Estrecho el vínculo entre políticos y confinados
Campañas en las cárceles y la negociación con gangas carcelarias han levantado críticas
La extensión del derecho al voto a los confinados en Puerto Rico en 1980 trajo consigo prácticas que han sido duramente criticadas como la entrada de políticos a prisión a hacer campaña y la aprobación de medidas para beneficiar a esta población supuestamente a cambio de votos.
Documentos, declaraciones públicas y diversas fuentes confirmaron, en una investigación que hace un tiempo realizó este diario, que en visitas de políticos a complejos carcelarios se negociaron acuerdos con las bandas de reos y luego se aprobaron leyes y se flexibilizaron normas internas para beneficiarlos a ellos y a sus organizaciones.
Según los archivos de El Nuevo Día, una minuta de una reunión que sostuvieron el entonces secretario de Corrección y ahora alcalde de Arecibo, Carlos Molina, Thomas Rivera Schatz, el alcalde de Yauco, Abel Nazario, y el hoy convicto exsenador Héctor Martínez con el entonces líder de la Asociación Ñeta, Bonifacio López, y su directiva, se les prometió volver a segregar las instituciones para que los distintos bandos no estuvieran mezclados, pero lo harían gradualmente para cuidarse “de la opinión pública”.
No obstante, ese no ha sido el único enlace entre políticos y confinados. En el 2012, el confinado Moisés Hernández Ramírez radicó un recurso de mandamus en el Tribunal de Ponce en el que reclamaba que permitieran entrar al penal a Alejandro García Padilla y a otros candidatos principales del Partido Popular Democrático para poder evaluar sus propuestas electorales. Una juez del Centro Judicial de Ponce denegó la petición.
La investigación de El Nuevo Día expuso que los bandos de confinados habían logrado acuerdos políticos con el Partido Nuevo Progresista, así como lo hicieron con el Partido Popular Democrático años atrás.
Los acuerdos iban dirigidos a que se atendieran los reclamos sobre condiciones penales e incluso sobre legislación y reglamentos que afectaban los confinados.
Tanto el entonces gobernador novoprogresista Luis Fortuño como la exgobernadora, Sila María Calderón, negaron que hubiesen negociado con las organizaciones de presos.
Otra relación político confinado se dio en las elecciones de 2000, cuando a 32 días de las votaciones, la Asociación Pro Derechos del Confinado hizo pública una carta en la que solicitó a los candidatos a gobernadores una reforma carcelaria.
En la misiva, los reos advertían a los lideres políticos el que junto a sus familiares representaban una fuerza electoral de “más de 75,000 votos”.