Alcaldes refutan clasificaciones
Advierten que el Plan de Uso de Terrenos pone un freno a obras de corte económico
ARECIBO.- Las nuevas clasificaciones de suelos contenidas en el borrador del Plan de Uso de Terrenos (PUT) suponen un freno para diversos proyectos de impulso económico, advirtieron alcaldes del norte y centro o sus representantes.
En el primer día de vistas públicas del borrador del PUT, ejecutivos de este municipio, Ciales, Morovis, Barceloneta, Camuy y Hatillo coincidieron ayer en que si se aprueban las nuevas clasificaciones, la “difícil situación” fiscal que encaran se agravaría al no poder construir sus obras.
En resumen, los ejecutivos señalaron que el borrador del PUT clasifica gran parte de sus suelos como “rústico especialmente protegido”, tanto por su valor agrícola como ecológico. A su juicio, esta clasificación “limita” las posibilidades de desarrollo, por lo que pidieron a la Junta de Planificación (JP) que considere un cambio por las categorías “urbano”, “urbanizable” y/o “rústico común”, en las que sí están permitidas construcciones como las que tienen previstas.
El primero en deponer fue el director de la Oficina de Planificación de Arecibo, Ángel Ramos López, quien brevemente indicó que el Municipio “tiene planes” de ampliar la zona de interés turístico hasta el centro urbano, por lo que “son necesarios unos cambios en términos de jurisdicción”. Agregó que se está trabajando en la elaboración de un Plan de Ordenación Territorial para Arecibo.
Luego, el alcalde de Ciales, Juan José Rodríguez Pérez, denunció que con las nuevas clasificaciones de suelo “nos han confinado las áreas con posibilidad de desarrollo”. Aunque reconoció que gran parte de su pueblo está en la zona kársica y, por lo tanto, “merece protección”, sostuvo que “ahora tendríamos apenas un 5% de desarrollo”, ya que se incluyó protección para los suelos agrícolas.
“Nos preocupa grandemente que el PUT vaya a afectar a los municipios, especialmente a los más pequeños y del centro de la Isla, que corren el riesgo de extinguirse. Tenemos que enfocarnos en no secuestrar ni privar a los municipios del uso de los terrenos para desarrollo socioeconómico”, dijo Rodríguez Pérez.
Por su parte, Francisco Javier Parés Adorno, vicealcalde de Morovis, expuso que “gran parte del área norte” del municipio “se ve afectada” con las nuevas clasificaciones. “Ya hay unas consultas de ubicación aprobadas para proyectos de vivienda y comercios. Nos preocupa que estas clasificaciones de suelos agrícolas y ecológicos limiten nuestro desarrollo en cierta forma. Es cierto que hay recursos que queremos preservar, pero también hay un desarrollo económico pendiente. Hay que hacer un balance”, aseveró el funcionario.
Sandra Serrano Valle, directora de la Oficina de Planificación de Barceloneta, tildó de “absurdo” el que la JP supuestamente no tomara en cuenta las recomendaciones del Municipio en la elaboración del borrador del PUT, y denunció que “nos quedamos prácticamente sin espacios de suelo urbanizable o rústico común”.
“Tenemos proyectos que podrían no desarrollarse por la forma en que se clasificarían los terrenos. Si se aprueba el PUT, la posibilidad de extender la contracción económica del País es real”, apuntó Serrano Valle, de quien se hizo eco Eliezer Pérez Velázquez, ayudante de administración del alcalde de Camuy, Edwin García.
Mientras, Tania Román, directora de la Oficina de Planificación de Hatillo, pidió a la JP que no clasifique como agrícolas los suelos rústicos comunes donde no hay viviendas, pues no se ajusta a la realidad del municipio. “Están metiendo casi todo Hatillo como suelo agrícola. Mi recomendación a la JP es que se tire a la calle y no clasifique los terrenos con teorías y en oficinas”, acotó.
Previo al inicio de las ponencias, Ángel Díaz, director del Programa de Planificación Física de la JP, aclaró que las consultas de ubicación aprobadas hasta la fecha no se afectarán con el PUT. Dijo, además, que los municipios tendrán un período de dos años para atemperar sus planes de ordenación territorial al PUT.