Una cita crucial para reparar inequidades
El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atienda el próximo lunes denuncias sobre violaciones de derechos que se ejercen contra distintos grupos en Puerto Rico, representa una oportunidad dorada para ejecutar un viraje en las
Se supone que estas audiencias, que se llevarán a cabo en Washington, sirvan para documentar las distintas acciones que, de manera abierta o solapada, tienden a violar los derechos elementales de diversos sectores, entre ellos la comunidad homosexual, las mujeres, los niños con discapacidad y los inmigrantes.
No es común que un organismo como la CIDH acceda a celebrar una sesión especial donde los ponentes, en particular ciudadanos afectados y representantes de grupos cívicos de la Isla, tengan la oportunidad de ofrecer testimonios que evidencian omisiones, exclusiones o ataques abiertos a su integridad.
Las audiencias han sido gestionadas por las escuelas de Derecho de la UPR, de la Universidad Interamericana y de la Universidad de Santa Clara, en California. Las tres confían en que el encuentro sirva para trazar un panorama del estado de los derechos humanos en la Isla, y exponer las soluciones que existen para combatir las injusticias que golpean a flancos vulnerables de la población.
Es importante destacar que dos funcionarios del Gobierno, los secretarios de Estado y de Justicia, David Bernier y César Miranda, respectivamente, estarán allí en representación del Estado. En el caso del secretario de Justicia, le corresponderá dar respuesta oficial a las denuncias que se formulen y explicar los planes del Gobierno para subsanar situaciones flagrantes de desigualdad.
Resulta oportuno que se discuta allá, dentro de un marco oficial, y con el aval de un organismo internacional, la situación con respecto a la pena de muerte en la Isla y la insistencia del Gobierno federal en imponerla en nuestro sistema de justicia, algo que está en total contradicción con la Constitución de Puerto Rico y encima reñido con los principios humanos de la mayor parte de la población.
Precisamente, será el grupo de trabajo de la Universidad de Santa Clara, el encargado de abundar sobre los aspectos más complejos de la aplicación de la pena de muerte en los procesos judiciales de esta jurisdicción.
La falta de reconocimiento a las personas transgénero; la ausencia de normas que regularicen la situación de las parejas del mismo sexo; el abuso en contra de los inmigrantes y los excesos policiacos que en su momento provocaron una demanda del Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico -y que obligó a conducir la reforma policíaca que todavía está en marcha- son los temas más significativos que se tratarán. En suma, se trata de una mirada comprensiva sobre el cuadro de inequidades que, con mayor o menor virulencia, atacan el país y el potencial punto de partida para las pertinentes correcciones.
Las audiencias durarán cuatro días, pero el tema de Puerto Rico será atendido el lunes, en la primera jornada del encuentro. Se trata de un esfuerzo que han hecho las universidades compilando información y enviando a sus delegados, y otro esfuerzo del propio Gobierno que debe enviar a sus representantes. Por lo tanto, esa suma de gestiones debería dar frutos, trasladándose aquí la discusión para sacar provecho del parecer de los expertos.
El trabajo de concienciación sobre los derechos humanos, un camino en el que nos queda mucho por recorrer, tiene que darse en Puerto Rico con suficiente serenidad y rigor, sin que se interpongan intereses políticos o prejuicios religiosos, dentro de un marco de tolerancia y disciplina, lo que en definitiva redunda en una sociedad mejor.
Por lo pronto, el espacio que le da a Puerto Rico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es de por sí un gran espaldarazo a todos esos sectores sociales con los que el país mantiene una deuda.