NUEVA RUTA CON LA DEUDA
Una economía estancada, la emigración y el deterioro fiscal empujan la Isla al camino de la renegociación
Apartir de julio próximo, Puerto Rico dedicará al pago de su deuda pública casi la mitad del dinero que recibe el Fondo General.
Aunque usted conduzca por carreteras intransitables, vea escuelas abandonadas o tenga que anclarse en una fila kilométrica para pedir algún servicio, el pago de la deuda pública es sagrado como serían el pago de la casa, el agua y la luz. Hasta ahora. De acuerdo con un análisis de las finanzas públicas de Puerto Rico, las obligaciones con bonistas y ciudadanos son por lo menos cinco veces más grandes que el presupuesto consolidado de Puerto Rico y casi el doble del Producto Interno Bruto en la actualidad.
Cuando se suma principal e interés de la deuda pública, el déficit de los planes de pensiones del Gobierno y el déficit en Mi Salud, los puertorriqueños adeudan $167,460 millones, o $168,471 por cada persona que trabaja en Puerto Rico.
Es posible que a usted no le toque pagar semejante cuenta. Con toda probabilidad, esa deuda la pagarán sus hijos, nietos o los descendientes de su vecino.
MUCHA DEUDA, POCA GENTE. El peso que representan estas obligaciones no quitaría el sueño, de no ser porque la economía lleva 24 meses en negativo y el erario y su principal fuente de apoyo -el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)- se han quedado sin dinero.
Al cumplirse un año desde la degradación del crédito del Gobierno a rango especulativo, el deterioro fiscal es tal que el Departamento de Hacienda anda pidiéndoles a las empresas -en secreto- que adelanten el pago de impuestos para empatar la pelea.
Aunque la deuda pública se paga a plazos, como la hipoteca o el carro, el cuadro fiscal se complica porque entre marzo y septiembre próximos la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el propio BGF tendrán que pagar sobre $1,500 millones en préstamos sin tener de dónde sacarlos. Mientras, cada día unos 100 puertorriqueños compran un boleto de avión: el de salida.
¿HORA DE TIRAR LA TOALLA? La retahíla de números rojos provoca que por primera vez en Puerto Rico se hable de renegociar la deuda pública y el tema parece dividir al País, de nuevo. Algunos hablan de modificar alguna parte de la deuda. Otros lo conciben como “descabellado”.
Y, al parecer, los favorecedores de una renegociación van en ascenso, incluyendo a funcionarios elegidos de ambos partidos políticos.
La situación fiscal es tan compleja que podría resultar en cambiar el status político de Puerto Rico.
De un lado u otro, los entrevistados aceptan que un escenario de reestructuración para Puerto Rico puede ser peor que lo vivido en los pasados nueve años. Advierten, incluso, que el País tiene tan poca credibilidad en el mercado inversor que, al surcar esas aguas, es poco probable salir a flote.
YA SE INCUMPLIÓ CON EL PUEBLO. “La deuda de Puerto Rico es, sin la menor duda, impagable. El sector productivo es quien la paga y su envejecimiento, en conjunto con un éxodo migratorio, crearía en cualquier país serios obstáculos a la supervivencia social”, dice el profesor Orlando Sotomayor.
Según Sotomayor, si la tendencia migratoria no se detiene, Puerto Rico tendrá dificultades para cumplir con la deuda de la AEE y de la ACT, pero también con el resto de sus obligaciones.
El catedrático en Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez expresa que el País ya incumplió parte del pacto al modificar las pensiones de los jubilados y la compensación de los empleados públicos. Dice que ese “default” preocupa más que aquel del mercado inversor porque se trata de la gente.
UN TEMA COMPLICADO. A juicio del economista Juan Lara, hablar con los acreedores no es cosa simple.
“Cuando la gente habla de renegociar la deuda, lo hace con un conocimiento muy superficial”, dice el catedrático de Economía de la UPR en Río Piedras.
Según Lara, plantear una renegociación de golpe y porrazo puede tener un efecto tipo de bola de nieve, como sucedió en Grecia y también en
la ciudad de Detroit.
“Nos vamos a ver obligados a medidas más duras de las que hemos visto”, sostiene Lara, quien destaca que ello deterioraría más la actividad económica. Según la presidenta del BGF, Melba
Acosta Febo, los procesos de negociación son difíciles y requieren que cada una de las partes dé algo a cambio. Asimismo, aclarando que no hacía referencia directa a Puerto Rico, Acosta Febo indica que dichos procesos son variados, pues algunos suelen ser “más fuertes que otros”.
“En algunos casos puede ser solo extender el vencimiento de cierta deuda. En otros casos, se hacen cambios a las tasas de interés, ya sea para aumentar o disminuir, o los más agresivos, que implican la reducción de principal o una combinación de varios ajustes”, explica.
ESTAMOS TARDE. “Debimos haber empezado a negociar con los bonistas hace rato”, comenta el comisionado residente Pedro Pierluisi.
“Pienso que la deuda existente en algunas corporaciones públicas es insostenible y entiendo que hay que buscar la manera de renegociar, por el bien de Puerto Rico y de sus acreedores”, dice Pierluisi.
El también presidente del Partido Nuevo Progresista indica que “el peor obstáculo” que encara Puerto Rico es la falta de crecimiento económico y revertir esa tendencia no será factible si las empresas y las personas reciben más aumentos tarifarios.
Pierluisi opina que deben renegociarse las deudas de la ACT, la AEE, la AAA y la Autoridad de los Puertos porque, aparte de la debilidad de sus finanzas, el proceso de fortalecer esas corporaciones públicas es esencial para reactivar la economía.
Agrega que por ello, una vez Puerto Rico aprobó la llamada ley de quiebra criolla, radicó un proyecto en el Congreso federal para que se incluya al País en el Código de Quiebras federal para ofrecer mayor certeza en un escenario de insolvencia.
Dice, sin embargo, que habrá que hacer “lo indecible” para honrar la deuda del gobierno central (GO’s en inglés) o respaldada por este.
TENDENCIA QUE PREOCUPA. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá está convencido de que Puerto Rico debe reestructurar los términos de su deuda. Subraya que no todas las dependencias del Gobierno están en