Tras 39 años, un crimen político por esclarecer
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) debe acceder a entregar cuanto antes al Departamento de Justicia de Puerto Rico todos los documentos y la información secreta en su poder en relación al asesinato en 1976 del joven Santiago Mari Pesquera, porq
En consecuencia, el pedido hecho en ese sentido por el superintendente de la Policía, José Calderón, no sólo es un descargue de su deber ministerial, sino también la esperada rectificación del comportamiento de la Uniformada en este caso estremecedor de la muerte, hace 39 años, del hijo mayor del ya fallecido líder independentista Juan Mari Brás.
La petición de Caldero, contenida en una carta que no se ha dado a conocer públicamente, pero cuya existencia confirmó el secretario de Justicia, César Miranda, significa también un importante paso de avance en la investigación que busca determinar quiénes realmente estuvieron involucrados en la conspiración para asesinar al joven de 23 años.
Caldero envió su carta al jefe del FBI, James Comey, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
En noviembre pasado, Miranda y su equipo de fiscales obtuvieron copia del memorando que la oficina de San Juan del FBI escribió dos días después del asesinato y en el que indicaba que el entonces superintendente de la Policía, Astol Calero, había pedido que toda la información que compartían ambas agencias sobre el crimen fuera excluida de las normas de la ley federal de acceso a información (FOIA, sus siglas en inglés).
El FBI accedió al pedido de Calero y escribió en el memorando en cuestión que “como consecuencia, cualquier agencia que reciba esta información se considera que está obligada por esta petición”.
Es por ello que cobra especial importancia la nueva petición de la Uniformada, pues lo que el superintendente Caldero solicita es que se deje sin efecto aquella directriz, que se ha mantenido inalterada desde entonces.
Según reseña El Nuevo Día, también en noviembre pasado, la familia de Mari Pesquera le entregó al Departamento de Justicia otro documento que identifica a dos agentes del FBI que, menos de tres meses antes del asesinato del joven, tuvieron cono- cimiento de un complot de sectores de la derecha cubana en contra de Mari Brás.
Los ahora exagentes eran Arturo Rivera y Donald Huppert, uno de los cuales ya fue entrevistado por Justicia, aunque no se conocen detalles, según el Comité por la Verdad y la Justicia, que ha insistido en el esclarecimiento de este caso.
En distintos momentos se ha documentado, como en este caso, el conocimiento del FBI de acciones de este tipo por motivaciones políticas. En 2009 se denunció que esa agencia conocía, al menos desde 1975, que Reinol Rodríguez, entonces representante en la Isla de la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), planificaba realizar un atentado contra Mari Brás, quien entonces era secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).
CORU es descrita en otros memorandos del FBI relacionados con la investigación en torno al asesinato del empresario cubano de viajes Carlos Muñiz Varela, ocurrido en 1979, como una sombrilla de varias ramificaciones. Justicia también investiga este crimen.
Mari Pesquera fue asesinado el 24 de marzo de 1976 y las autoridades lograron la condena de Henry Coira Story, un vecino de la familia que fue identificado como la persona que le disparó. Pero la familia de Mari Pesquera ha sostenido desde el primer momento que Coira Story no actuó solo y que el asesinato está relacionado con represalias por el trabajo político de Mari Brás.
El Departamento de Justicia ha retomado con fuerza la investigación del crimen. La nueva postura de la Policía debe ayudar a descubrir toda la verdad y a hacerle justicia, finalmente, a la memoria de Mari Pesquera.
El FBI debe entregar la solicitada información, para que sirva de base al sistema de justicia criminal en la tarea de cerrar este nefasto capítulo de la historia política de Puerto Rico.