Vientos de borrasca
La Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento acaba de dar en el blanco, coincidiendo con la investigación periodística publicada el martes en El Nuevo Día en torno a la necesidad inminente de transformar el gobierno.
Justo el día que se publicó la investigación, la Junta del BGF le escribió al gobernador Alejandro García Padilla y a líderes legislativos haciéndoles una serie de advertencias sobre las consecuencias de la crisis fiscal y el tranque legislativo de la reforma contributiva.
Aparte del señalamiento más dramático, el de la posibilidad real de que el gobierno se quede sin dinero para operar tan cerca como dentro de tres meses, la Junta hizo tres recomendaciones que son un esperanzador corolario a la publicación especial que hizo este diario.
En primer lugar figura el desarrollo y aprobación por el Ejecutivo y la Legislatura de un plan de ajuste fiscal a cinco años que elimine la práctica histórica de financiar gastos recurrentes con deuda a largo plazo y logre la sustentabilidad del gobierno a través de una radical transformación de la estructura gubernamental.
Como segundo punto aparece la aprobación de la reforma contributiva con ingresos recurrentes estimados que provean para satisfacer los gastos recurrentes del gobierno central.
Y, en tercer lugar, se recomienda la aprobación de un presupuesto para el próximo año fiscal que ajuste de manera inteligente el gasto público y la realidad fiscal del País.
Transformación gubernamental y ahorro sustancial del gasto público, las mismas conclusiones lógicas que surgen de la investigación periodística.
El gobierno reclama que ha logrado ahorros del diez por ciento en el presupuesto, pero es obvio que muchas agencias no se han dado por enteradas, no solamente gastando de más sino también, lo que es del todo inaceptable, utilizando fondos públicos para pagar servicios puramente partidistas.
Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo desde hace tiempo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Para las elecciones generales, la CEE suele utilizar empleados de otras agencias del gobierno, que es lo que comúnmente se conoce como personal en destaque. Aunque realizan labor para la CEE, estos empleados siguen cobrando de la agencia gubernamental que los ha prestado al organismo electoral.
Este procedimiento se usa para reforzar el personal de la Comisión per se, pero no el de los partidos políticos, que pueden utilizar empleados en destaque con restricciones de tiempo y solo durante el período eleccionario que comienza 180 días antes de los comicios, según el Código Electoral.
No obstante, según información oficial que solicitamos al organismo electoral, al momento la Comisión per se tiene un solo destaque, una enfermera proveniente del Municipio de San Juan, pero el Partido Nuevo Progresista ha solicitado 22. Los partidos Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño no han pedido ninguno, según la CEE.
De acuerdo a Ramonita Rivera, ayudante especial de la presidenta de la CEE, Liza García Vélez, el PNP tiene 12 destaques aprobados, uno denegado y nueve pendientes de autorización. Uno de los destaques vigentes, procedente del Municipio de Utuado, fue aprobado el 12 de julio de 2013, hace casi dos años.
Contrario a la comunicación de la ayudante especial, de que cada partido político tiene derecho, en año no electoral, a un máximo de 25 destaques, la ley contempla únicamente los 180 días antes de los comicios.
El artículo 5.003 dispone que los comisionados locales de los partidos políticos podrán ser empleados públicos asignados en destaque, pero en el caso de las elecciones de 2016, ese destaque podrá hacerse solo a partir del 1 de julio de dicho año, fecha posterior al proceso primarista. Lo que el legislador quiso evitar fue que los partidos reforzaran el personal político de los candidatos incumbentes en perjuicio de sus retadores.
La sección “j” del artículo 3.009 del Código Electoral, mientras tanto, permite al presidente de la CEE solicitar recursos humanos de otras agencias para reforzar áreas de trabajo de la Comisión, pero no de los partidos políticos, que están cubiertos por el artículo 5.003.
Pagar con dinero del pueblo a personal en destaque de los partidos fuera del año electoral es un subterfugio que viola el Código Electoral y la Constitución de Puerto Rico, que limita expresamente los fondos públicos al financiamiento de actividades gubernamentales. Los partidos cuentan para ello con el Fondo Electoral.
Cuando soplan vientos como estos, ¿cómo vamos a eludir las tempestades?
(irene.garzon@gfrmedia.com)