SED DE UNA NUEVA TESIS
Aun cuando no se renegocie la deuda, Puerto Rico necesita un plan de rehabilitación “creíble” que conduzca a una economía competitiva y sostenible
Si Puerto Rico renegocia la deuda del gobierno central o de alguna corporación pública, y aun si no lo hiciera, el País debe adoptar un plan de rehabilitación para no caer de nuevo en la trampa del endeudamiento.
El plan requiere adoptar un sistema contributivo que allegue suficiente dinero al Gobierno. Pero también es hora de decidir en qué se utilizará el dinero de los contribuyentes.
Habrá que afianzar ciertas actividades económicas y lograr el cumplimiento de las políticas económicas para el fomento de las exportaciones.
Es posible que deba enmendarse la Constitución para modificar los criterios que se utilizan para tomar prestado.
En el mundo de los economistas y financistas, se habla de “reformas y ajustes estructurales” como los implementados en Grecia o en las ciu- dades de Nueva York y Detroit, o como las que sugiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países que le piden auxilio.
En el mundo de la gente o el colmadito de la esquina, los cambios que necesita Puerto Rico significan más impuestos, menos servicios y posiblemente, “el fin del mundo” para quienes han sacado partido de las flaquezas del Gobierno y operan proyectos empresariales o inversiones, motivados por una plétora de incentivos contributivos.
UN NUEVO MODELO. Mario Negrón Portillo, quien recientemente presentó un proyecto de reconfiguración del aparato gubernamental junto al economista
Leonardo Santana Rabell, dice que Puerto Rico tiene, en 2015, una estructura de gobierno de 1949.
“El fin va a venir comoquiera”, continúa el académico, quien anticipa que Puerto Rico “tendrá” que corregir sus problemas estructurales con o sin renegociación de la deuda. “Será un proceso como en la guerra, donde se pierden muchas vidas y habrá mucha sangre, fuego y muchas lágrimas”, advierte de manera figurada. El exgobernador Aníbal Acevedo
Vilá coincide.
BURLA A LA CONSTITUCIÓN. Explica que Puerto Rico perdió de perspectiva de que el funcionamiento de su gobierno -aunque haya agencias y corporaciones públicas distintas- descansa, esencialmente, en un solo bolsillo: el de los contribuyentes o de factores que no puede controlar.
“Hay que replantearlo todo”, prosigue el exmandatario. Destaca que la propuesta emisión de bonos para auxiliar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es evidencia de que Puerto Rico articuló un marco institucional para tomar deuda.
“Nuestro marco constitucional se ha burlado”, señala Acevedo Vilá en referencia al margen prestatario de 15% dispuesto en la Carta Magna.
CREDIBILIDAD. De acuerdo con el contador público Luis Torres Llompart, el primer escollo que Puerto Rico tendrá que superar es presentar “un plan de rehabilitación” creíble.
“Tiene que ser un plan que acepte la realidad. Si el crecimiento económico es de 1% o de medio (punto porcentual) o negativo, tienes que decirlo y partir de ahí”, sostiene el pasado presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. VITAL LA REFORMA CONTRIBUTIVA. Torres Llompart, quien subraya que recurriría a la renegociación de la deuda en última instancia, destaca que el objetivo principal de la reforma contributiva debe ser aumentar la actividad económica en Puerto Rico y no allegar más recursos al fisco.
“Si no hay poder adquisitivo en las empresas, en los individuos, y continúa la emigración, no va a haber crecimiento económico”, advierte el también expresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos.
LA VIDA SIN 130 AGENCIAS... Según Negrón Portillo, reconfigurar el gasto público requiere identificar los servicios indelegables del Estado y eliminar los restantes.
Acto seguido, habrá que determinar si el servicio estará en manos del gobierno central, en regiones, municipios o si pueden prestarse desde el sector privado o no gubernamental. Incluye en la cirugía las corporaciones públicas, pues muchas, como las vinculadas a las artes, dependen del Fondo General.
“No creo que hagan falta 130 agencias, tantas corporaciones públicas y 78 municipios, eso hay que analizarlo”, comenta Negrón Portillo.
MUERTE AL PATRONAZGO. “Esto tiene unas implicaciones bien difíciles desde la óptica tradicional, porque la clase política perderá el patronazgo y la capacidad de emplear a los suyos”, agrega el académico al subrayar que el ejercicio requiere involucrar al sector privado y al no gubernamental.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, plantea que desde el plano legislativo se dan pasos transformadores. Entre estos, las condiciones impuestas para tomar deuda en la ley que autoriza la emisión de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
El estatuto en cuestión requiere la creación de un comité supervisor que analizará la viabilidad financiera y operacional de la ACT e identificará las deficiencias a corregirse.
Si la corporación pública no acata el plan correctivo, se nombraría un oficial de emergencia con facultad para revocar o aprobar reglamentación, tomar las decisiones financieras necesarias y presentar informes públicos acerca de la condición financiera de la ACT y los progresos que se obtienen. “Ese es el lenguaje que que- remos adoptar en las demás corporaciones públicas y eso incluye al Banco Gubernamental de Fomento (BGF)”, dijo Bhatia.
UN NUEVO ROL PARA EL BGF. De acuerdo con Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), el programa de financiamiento público de Puerto Rico fracasó porque el BGF claudicó en su rol de agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico.
“Hay que eliminar la práctica de prestar a alcaldes para gastos corrientes. La emisión de deuda solo debe hacerse en función de costo y beneficio. El modelo de adelantarle dinero al Gobierno, a las corporaciones públicas, a los municipios, tiene que acabar”, destaca Marxuach.
Dice que aparte de inversiones en mejoras capitales, la financiación que debe otorgarse al Gobierno debe estar dirigida expresamente a mejorar el flujo de caja.
“Estamos tomando las medidas para que estos eventos no se repitan de nuevo”, asegura la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo.
La funcionaria relata que durante la administración de Sila María Calderón se prohibió financiar déficit en agencias del gobierno central, pero
quedó “una laguna” en el caso de las corporaciones públicas, que se atendió con la aprobación de la Ley 24.
“No creo que deba debilitarse el BGF. Lo que tenemos que hacer es fortalecer su capacidad técnica, que tenga más injerencia en los procesos decisionales financieros de las agencias de gobierno y las corporaciones”, dice Acosta Febo. Subraya que el BGF ha modificado sus políticas internas para otorgar préstamos, tanto al Gobierno como al sector privado, y ha comenzado a fortalecer sus procesos de análisis financiero y económico.
FIN A LA MEDIOCRIDAD. Por más reformas que se hagan, dice el contador público autorizado, Anthony Cruz, la clave para romper el círculo de adversidad es erradicar la pobre ejecución en la faena pública.
“No hay consecuencias”, sostiene el otrora socio de la firma KPMG y quien por décadas se dedicó a la auditoría de agencias gubernamentales.
Según Cruz, Puerto Rico no fiscaliza sus recaudos y tampoco sus operaciones, por lo que deben fortalecerse las unidades de finanzas en todo el Gobierno. “Los sistemas de información tampoco son los mejores”, afirma el contador.
Cruz destaca que a diferencia del gobierno federal, con cada cambio de gobierno, cada agencia pierde entre dos a tres capas de supervisión. Eso impide que se adopten planes correctivos y se corrijan las deficiencias detectadas en auditorías.
LA CLAVE ES LA ECONOMÍA. Según el economista Juan Lara, con o sin renegociación, evitar la insolvencia absoluta de Puerto Rico requiere articular una nueva tesis de desarrollo.
“La clave es construir una economía viable, una economía con una capacidad sólida, creciente y dinámica que no existe”, dice Lara.
El economista subraya que se requiere revivir la manufactura, la banca y la construcción.
Pero además, será cosa obligada articular una plataforma empresarial agrícola y, de ser factible, convertir a la Isla en un eje regional para la producción de alimentos, así como aumentar el peso de la actividad turística en el agregado económico, añade el economista.
Lara agrega que poner en vigor un plan de rehabilitación fiscal y económico va a requerir algún tipo de acuerdo, que tenga el efecto de “vincular” a la administración en curso y por lo menos a otros dos gobernadores.
Lara no está convencido de que la renegociación sea la mejor alternativa para la Isla. Empero, dice que tal vez ese proceso crearía un cuerpo rector que ayudaría a la Isla a ejecutar el plan transformador. Y si se hace bien, ello abriría la puerta para regresar al mercado de capital y obtener los recursos que se necesitan para crear riqueza y proveer bienestar. “Si vamos a una renegociación no puede ser para rescatar el status quo”, concluye.