La tragedia invisible
No hicieron más que terminarse los sorpresivos discursos del presidente Barack Obama y del presidente dictador Raúl Castro, aquel 17 de diciembre del año pasado, para reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países, -rotas por más de cincuenta años- ,cuando los diferentes grupos de intereses económicos, comenzaron a desempolvar las viejas máquinas calculadoras de hacer negocios con la cercana isla.
El eje de esa antigua controversia esta constituido por el famoso y polémico embargo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos sobre Cuba en octubre de 1960, como respuesta a las expropiaciones hechas por la recién implantada dictadura castro-comunista, de propiedades a ciudadanos y compañías norteamericanas.
Con el paso del tiempo fue arreciando la naturaleza de esa medida, y en el 1992, el embargo adquirió el carácter de ley, que estableció que dicho embargo permanecería mientras el gobierno de Cuba no diera pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos.
En el 1996, el Congreso norteamericano aprobó la llamada “Ley Helms-Burton”, que eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de ciudadanos norteamericanos.
En estos momentos, a pesar de la mencionada ley, Estados Unidos está entre los cinco principales socios comerciales de Cuba. El 66% de sus importaciones, consideradas de naturaleza humanitaria, llega desde Estados Unidos.
A pesar de los obstáculos legales que existen para suprimir el embargo -sólo el Congreso, controlado hoy por el Partido Republicano podría levantarlo-, el presidente Obama, haciendo uso de sus amplios poderes ejecutivos, ha creado avenidas de comunicación entre ambos estados, abriendo supuestas brechas de futuro, que han despertado los instintos crematísticos de hacer negocio con la Antilla Mayor, sin importar que siga intacta la cincuentenaria dictadura de los Castro.
A principios de marzo, según la comunicadora “Milenio”, 96 empresarios estadounidenses del sector agrícola, desembarcaron en La Habana para reunirse con funcionarios cubanos, en el inicio de una avalancha de delegaciones que incluye los departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro, a fin de facilitar las futuras negociaciones, los viajes de los estadounidenses y el envío de remesas a Cuba.
La idea es que las empresas norteamericanas inviertan en el sector de las infocomunicaciones de la isla y vendan, desde servicios de “software” hasta computadoras y celulares, algo impensable hasta el sorpresivo 17 de diciembre pasado. En tanto, la empresa informática Apple, anunció en febrero, que sus productos serán vendidos en Cuba, al tiempo que el gigante de vídeo en línea Netflix, abrió las suscripciones desde la isla.
Por otro lado, una misión de empresarios puertorriqueños viajará a Cuba el próximo mes de mayo, con el fin de alcanzar acuerdos comerciales entre ambas islas, según declaraciones del secretario de Es- tado, David Bernier. Expresó Bernier que, después de los discursos ofrecidos por Obama y Raúl Castro, el pasado 17 de diciembre, el gobierno de Puerto Rico ve una oportunidad nueva para hacer negocios con “empresarios cubanos”. ¿Empresarios o los representantes de la dictadura más antigua del hemisferio occidental?
Sin entrar todavía en la preocupación central de esta reflexión, nos preguntamos extrañados, ¿dónde está el mercado cubano para despertar tanto entusiasmo comercial? Suponer que una población empobrecida luego de sufrir por más de medio siglo un sistema fallido de producción, con un salario promedio que no llega a los $20 mensuales, estará en condiciones de consumir las ofertas del empresariado extranjero, es soñar con “pajaritos preñados”.
¿Y del escenario de la violación sistemática de los derechos humanos y la supresión de las libertades civiles no se habla? ¿Hay señales de mejoría, en ese renglón vital, del pasado 17 de diciembre a la fecha de hoy? ¿Ha habido alguna declaración de la dictadura que se proponga comenzar a respetar los derechos de esa población?
Según informa la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en el pasado mes de febrero hubo 492 detenciones políticas, 314 más que las reportadas en enero, la cifra más alta de los últimos 6 meses. Hay que señalar que en esas acciones represivas se utilizó la violencia desproporcionada y toda clase de vejámenes contra disidentes no violentos, principalmente mujeres, que sólo pretendían ejercer sus derechos civiles elementales en forma pacífica.
Uno se pregunta, ¿cómo es posible pensar en hacer negocios con un país gobernado por un régimen politico-militar de naturaleza dictatorial, que controla la totalidad de las actividades económicas, con el único fin de seguir perpetuándose en el poder?
¿Cómo aceptar que estemos dispuestos a hacer transacciones comerciales con un país que tiene a su población enjaulada, empobrecida, humillada, sin preguntarnos siquiera, cuánto más vamos a fortalecer a ese régimen con nuestra participación? ¿Hasta cuándo seguiremos invisibilizando la tragedia que sufre hace más de medio siglo el pueblo cubano?