EL INMENSO DESAFÍO DE RENEGOCIAR Reestructurar la deuda puede ser la respuesta a la crisis, pero a falta de claridad y pericia, llevaría a la ruta del colapso
Si Puerto Rico abre la puerta de la renegociación de su deuda, aunque sea parcialmente, es posible que ocupe otra distinción en la historia: negociar sin tener dinero suficiente, sin capacidad técnica y sin un marco legal certero para las partes.
“Somos un caso único”, dice el economista Francisco Catalá.
Catalá, quien ha asesorado por años al sector sindical, explica que negociar es un proceso muy difícil.
OTROS TAMBIÉN QUIEBRAN. El proceso es tan complejo, sostiene Catalá, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interesa adoptar un proceso uniforme para renegociar deuda soberana.
En síntesis, la ONU persigue que no se repita la historia de Argentina, el caos de Grecia u otras renegociaciones muy perjudiciales en ciertas economías emergentes.
La intención de la ONU resulta lógica. Según el trabajo investigativo This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly
de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, en la historia de la humanidad han ocurrido más de un centenar de procesos de renegociación o impago en deuda externa, incluyendo Alemania.
Catalá celebra la movida de la ONU, pero aterriza en Puerto Rico. “No somos un país europeo, no somos un país soberano como República Dominicana, somos un territorio americano y nuestra capacidad de hacer está limitada”.
NI UNO NI LO OTRO. Esa falta de claridad legal es uno de los principales escollos que encara Puerto Rico si concluye que debe renegociar alguna de sus obligaciones.
La abogada Sonia Colón, experta en procesos de quiebra, deja claro que Puerto Rico no tiene a dónde ir en este tema.
“El Fondo Monetario Internacional no le aplica a Puerto Rico ya que no es un país soberano. De igual forma, el capítulo 9 del Código de Quiebras no aplica en Puerto Rico”, dice la socia del estudio legal Ferraioulli.
Para llenar el vacío jurídico, explica, se aprobó la Ley de Cumplimiento de la Deuda Pública y la Recuperación de las Corporaciones Públicas. Eso le costó una segunda degradación a Puerto Rico.
Pero según Colón, la aplicación de ese estatuto sería cosa nueva, máxime para un emisor que se considera el tercero por tamaño en todo Estados Unidos.
SIN CLARIDAD, DINERO O PERICIA.“Estamos en un limbo jurídico”, sostiene Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).
Dice que Puerto Rico carece de dinero suficiente para honrar el servicio de la deuda en los siguientes años y adolece de pericia técnica para atender “la maraña financiera” que ha creado. “Para todo esto, tienes que buscarte algún bufete o consultores en Nueva York”, dice Marxuach.
¿QUIERES RENEGOCIAR? Salvo que se pacte lo contrario, si Puerto Rico decide colgar los guantes, pagaría los costes del proceso negociador.
Un reporte de la Reserva Federal de Dallas indica que la renegociación de la República Dominicana en 2004 tomó unos 11 meses. Argentina tardó unos cuatro años, pero suma otros 10 litigando con los fondos buitres.
“La reciente quiebra de Detroit le ha costado sobre $100 millones a la ciudad”, explica Colón.
Puerto Rico ya tiene un sabor de lo que puede costarle entrar a esas salas de reuniones secretas donde se decide quién pagará qué y cómo.
Según fuentes de este diario, solo las conversaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus acreedores les han costado a los abonados sobre $14 millones, en apenas cinco meses.
Según la fuente, y a manera de ejemplo, si la AEE no llega a un acuerdo con los acreedores e invoca la llamada la ley de quiebra criolla, esa corporación pública sería la quiebra más grande en todo el mercado municipal de Estados Unidos.
LA DEUDA ES EN PLURAL. “Si se fuera a tomar ese camino que no sería bueno, tenemos que hablar de deudas, no de una sola”, dice Catalá.
En 60 años, Puerto Rico ha creado múltiples dependencias y les dio el poder de tomar prestado. Algunas corporaciones como la Azucarera y Navieras de Puerto Rico quebraron, pero todavía tienen deuda vigente que se paga a través del Banco Guber- namental de Fomento (BGF).
Al presente, según datos del BGF, Puerto Rico tiene 16 emisores de deuda, incluido el gobierno central. Ello implica lidiar con 15 leyes, además de la Constitución, contratos de bonos que datan de 40 años y a su vez con bonistas con distintos grados de prioridad. En el caso de la deuda pagadera con el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), por ejemplo, hay bonistas principales y subordinados.
En esas discusiones se parte de la premisa de que a los maestros, a los policías y a los bomberos se les paga después que cobren los bonistas. Ello, por virtud constitucional.
El economista Juan Lara destaca que la diversidad de emisores imparte complejidad al caso de Puerto Rico y a la posibilidad de renegociar.
“Tienes que ir por corporación pública, una a una, y determinar su capacidad de pago. Si fuera el caso que una es insolvente, eso no significa que otra entidad como la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, lo sea”, explica.
UNA BURBUJA DE DEUDA. Si un proceso de renegociación no diera fruto y se recurre al tribunal, la mayoría de los casos se verían en Puerto Rico. Pero en la Isla no hay jurisprudencia en el tema, salvo disposiciones viejísimas como “el concurso de acree-