medida de administración que crea el cargo de subcontralor en la Oficina del Contralor Electoral, aunque al momento de escribirse esta columna, no se había anunciado quién ocuparía la flamante silla.
La nueva ley convierte la Oficina del Contralor Electoral en un ente cole- giado controlado por los dos partidos de mayoría a través de una Junta de Contralores Electorales que aumenta la burocracia y, por ende, su ya abultado presupuesto de $4 millones.
Hasta la firma de esta legislación, esa oficina era un monstruo burocrático de tres cabezas creado en 2012 por la administración de Luis Fortuño y dirigida por Manuel A. Torres, lugarteniente de Thomas Rivera Schatz. Hasta su nombramiento, Torres pasó casi todo el cuatrienio pasado como secretario del Senado de Rivera Schatz.
Como no es abogado ni contador público autorizado, Torres contaba hasta ahora con un letrado y un CPA como contralores auxiliares, pero la llegada de un subcontralor que, según la ley, no podrá ser del mismo partido que el contralor, altera la jerarquía y politiza abiertamente la función de la oficina. Como Torres es penepé, el subcontralor a nombrarse deberá ser, por ley, del Partido Popular Democrático.
Coincidimos con el exauditor electoral Luis F. Mendoza, a cuya oficina reemplazó el contralor electoral en la fiscalización electoral de los partidos y los candidatos, en que la nueva es- tructura “permite... la incursión de los partidos políticos en el proceso fiscalizador” y le pone apellidos al contralor y al subcontralor, el primero como representante oficial del Partido Nuevo Progresista y el segundo, del PPD.
“...Un principio básico en auditoría es que usted no puede auditarse a sí mismo”, planteó Mendoza. Es, podríamos agregar, como poner las cabras a velar las lechugas.
Bajo la nueva estructura, el contralor y el subcontralor electoral tendrán que tomar decisiones colegiadas y cuando ello no ocurra, que será a menudo en vista de que uno es penepé y el otro popular, el voto decisivo lo tendrá que emitir el presidente de la CEE, quien quiera que sea. Hasta ahora, la Oficina del Contralor Electoral funcionaba separada de la CEE.
La antigua Oficina del Auditor Electoral se estableció precisamente con el propósito de despolitizar la fiscalización y, bajo esa premisa, se trajo a Mendoza de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. De hecho, cuando se le nombró, su ratificación en el cargo se dilató porque Rivera Schatz, entonces comisionado electoral penepé, no terminaba de darle su aval.
Tendremos que seguir insistiendo en que habría que derogar el embe- leco de la Oficina del Contralor Electoral y restituir la anterior Oficina del Auditor Electoral en la CEE. En vez de eso, se agrandó y ahora tenemos un contralor electoral que gana $120,000, el mismo salario del presidente de la CEE, y un subcontralor que recibirá el 90% de ese sueldo, es decir, $108,000 anuales.
Torres dijo recientemente que la Oficina del Auditor Electoral “estaba en el siglo pasado en términos de tecnología”, pero lo cierto es que cuando se cerró en 2012, sus auditores estaban preparados para recibir los informes de gastos de campaña por internet y solo faltaba adiestrar a los candidatos, lo que nunca se completó bajo Torres.
En cambio, Torres utiliza la tecnología para vigilar a los candidatos a través de las redes sociales, creando incluso una división con seis auditores para ello, sin que un experto constitucional haya evaluado esa nueva función, como advirtió el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, un experto electoral.
De hecho, si no se reglamenta, opinó Mendoza, lo que hace la Oficina del Contralor Electoral “sería una cacería de brujas”.
Es como para seguir durmiendo.