La tarjeta no fue el fin del problema
La falta de acceso médico sigue afectando a los pacientes indigentes de la Isla
Cuando se ideó la reforma de salud, el sistema público, con cuidado primario en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento estaba en medio de una crisis por insuficiencia de fondos, tardanzas en el acceso a especialistas y hacinamiento.
Para el 1993, año en que comienza a trabajar la llamada Reforma de Salud, se invertían en Puerto Rico unos $281 por cada indigente asegurado (unos $52 a precios constantes del 1954). Para el 2001, cuando ya estaba implantada por completo la reforma, esa cifra estaba en $508 ($77 a precios constantes).
El entonces gobernador Pedro Rosselló González, justificó la creación de un nuevo sistema, afirmando que la privatización permitiría un mejor acceso de las personas de escasos recursos a los servicios mé- dicos. Además, quitaría la dualidad del sistema, con los más pudientes yendo a instalaciones privadas y los pobres a las facilidades públicas.
El problema, sin embargo, es que ninguna de las dos cosas realmente se dieron, según el exdirector médico del municipio de San Juan, Ibrahim Pérez. Bajo el viejo sistema, conocido comúnmente por el apellido de su creador Guillermo Arbona, se racionaba el acceso a los especialistas por el volumen de casos. Ahora, ese mismo acceso se raciona por asuntos estrictamente económicos. Del mismo modo, aún coexisten diferencias sustanciales entre el servicio que reciben los que tienen seguros médicos privados y los beneficiarios de Mi Salud.
“La diferencia fundamental es que bajo el sistema Arbona el dinero era menos, pero llegaba al paciente. Ahora el dinero es más, pero mucho de ese dinero se queda en las aseguradoras”, dijo Pérez. En un inicio la expectativa era que parte de la tarjeta de salud se financiara con la reforma impulsada a nivel federal en los 1990. Pero esa legislación no se concretó por lo que la carga económica se mantuvo a nivel local.