EL EFECTO DOMINÓ DE LA CRISIS
A medida que se complica la situación fiscal del Gobierno, los ciudadanos enfrentan mayores retos en su diario vivir
Más allá del golpe que fue la degradación del crédito del país o de la poca inversión en grandes obras de infraestructura, la altísima deuda que ha acumulado el Gobierno de Puerto Rico tiene un impacto directo en los ciudadanos que encaran, cada vez con más frecuencia, nuevos impuestos, precios más altos y más dificultades para recibir un servicio de una agencia gubernamental.
En primer lugar, la situación fiscal del Gobierno provocó despidos y congelación de plazas en varias agencias durante el pasado cuatrienio, y prácticamente ha detenido la construcción de grandes proyectos de infraestructura tan comunes en administraciones pasadas, que eran vistas como los legados de cada gobierno de turno.
Pero las repercusiones de la multimillonaria deuda que ha acumulado el Gobierno trascienden las paredes de las dependencias gubernamentales.
Para poder cumplir con los pagos de deudas, el Gobierno separó más de $4,500 millones del presupuesto de este año fiscal. Cada vez que aumenta la cantidad de dinero que el Gobierno usa para pagar sus deudas, bajan las partidas disponibles para ofrecer servicios directos a la ciudadanía puesto que los ingresos gubernamentales se reducen, indicó el economista Alejandro Silva Huyke.
“Todo lo que son servicios públicos, ha habido una disminución en los empleados que es patente en todas las agencias, con lo que ha disminuido la calidad del servicio a los ciudadanos. Tanto lo que es servicio directo, como los Centros de Servicios al Conductor (Cesco), como agencias que trabajan tras bastidores como Desarrollo Económico o la Junta de Planificación”, sentenció el economista.
La situación fiscal del Gobierno además contribuye a aumentar la desigualdad económica en el país, pues se ha aumentado la carga contributiva individual, que recae mayormente sobre la clase media, mien- tras no se desarrollan estrategias efectivas para promover movilidad social y que los pobres dejen de ser pobres, dijo el profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad del Turabo, el economista César Sobrino.
“La tasa de participación laboral en Puerto Rico está en un 40% y esos son los que mantienen al país en términos contributivos”, destacó el economista Mario Puchi, aunque señaló que en medio de la crisis se han creado nuevos tributos que tocan a sectores más amplios de la población, como el Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) y los aumentos al arbitrio del petróleo.
SE VA LA GENTE. La escasez de empleos a causa de la recesión económica que atraviesa la Isla desde 2006 y las altas tasas de criminalidad, que unos atribuyen, en parte, a las fallas de las agencias de ley y orden, se encuentran entre las motivaciones principales de las personas que se han ido del país en los últimos años y que con ellos se han llevado dinero con el que posiblemente contaba el Gobierno en sus proyecciones de recaudos, señaló el demógrafo Raúl Figueroa.
Las últimas cifras del Negociado del Censo establecen que Puerto Rico tuvo una pérdida neta de población de 177,292 personas entre abril de 2010 y julio de 2014. Con ello, la población de la Isla se redujo de 3.7 millones en 2010 a alrededor 3.5 millones en 2014.
“Con esa migración dejo que salga fuera del país gran parte de lo que se produce, reduzco el ciclo de capital, ahorro e inversión. Ese dinero de los que se van no se invierte aquí, no se genera empleo, no me genera ahorro
y hay que buscar alternativas para que no ocurra una explosión de emigración neta que siga en la dirección que va”, comentó Puchi.
Aunque la combinación de la disminución en población debido a la migración podría parecer positiva para un Gobierno que tiene menos dinero para invertir en servicios a los ciudadanos, la realidad es que esto no es así, sostuvo Silva Huyke.
“Ya en este país no hace falta construir nada nuevo, pero sí hay que hacer inversiones en mantenimiento de carreteras, en el manejo de las plantas de (tratamiento de) agua, en las mismas plantas de (la Autoridad de) Energía Eléctrica porque hay que cambiarlas para usar un combustible más limpio”, comentó Silva Huyke.
Cuando esas inversiones no se dan a tiempo debido a las crisis en las corporaciones públicas que tienen la responsabilidad, surgen los proble- mas que tanto dolor de cabeza causan a los ciudadanos: interrupciones en el servicio de agua, alza en el precio de la energía eléctrica y los interminables hoyos en las carreteras.
Además, la reducción en las inversiones del Gobierno ha asestado un duro golpe al sector privado, particularmente a la industria de la construcción, indicó el presidente de la Cámara de Comercio, el ingeniero
José “Pepe” Izquierdo.
Las limitaciones que enfrenta el Gobierno para proveer servicios también provocan que aumente la responsabilidad económica de los ciudadanos, que con sus impuestos pagan los servicios de salud, educación y seguridad pública, entre otros, mientras también pagan por planes médicos, escuelas y seguridad privados.
“El Gobierno ha sido el patrono más grande y el mayor impulsor de obras. Cuando eso cambió. todos nos afectamos”, señaló Izquierdo.