Reestructuración
El sector público de Puerto Rico confronta graves problemas. La gravedad es de tal naturaleza que amenaza la viabilidad misma del Gobierno como le conocemos y de la economía del País. A riesgo de repetir lo sabido, baste señalar que un número de corporaciones públicas son insolventes y algunas están al borde de la bancarrota. Una de esas resulta ser nada menos que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La crisis fue escondiéndose por años. Finalmente, se manifestó el año pasado de forma dramática con el incumplimiento que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incurrió con sus acreedores. Ese evento ha provocado el inicio de un proceso ordenado por los acreedores para determinar cursos de acción que enderecen las finanzas de esa entidad.
Ahora bien, la crisis financiera del Gobierno no se limita a una corporación pública. La lista es larga e incluye a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Los planes de pensiones del gobierno central y el de los maestros representan una gran amenaza a las finanzas públicas. Añádase a la lista más de cuarenta gobiernos municipales. La ACT está en posición de arrastrar barranco abajo al agente fiscal del Estado. Por otro lado, los planes de pensiones representan miles de millones de dólares en compromisos con los pensionados para los que no hay fuentes de pago.
Los excedentes del gasto han provocado la recurrencia de déficits estructurales en las finanzas públicas. La acumulación de déficits anuales ha sido financiada por vía de la venta de bonos. Esa deuda, sumada a la deuda acumulada para financiar todo tipo de proyectos, hoy sobrepasa en valor nominal el producto bruto de la eco- nomía de Puerto Rico.
Puerto Rico no es la única ni la primera jurisdicción que ha confrontado una crisis fiscal. Las hemos visto en ciudades, colonias, países, estados federados y aun en imperios. Ni siquiera es esta la primera vez que la Isla se ve cara a cara contra la insolvencia. A principios de la década del 1970 se produjo una crisis con elementos similares a los que hoy amenazan con hacer añicos la estructura económica.
Como suele ocurrir cuando la crisis alcanza niveles que la estructura no puede sostener, aparecen los que proponen “soluciones” supuestamente evidentes, simples, atractivas y, casi siempre, equivocadas. Recientemente comenzó a sugerirse que la solución a la trampa en que la irresponsabilidad había llevado al País estaba en la “reestructuración” de la deuda. Nadie explicaba el significado, ni las implicaciones, de esa supuesta solución. Nadie hablaba claro. Se evadía explicar que de lo que se trataba era de sacrificar a los que prestaron su capital, es decir sus ahorros, confiando en la buena fe del Gobierno de Puerto Rico. Es decir, se estaba proponiendo desplazar las consecuencias de la irresponsabilidad. A eso se reducía la propuesta solución: a obligar a los acreedores a aceptar rebajas en la deuda pendiente de pago y/o en los intereses pactados. Más aún cuando se pretende hacerlo desconociendo los remedios previamente pactados para resolver la dificultad. Todo ello bajo la amenaza de no pagar. Por lo menos en cuanto a la deuda de obligación general del Estado, ello conlleva violar el mandato constitucional que establece las prioridades de pago cuando ocurre una crisis financiera.
Poco a poco, tímidamente, comenzó a escucharse un run run. “…la deuda es impagable. Por lo tanto.., no hay que pagarla”. Resuelto el problema. Otros fueron más ingeniosos y plantearon que como la deuda es supuestamente impagable... que la compre la Reserva Federal (es decir, el banco central de los EE.UU.). Cuando los funcionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York explicaron que no tenían potestad en ley para comprar la deuda de Puerto Rico, los proponentes de esa “solución” modificaron su posición. Que la pague (la deuda) el gobierno federal. De igual forma, que pague otro y resuelto el problema.
Pues no, siento decir que el problema no se resolverá. Más bien se transformará y quedaría muy lejos de estar resuelto. Las consecuencias de un impago, o de una reestructuración ultra vires de la deuda serían catastróficas. El Gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad en ley para acogerse a un procedimiento de quiebra en el ámbito federal. La ley popularmente bautizada como de “quiebra criolla” fue recibida en los mercados como una revelación de las verdaderas intenciones del Gobierno de Puerto Rico. El efecto en el mercado fue inmediato y contundente. No solo cayó el precio de la deuda de las corporaciones públicas, sino que cayó también el precio de los bonos de obligación general.
El resultado de la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, el incumplimiento y un proceso legislativo atropellado han traído el aumento en el costo de capital. Quizás peor ha sido que la crisis y su manejo se traducen en una pérdida real de valor en los activos financieros y reales acumulados por inversionistas residentes y no residentes de Puerto Rico.
La deuda del Gobierno no es impagable. Lo que es impagable es el gobierno que tiene Puerto Rico. El sector público ha adquirido unas dimensiones de tal porte que la economía del País no puede sostenerlo. El Gobierno ha secuestrado a la economía del País. Entender esa realidad es esencial para encontrar la salida de la trampa en que nos hemos metido.
La solución no consiste en encontrar a otro que pague la deuda. La solución no es culpar a los que prestaron sus ahorros bajo el entendido de que el ELA cumpliría con la disposición constitucional que garantiza el pago de sus obligaciones. La solución no puede ser aquella que aboga por un nivel de gastos mayor para, supuestamente, estimular la demanda agregada. Y menos cuando el gasto estaría en gran medida financiándose por vía deficitaria. Eso es como curar una resaca con dos “palos” de whiskey. Pero eso es lo que se está haciendo. La solución Keynesiana en la que se basa ese remedio no aplica en economías abiertas y descapitalizadas.
La solución no es evadir o renegar el compromiso de la deuda porque con ello simplemente se cierra el mercado de capital. La solución no puede ser sostener el gasto porque su financiación ha sido la causa de la crisis. La solución no puede ser encontrar a otro que pague, porque ese animal no existe. La solución radica en la expansión de la producción. Luego de nueve años de estancamiento, la producción solo se expandirá si la plataforma de capital productivo se expande y se moderniza. La financiación de esa expansión y modernización tiene que iniciarse con ahorros internos. Esos ahorros están hoy secuestrados por el sector público que los extrae de la economía explotando a los sectores productivos. El sector público succiona los ahorros del sector privado por vía de los impuestos, onerosas restricciones reglamentarias y otros cargos que hacen que los costes transaccionales no le permitan a la economía competir.
Por todo lo anterior, la reforma del sistema de impuestos no deberá ser diseñada para meramente sostener al Gobierno. El objetivo deberá ser la expansión de la producción. Lo que algunos llaman crecimiento. He aquí la verdadera reestructuración que se requiere. Se trata de obligar a que el Gobierno se reduzca a una dimensión viable para nuestros recursos y que el excedente que hoy desperdicia se utilice para financiar una plataforma de producción moderna. Es así que podremos cumplir con nuestras obligaciones. Es así que los mercados volverán a recobrar la confianza en Puerto Rico. Es así que podremos elevar el estándar de vida. Es así que Puerto Rico volverá a ser un lugar donde las juventudes querrán vivir y los viejos podremos observar con orgullo el resultado de nuestras vidas.