Derroche de privilegios en la Asamblea Legislativa

Lo vergonzoso y abusivo contra los contribuyentes que es el derroche de más de $3 millones en los primeros dos años de este cuatrienio en la contratación de “asesores” legislativos y municipales halla una pasmosa complicidad con la indiferencia con que es

La danza macabra de tales contrataciones -que en la mayor parte de los casos se otorgan al estilo de una “égida para políticos derrotados”, aunque también a estrategas de campañas políticas- parece no tener fin, como tampoco lo tienen los desmanes, la insensibilidad y la impunidad con que legisladores de los dos principales partidos políticos extraen millones de dólares de un presupuesto público tan estrecho que ha obligado a serios ajustes en sus servicios al pueblo para ver si se salva del déficit a la vista.

Se trata de un esquema en el cual no hay discusiones ni discrepancias estridentes entre novoprogresistas y populares en los hemiciclos de la Cámara de Representantes y el Senado: ambos llegan a los extremos de plantear que no contratar a sus candidatos derrotados “sería inconstitucional”. De ahí que ambos cuerpos legislativos estén repletos de “asesores” contratados bajo el escape de “servicios profesionales” para incluso “asesorar a asesores” nombrados en puestos regulares en la Casa de las Leyes.

Desde luego que el recurso de asesoría externa es de gran ayuda, tanto en la empresa privada como en el sector gubernamental. Pero solo tiene ese valor cuando se lo usa con pulcritud tomando en cuenta el conocimiento profesional y especializado para, en el caso de la Asamblea Legislativa, ayudar a la articulación de legislación como para profundizar en investigaciones. Es evidente, a tenor con el conocimiento de la inmensa mayoría de los contratados -incluido el pasado ejercicio de sus funciones públicas- que tales criterios de una buena administración pública no están presentes en la búsqueda y contratación del Poder Legislativo.

¿Cómo se entiende que a pesar de la larga lista de asesores en puestos regulares en una u otra de las cámaras legislativas se contraten estrategas de campañas electorales que reciban más de $230,000 en dos años para sencillamente hacer el trabajo para el que fueron reclutados empleados en puestos regulares? Según lo reseñado por El Nuevo Día, ¿cómo se entiende que la mayoría de los políticos derrotados -al menos 10 del Partido Popular Democrático y 19 del Nuevo Progresista- aparezcan contratados, algunos de ellos con ingresos mayores a los que devengaban en sus cargos electivos, para “asesorar” en asuntos administrativos y legales cuando ya tanto en la Cámara como en el Senado hay oficinas que cubren esas funciones?

Una manera de entenderlo es remontarse al año 2011, cuando el entonces secretario de Justicia, Guillermo Somoza, se refirió a una investigación que reveló que entre junio de 2006 y julio de 2010 el Gobierno de Puerto Rico -es decir, los puertorriqueños que cumplen rigurosamente con su responsabilidad contributiva- perdió unos $100 millones en el otorgamiento de contratos por “servicios profesionales” que no estaban a tono con los trabajos para los cuales se otorgaron los contratos.

Además, la investigación detectó numerosas fallas en el desempeño de los contratistas y de los servicios pagados, muchos de los cuales jamás se terminaron.

Por lo demás, ese esquema de contrataciones a políticos también se da en algunos municipios en los que incluso se deja traslucir la sospecha de que a través de estas esté escondida una treta para ayudar a los contratistas a financiar las campañas de tales contratados.

Decididamente urge actuar para terminar con este mal en el servicio público.