Ética comienza investigación de las fotomultas
Tras declaraciones de alto ejecutivo que operaba el sistema y alega que le pidieron donativos políticos
Unas supuestas peticiones de donativos políticos que le hicieran al principal ejecutivo de International Traffic System (ITS), Jonathan Miller, empresa que estaba a cargo del sistema de fotomultas, dieron paso ayer a una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
“Las imputaciones que hizo Miller naturalmente ya son objeto de investigación por parte de esta oficina. Lo que él expresó, si en efecto es cierto, porque no me consta, son potencialmente una violación a la Ley de Ética, específicamente al Artículo 4.2 (n)”, sostuvo la directora de la OEG, Zulma Rosario.
Ese inciso del artículo establece que “un servidor público no puede solicitar o aceptar, por sí o a través de una persona privada o negocio, un beneficio de un contratista o de una entidad reglamentada y su agencia para una actividad política”.
El ejecutivo dijo durante una entrevista televisiva (Telemundo) que “se nos pidieron cosas y siempre nos negamos”.
“Creo que tenía que ver con políticos y levantar fondos o lo que sea. No somos rojos, azules. No hacemos contribuciones políticas”, dijo Miller al noticiario televisivo como parte de un reportaje investigativo en el que explicaba por qué creía se le había cancelado en enero el contrato para administrar el sistema de fotomultas.
Se le preguntó directamente si el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, pidió donativos. Mi- ller respondió “él no lo hizo, pero otras personas lo hicieron”. No dio más detalles.
Las declaraciones de Miller fueron suficientes para que la OEG pidiera el material fílmico al canal y comenzara una pesquisa, relató Rosario.
“Lo que expresó Miller implica a servidores públicos de la rama ejecutiva y la Ley de Ética les aplica. Las meras expresiones lo que hacen es activar el proceso de una investigación porque dan a entender que hay funcionarios de la rama ejecutiva implicados. Eso es lo que tiene que investigar nuestra oficina”, explicó.
MEDULAR LA EVIDENCIA. Sin embargo, advirtió que el progreso de la pesquisa y la posibilidad de que desemboquen en acusaciones criminales dependerán de la evidencia que presente Miller u otros testigos.
“La evidencia debe ser una que pueda presentarse en un proceso adjudicativo, que sostenga los planteamientos”, aclaró.
Desde el punto de vista administrativo, la Ley de Ética Gubernamental establece multas de un máximo de $20,000 por cada instancia, precisó Rosario.
También, y a tono con lo que establece el Código Penal, violentar la Ley de Ética Gubernamental puede conllevar una pena máxima de tres años de cárcel, $5,000 de multa y ninguna posibilidad de sentencia suspendida, agregó la funcionaria.
La OEG aún no ha contactado a Miller.
“Lo que se va a investigar y a quiénes van a citar, es parte del área de investigaciones y no me involucro en las investigaciones de esta oficina”, puntualizó Rosario.
Ayer Miller no estuvo disponible para entrevistas.
“En este momento no va a estar dando expresiones”, dijo la portavoz de prensa de ITS, Katherine Dill.
Preguntada si la empresa tendría la evidencia para sustentar las imputaciones de Miller, Dill dijo “si Ética nos hace el acercamiento, tendremos que contestar”.
SILENCIO DEL EJECUTIVO. Mientras, el secretario del DTOP, Miguel Torres, se limitó a hacer un recuento de todo el proceso de evaluación que culminó con la cancelación del contrato de fotomultas.
Igualmente, habló del proceso de reclamación que estableció en enero pasado, a solo tres meses de poner en vigor las fotomultas, para que los conductores pudiera reclamar la devolución del dinero pagado en multas.
Sobre las imputaciones de Miller, solo se limitó a exhortarlo a quejarse “en los foros correspondientes”.
“En vista de que se trataba de un proyecto piloto, que como dije siempre, estaba sujeto a continua evaluación y, tomando en cuenta que en estos momentos se están analizando y reconciliando los asuntos relacionados a la terminación del proyecto piloto, exhortamos al presidente de la empresa que eleve los reclamos o denuncias a los foros correspondientes”, dijo.
La Fortaleza, por voz de la subsecretaria de prensa, Yanira Hernández, informó que no emitiría comentarios.
ITS fue la compañía seleccionada por el DTOP para dar paso al sistema de fotomultas el 1 de octubre del año pasado.
Las fotomultas se implantaron bajo el nombre de Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Trán-
sito (Simone).
Para ello, se instalaron cámaras que grababan la tablilla de todo vehículo que rebasara la luz roja o excediera el límite de velocidad.
Las cámaras fueron instaladas en la PR-177, la avenida Piñero y en la intersección del Puente Dos Hermanos en el Viejo San Juan. Esta última cámara verificaba que el auto tuviese su marbete al día.
Sin embargo, tras las continuas quejas de los conductores, sobre todo, porque el sistema no garantizaba un sistema confiable para reclamos, Torres, dio por terminado el contrato con ITS, ascendente a $6 millones.
El DTOP ha dicho -sin dar mayores detalles- que esa cantidad solo debía pagarse si se llegaban a instalar 50 cámaras de fotomultas.