EN ESTADO CRÍTICO EL FONDO GENERAL
A partir de este mes, el Gobierno tiene que pagar $1,330 millones en préstamos, pero no hay certeza de que podrá recaudar lo suficiente para cumplir y además cubrir salarios públicos
A partir de este mes, el Fondo General tendrá que sacar unos $1,330 millones para pagar el dinero que tomó prestado en los pasados meses, así como para pagar las obligaciones generales (GOs, por sus siglas en inglés) del Gobierno, pero no hay certeza de que se recaudará dinero suficiente para hacer esos pagos y pagar la nómina de los servidores públicos o los servicios de salud.
Ante esa incertidumbre, y dado que los recaudos al fisco están por debajo de los estimados, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) congeló unos $125 millones, lo que podría interpretarse como un recorte al presupuesto vigente.
Y ese millonario ajuste, que no está relacionado con las medidas de austeridad de la ley 66- podría ser mayor, si el Fondo General no recauda lo estimado, aseguró el director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz.
“Los gastos tienen que estar en línea con los ingresos, esa es la disciplina que vamos a seguir porque no vamos a continuar con las prácticas del pasado”, agregó Cruz cuando este diario le preguntó si la ronda de recortes será mayor de cara al último trimestre del año fiscal en curso.
A preguntas de El Nuevo Día, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, aseguró que tienen recursos para operar.
“El Departamento de Hacienda cuenta con el flujo de efectivo suficiente para la operación del gobierno. Como siempre, el flujo de efectivo se monitorea diariamente para cumplir con todas las obligaciones”, dijo el funcionario, quien no ofreció detalles del balance de efectivo en caja.
Según fuentes de este diario, en las pasadas semanas, el balance de caja del Fondo General -la principal fuente de ingresos del Gobierno central- ha llegado a niveles tan bajos como $10 millones.
REUNIÓN DE EMERGENCIA. La falta de efectivo en el fisco es tal que la semana pasada, según fuentes de El Nuevo Día, el gobernador Alejandro García Padilla citó a una reunión de emergencia a sus principales jefes de gabinete y allí les alertó de una nueva ronda de recortes que se anunciará en las próximas semanas. Un pedido de información de La Fortaleza no había tenido respuesta al cierre de la edición.
La situación de liquidez en el Fondo General es seguida por distintos analistas en los círculos financieros, y per-
sonas conocedoras de las finanzas públicas aseguran que la falta de efectivo es tal que podría afectar alguno de los pagos de deuda programados para los próximos meses.
En abril del año pasado, cuando los ingresos al fisco se desplomaron en unos $400 millones, Hacienda no pudo pagar al BGF unos $300 millones por concepto de las Notas de Anticipación de Recaudos por Impuestos o Trans, en inglés. Este año, Hacienda tomó prestados otros $900 millones en Trans al agente fiscal.
Hasta enero pasado, los recaudos del Fondo General estaban por debajo de los estimados unos $115 millones. La deficiencia sería mayor, de no ser porque el Departamento de Hacienda pidió a diversas multinacionales y compañías farmacéuticas que adelantaran el pago de sus impuestos o del llamado arbitrio del 4%.
Ahora, supo El Nuevo Día, las multinacionales que “ayudaron” a Hacienda entre noviembre y diciembre pasados se han negado a adelantar más pagos y el BGF no puede prestar dinero al Fondo General, a menos de que comience a vender lo poco que le queda en su cartera de inversiones.
“Y con esto de la reforma contributiva, hay tanta incertidumbre que hay muchas transacciones detenidas”, agregó un contador público que pidió anonimato.
En esencia, pareciera que las estrategias puestas en vigor por la administración García Padilla para asegurar liquidez han quedado atrapadas entre la Legislatura y la discusión pública.
Por un lado, han transcurrido casi seis meses desde que el BGF propuso una emisión de bonos respaldada con la crudita, que daría liquidez al agente fiscal y a su vez, al Fondo General.
Y por el otro lado, la reforma con- tributiva no se aprobará la semana entrante, tal y como proyectó el Ejecutivo. La reforma contributiva, que tiene un Impuesto al Valor Añadido como pieza central, contemplaba que los consumidores comenzaran a tri- butar por los bienes y servicios que consumen a una tasa de 16% a partir del próximo 1 de mayo.
RECAUDOS PARA PAGAR DEUDA. De acuerdo con un documento que detalla los gastos e ingresos del Fondo General del año fiscal en curso y que fue divulgado recientemente al mercado inversor por el BGF, a partir de este mes, el Fondo General tendrá que sacar diversos pagos, tanto para pagar las Notas de Anticipación de Ingresos por Impuestos (Trans, en inglés) como para pagar las obligaciones generales del Gobierno central o GOs, en inglés.
Según el informe, este mes, el Fondo General debe sacar unos $26.2 millones para pagar deudas. En abril próximo, habrá que separar otros $437 millones para ese mismo fin. Al mes siguiente, el Fondo General debe desembolsar otros $232 millones y en junio próximo, tendría que pagar otros $635 millones.
INTOCABLES DEUDA Y SALARIOS. Cortos o no de efectivo, lo que Cruz subrayó es que el pago de la deuda es la primera prioridad del estado.
“Está claro que hay una responsabilidad de pago de la deuda y tampoco es política pública afectar los empleados. No vamos a reducir salarios o sacar gente de la fuerza laboral del Gobierno”, indicó Cruz. Según Cruz, si se suma la reserva de $125 millones en el gasto a los ahorros que se han logrado con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, los gastos del Gobierno se reducirán unos $300 millones.
Cruz explicó que aún cuando se quisiera, lograr recortes en la nómina pagadera con el Fondo General es poco probable. A diciembre de 2014, unos 89,576 empleados cobraban su cheque del Fondo General, y estos, dijo Cruz, por lo general, realizan labores esenciales porque son maestros, oficiales de corrección, bomberos y enfermeras, entre oros.
El funcionario indicó que desde hace aproximadamente un mes, se ha reunido con diversos jefes de agencia para asegurarse de que cumplan con las nuevas directrices.
“Estamos discutiendo con los jefes una estrategias porque tenemos que saber distinguir entre lo importante y lo prioritario”, sostuvo Cruz.
Empero, los recortes no son necesariamente decisión propia de la administración de García Padilla. Fuentes de este diario indican que los Trans adquiridos por el Gobierno contienen disposiciones que establecen que el Gobierno tendrá que hacer recortes por cada dólar que quede corto en recaudos.
Según las fuentes, los inversionistas que comprarían la deuda pagadera con la crudita exigirían condiciones similares e incluso, un plan financiero del Gobierno a varios años.
UNA AMNISTÍA. Para hacer frente a la situación, el Departamento de Hacienda logró la aprobación de una amnistía contributiva que estima le dejaría, unos $160 millones.