“NUNCA ES TARDE”
Parejas homosexuales reciben jubilosas la decisión del Gobierno de apoyar su derecho a casarse, sobre todo por el marco legal bajo el cual quedarían cobijadas
Más allá de la idea romántica de celebrar una boda en la que intercambien anillos que sellen su pacto de amor, lo que realmente preocupa a las parejas integradas por personas del mismo sexo es su futuro.
A sus mentes saltan interrogantes tales como: ¿Qué será de mi compañero o compañera si muero? ¿Dónde vivirá, si la casa está a mi nombre? ¿Quién quedará con la custodia y patria potestad de los niños?
“Esos derechos vienen automáticos para los matrimonios heterosexuales. No tienen que estar buscando otras opciones legales por si uno de los dos faltara”, manifestó ayer Iris M. Martínez, de 48 años de edad y quien está por cumplir 20 años de relación con Brunilda Misla, también de 48 años. “Por eso es que nos interesa formalizar la relación”, agregó Brunilda.
Ambas conversaron ayer con este diario, un día después de que el secretario de Justicia, César Miranda, anunciara que el gobierno local optó por retirarle su apoyo al artículo 68 del Código Civil, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Esta movida, aunque pionera para el Ejecutivo, no implica que en la Isla se podrán celebrar desde ahora bodas entre dos hombres o dos mujeres, pues falta que el Primer Circuito de Apelaciones en Boston del Tribunal Federal tome una decisión en el caso que encabeza la pareja de Ada Conde e Ivonne Álvarez, casadas en Massachusetts en 2004 y quienes reclaman que su matrimonio sea reconocido en Puerto Rico.
El anuncio de Justicia, que anteriormente había defendido la constitucionalidad del artículo 68, provocó el rechazo y la indignación de líderes religiosos conservadores. Incluso el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, sugirió que el asunto se decida en un referéndum.
Al evaluar el cambio de postura del gobierno, Victoria Rodríguez, cagüeña de 26 años y quien está comprometida con Zoe Jones, tejana de 24, sostuvo “que nunca es tarde para hacer lo correcto, aunque debió haber hecho esto mucho antes”.
“Muchos esperaban ese cambio”, manifestó, por su parte, Carlos Camuy, de 54 años y cuyo compañero, José Alberto Rivera, de 62 años, es pastor de la Iglesia Cristocéntrica de Restauración Integral de Mayagüez, que es de puertas abiertas. “Fue una algarabía”, dijo Carlos en referencia a la alegría de los miembros de la congregación al conocer la noticia.
SE CASARÁN TAN PRONTO SEA LEGAL. Carlos y José Alberto tienen planes de casarse en cuanto el marco legal de Puerto Rico lo permita y ya ofician ceremonias religiosas a las parejas del mismo sexo que han contraído nupcias en Estados Unidos.
“Hay un dato que mucha gente no entiende. La boda religiosa no da ningún derecho, pero la parte civil es distinto”, explicó José Alberto. “Ahora mismo, esta casa que vivimos, si mue- ro, mis hijos no están obligados a darle nada a Carlos. Yo podría hacer un testamento, pero eso se puede invalidar. A mí me preocupa el futuro de Carlos porque sería el que quedaría desprovisto, ya que la estructura está a mi nombre”. Indicó que la relación que tienen con los hijos de ambos (todos adultos) es buena, por lo que en su caso no debería haber problemas, pero esta no es la realidad de todas las parejas.
Victoria, quien reside en Washington D.C. y tiene planes de comprar casa, dijo que “queremos asegurarnos de que cada una tenga acceso a la
herencia si algo pasara. También nos preocupa que nuestras familias, por ejemplo, nos impidan a una de nosotras estar con la otra en el hospital. Son preocupaciones que una pareja legalmente casada no tiene porque suele estar protegida”.
En su caso, tuvo que recurrir a un abogado para “directiva médica”, un documento en el que establece que su pareja sea la que tome las decisiones relacionadas a tratamiento en caso de que Victoria quedara inconsciente.
Por su parte, Brunilda e Iris están criando a dos menores de 12 y 14 años,
que son hijos de una sobrina de la primera. Brunilda es quien tiene la patria potestad de ambos varones desde hace seis años.
“Como solo yo tengo la custodia, cuando los nenes tienen citas médicas ella no puede llevarlos o entrar con ellos a la oficina del doctor. Eso me afecta en el trabajo porque tengo que coger esos días con cargo a vacaciones o llegar tarde. No es como cuando son papá y mamá, que ambos pueden turnarse las ausencias del trabajo”, detalló Brunilda.
Como no son hijos biológicos ni adoptivos de ninguna de las dos, no los pueden incluir en los planes médicos que tienen en su trabajo. Por eso, ambos niños son beneficiarios del plan de salud del gobierno.
Ambas residentes en San Juan admitieron que las asalta la incertidumbre al pensar qué pasaría con los menores de morir Brunilda. El padre del hermano mayor falleció, mientras que el del menor apenas lo procura. Iris no comparte con ella la custodia ni la patria potestad, por lo que no tendría ningún derecho a quedarse con ellos, a pesar de que participa activamente en la crianza de los dos.
“Lo hemos hablado con la familia, pero hasta ahí. Tendríamos que hacer un testamento, pero eso no garantiza que ella pueda permanecer con ellos”, lamentó la mujer.
“El chiquito dice que las dos merecemos que nos llamemos mamás”, aseguró Iris con evidente orgullo.