EL ABISMO FISCAL DE BORINQUEN
Para el Gobierno, el pago de los préstamos por años significó un simple trámite de refinanciamiento. Se sacaba una tarjeta de crédito nueva para saldar la ya usada. No importaba si se incurría en un interés mayor. Lo urgente era retrasar el pago del préstamo para así tener dinero para la abultada nómina y para las “obras”.
Y así con cada barril de tocino, con cada cancha innecesaria, con cada ca- rretera para complacer a algún político, con cada “megaobra” que realmente Puerto Rico no podía costear, se hipotecó la casa puertorriqueña. Se podría decir que la práctica funcionaba a medias mientras la economía crecía pues el Gobierno tenía anualmente un alza en su “salario” mediante los recaudos. Pero la caída del sector manufacturero, junto a factores como la oleada migratoria, el aumento en los precios del petróleo y el desplome de la burbuja inmobiliaria en EE.UU. y Puerto Rico desataron una depresión económica de la que aún no se sale.
En síntesis, la economía no crece, el Gobierno no genera más ingresos y nos están negando otra tarjeta de crédito para refinanciar los préstamos. Y si nos ofrecieran la tarjeta sería con condiciones onerosas porque en los mercados financieros a los que no tienen con qué pagar, se les cobra más caro.
Para ilustrar el asunto, datos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de diciembre pasado señalan que la deuda por préstamos dados al Gobierno de Puerto Rico -cuando se sumaba el principal y los intereses- alcanzaba $133,645 millones. Si a esto se le suma el dinero que se necesita para pagarles a los pensionados ante el déficit estructural ($33,700 millones) y la insuficiencia de $115 millones en el programa Mi Salud, se puede concluir que la deuda consolidada vigente de la Isla es de $167,460 millones.
Si esa deuda fuera dividida entre cada uno de los residentes de Puerto Rico, cada uno -incluidos los recién nacidos- tendría que pagar $47,845. Es como si desde el vientre el Gobierno nos tuviera una hipoteca de esta cantidad esperándonos.
Pero no todos contribuyen de la misma manera al fisco con sus impuestos. Cuando la deuda total de Puerto Rico se divide entre los que trabajan, a cada uno le toca pagar $168,471.
Un análisis de la deuda pública de Puerto Rico, el BGF y la liquidez del Fondo General apunta a que las obligaciones del Gobierno contraídas con los bonistas y los ciudadanos son cinco veces más grandes que el presupuesto consolidado del País y casi el doble que el Producto Interno Bruto en la actualidad.
“Esto es un panorama de insolvencia y ese es el criterio que se usa para declarar a alguien en quiebra”, indicó el abogado de quiebras Rolando Emmanuelli.
“Esto quebró ya para efectos prácticos. Bajo las condiciones actuales es extremadamente difícil pagar eso”, dijo el economista Gustavo Vélez.
El problema es que legalmente el Gobierno no se puede declarar en quiebra. De ordinario, tampoco lo pueden hacer los municipios o las corporaciones públicas a menos que sea por la ley de “quiebra criolla”, creada por la actual administración.
Los próximos meses son cruciales para determinar si, en efecto, se concretan los peores temores para los asuntos fiscales y la economía, dentro de la disfuncionalidad económica que se vive en el Gobierno y los dos principales partidos políticos.
SALVAR AL BGF. El primer obstáculo es uno de los más importantes: mejorar la liquidez del BGF. Esto se busca alcanzar mediante el refinanciamiento de la deuda de más de $2,200 millones que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con esa insti- tución.
En diciembre, al BGF le quedaban $1,090 millones disponibles para pagar sus deudas y para prestar en caso que el Gobierno se quede insolvente. No obstante, la mitad de ese dinero no se puede usar porque es la contingencia que se tiene para atender algún desastre natural.
Esta liquidez del BGF es de gran importancia porque se trata de la institución que, a través de sus préstamos a las agencias, las corporaciones públicas y los municipios, permite la continuidad de los servicios. Es como aquel tío que cada mes le presta dinero a su familiar pobre para que pueda hacer la compra de la semana y no se quede con hambre. Si no mejora el salario o falta ese tío, la persona se puede quedar sin comer. Y en el caso del Gobierno, ese salario no ha mejorado pese a los intentos. De hecho, el último reporte de ingresos del Departamento de Hacienda resaltaba que los recaudos estaban $90 millones por debajo de lo estimado. Es decir, el tío se está quedando sin dinero. DIFICULTADES CON LOS PRÉSTAMOS. El préstamo, que busca devolverle dinero al BGF, fue aprobado a regañadientes por la Asamblea Legis-
La insolvencia del Gobierno lleva en la práctica a la quiebra a las autoridades
La deuda real es de $167,460 millones, más del doble de lo creído hasta ahora
Recapitalizar el BGF es esencial para comenzar a sortear la intensa tormenta
lativa, que impuso topes al porcentaje de interés y al descuento al que se pueden vender los bonos. También se disminuyó el monto total de la deuda a emitir. Estas imposiciones limitan la cantidad de inversionistas dispuestos a prestar dinero al Gobierno, explicó el economista Elías Gutiérrez. Si la emisión no se logra, en corto plazo se podría ver afectado el más básico funcionamiento del Gobierno pues el Fondo General se podría quedar sin dinero para pagar a los empleados, suplidores, etcétera, dijo, por su parte, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA),
Kenneth Rivera.
Ese repago al BGF es necesario para que esta instrumentalidad pública pueda pagar sus propias deudas. El BGF, en lo que queda de año fiscal, debe pagar alrededor de $612 millones a sus prestamistas y los del Gobierno. Si no hay dinero para pagar, se puede incurrir en un impago, lo que desataría una retahíla de pleitos judiciales, que podrían terminar hasta en una sindicatura impuesta por los bonistas en la que las decisiones se dictarían desde Wall Street. El panorama es igual para otras corporaciones públicas. “Uno de los riesgos mayores de todo esto es que perdamos el control que tenemos del Gobierno”, expuso Gutiérrez.
“El evento que puede ser catastrófico es la liquidez del banco. Si se tranca el banco se pueden trancar los municipios, el Gobierno y la economía”, dijo Emmanuelli.
DE VIDA O MUERTE. La difícil emisión de bonos, si se logra, retrasaría el colapso económico del Gobierno, que está apostando a una reforma contributiva cuyos detalles se descono- cen. Pero reportes extraoficiales apuntan a que se intenta aumentar los ingresos gubernamentales en $1,000 millones, lo que podría hundir más la economía en la espiral de deterioro que lleva desde 2006. Vélez y Gutiérrez coincidieron en que ninguna de las medidas corrige los problemas fundamentales: la baja en producción y lo caro que sale el Gobierno, con un presupuesto consolidado de casi $30,000 millones.
“Lo que es impagable es el Gobierno”, dijo Gutiérrez.
“El Gobierno es incosteable. El Gobierno está acabando con la capacidad de producción de la economía, que es lo que puede sacarnos de la crisis”, dijo, por su parte, Vélez.
Algunas de las opciones para reducir el tamaño del Gobierno, como el despido de empleados públicos, no están sobre la mesa para el gobernador
Alejandro García Padilla, cuya administración se concentra en congelar las plazas vacantes.
Pero mientras se siguen colocando parches a los problemas fiscales del Gobierno, poco a poco se complica la situación fiscal del País. “Lo que están haciendo es atrasando las decisiones y llevando al Gobierno a una situación donde la reestructuración será mucho más dolorosa... Lo que falta es voluntad política para hacerlo”, dijo Emmanuelli.