Todo el peso de la ley ante un “hit and run”

Sin que haya terminado aún el primer trimestre del año, se han reportado nueve personas fallecidas en casos de “hit and run” en las carreteras, una cifra que sobrecoge y que dramatiza el grado de irresponsabilidad de algunos conductores, algo que debe rem

Cada vez con más frecuencia, conductores que guían a exceso de velocidad, o están bajo los efectos de drogas o alcohol, y que lesionan a un peatón o ciclista, ganan tiempo alejándose del lugar donde han cometido el delito, y, cuando reaparecen -si es que se entregan antes de que la Policía logre dar con ellos-, han pasado las horas y ya no se pueden realizar ciertas diligencias y pruebas toxicológicas.

El hecho de negar auxilio a una persona atropellada, y queda abandonada a su suerte en la carretera, como ocurrió con el turista holandés Laurens Higler, tan recientemente como el pasado día 12, agrava el delito, porque nunca se sabe si la víctima hubiera tenido oportunidad de sobrevivir con ayuda inmediata.

Al contrastar los números de este año, esas nueve víctimas del “hit and run”, con las cifras reportadas en 2014, que fueron 18, es evidente que 2015 ha comenzado con un ritmo preocupante que es preciso atajar por todos los medios, bien sea mediante más bloqueos y seguridad policiaca, o con la ayuda de otros conductores o vecinos, cuya colaboración es imprescindible para identificar a los culpables.

Desde febrero pasado entró en vigor la Ley 17, que enmienda la de Vehículos y Tránsito, a los fines de que se apliquen penas más severas a todo conductor que, guiando su vehículo en forma imprudente o negligente, cause lesiones a otra persona y no cumpla con su obligación de detenerse en el lugar de los hechos.

Son penas fijas de ocho años de prisión si causara la muerte. Y si se trata de una segunda culpabilidad bajo las mismas circunstancias, el conductor será condenado a un término fijo de diez años de cárcel. En todos los casos se ordena la suspensión de la licencia por cinco años, excepto en el caso del reincidente, a quien el secretario de Justicia puede revocar su licencia de por vida. No merece menos quien causa la muerte a un ser humano y huye de la escena para buscar abogado y coartada, con la idea de que podrá salir bien de un acto tan atroz.

La ley es clara y puede ser muy eficaz para sacar de las carreteras a los conductores temerarios que no vacilan en sentarse al volante aun cuando están ebrios o bajo el efecto de narcóticos. Sin embargo, a tenor con los hechos de estos meses, esos nueve seres humanos golpeados y abandonados en las vías públicas, parece que el mensaje del cambio drástico en la ley no ha llegado a los conductores, o no lo han asimilado del todo. El principal objetivo de cualquier campaña para reducir estos casos de abandono de víctimas se cobre conciencia de que los responsables serán procesados y pasarán largo tiempo en la cárcel.

Hay que reconocer que en las carreteras hay peatones o ciclistas que también comenten infracciones o se conducen de manera negligente. Todos tenemos ineludibles obligaciones en las vías públicas. Pero no importa cuál haya sido la causa de un accidente, el deber del conductor es detenerse, avisar a la Policía y prestar ayuda. Y eso es lo que busca potenciar la ley.

Es lamentable que después de que en 2014 se haya logrado reducir las muertes por choques, con cuarenta víctimas menos que en 2013, se produzca ahora el fuerte aumento en un renglón execrable como es el “hit and run”.

Redoblar los esfuerzos para advertir a los conductores, alertarlos de lo que se juegan al violar la ley y, sobre todo, concienciarlos del despiadado gesto que representa huir después de lastimar a alguien, es tarea de la familia, de los amigos y de las comunidades, que nunca se deben prestar para encubrir.