DESACIERTOS AMBIENTALES DE LA AEE
La corporación pública tiene un pobre historial de cumplimiento con las leyes y reglamentos que rigen la operación de sus centrales.
FEBRERO 1992
Por primera vez en Puerto Rico, funcionarios de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) visitan distintas instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como parte de un programa de evaluaciones multidisciplinarias que abarcaban las áreas de aire, terreno y agua. Tras la “exhaustiva inspección” se confirman varias irregularidades, como violaciones en las emisiones de las centrales y descargas ilegales al mar.
OCTUBRE 1993
La EPA, a través del Departamento de Justicia federal, demanda a la AEE por $46 millones por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio, la de Agua Limpia, la de control de derrames de combustible, la del almacenamiento de tanques soterrados y la de reportar en un inventario de productos químicos. La EPA también alega que la AEE llevaba dos años incumpliendo con las exigencias de bajar el por ciento de azufre contenido en el combustible que usa para generar electricidad. Y que indica que la AEE faltó a la ley al no informarle a la comunidad de Palo Seco, donde ubica una de sus plantas, que entre 1990 y 1991, más de diez mil libras de aceite fueron tiradas en aguas aledañas. El caso queda en manos de la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo.
ABRIL 1996
La líder ambientalista Rosa Hilda Ramos solicita al Tribunal Federal en San Juan intervenir en el caso entre la EPA y la AEE. Reclama, además, que se dé acceso a los representantes de las comunidades afectadas por la contaminación. Según Ramos, la AEE violaba cinco leyes federales.
ENERO 1997
Tras una negociación de cuatro años, la EPA y la AEE firman un Acuerdo por Consentimiento para corregir el incumplimiento ambiental de la corporación pública. La AEE se compromete, entre otras cosas, a quemar combustible con 1.5% de azufre, instalar un sistema para analizar las operaciones de las calderas y destinar $4.5 millones para desarrollar proyectos ambientales en las comunidades cercanas a las centrales. Se le impone una penalidad de $1.5 millones pagaderos en dos años y medio.
JUNIO 1998
La AEE se declara culpable de violar la Ley Federal de Agua Limpia por provocar que más de 200,000 galones de agua mezclada con ácido sulfúrico cayeran al
río Bayamón, en hechos ocurridos en septiembre de 1995. La AEE acuerda pagar una multa de $140,000 y estar en probatoria por dos años. La EPA y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) habían iniciado una pesquisa criminal sobre estos hechos.
NOVIEMBRE 2001
La EPA revela que sometió ante los tribunales un nuevo caso contra la AEE por continuas violaciones al Acuerdo por Consentimiento, sobre todo por incumplimiento con los parámetros de opacidad y emisiones visibles en las centrales.
OCTUBRE 2002
La firma Environmental Technology Group, encargada de monitorear el cumplimiento de la AEE con una serie de medidas de control de contaminación, divulga estudio que confirma que las centrales siguen violando leyes ambientales. Se señalan, además, irregularidades en las descargas de aguas usadas.
JUNIO 2004
Se modifica el Acuerdo por Consentimiento para acordar, entre otras cosas, que el nivel de azufre en el combustible a quemar en las centrales de la AEE no sea mayor a 0.50%.
OCTUBRE 2011
En medio de la discusión del polémico gasoducto (Vía Verde), el entonces gobernador Luis Fortuño solicita a la EPA que se le permitiera a la AEE aumentar de 0.50% a 1.00% o más el nivel de azufre en el combustible que queman las centrales, pues, a su juicio, el Acuerdo por Consentimiento es una “medida temporera”. La directora regional de la EPA, Judith Enck, se opone al cambio.
ABRIL 2015
Pese al término de tres años dado por el Congreso federal para estar en cumplimiento, la AEE viola los Estándares de Emisión de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS) en cuatro unidades de las centrales Palo Seco y San Juan. Otras seis unidades en Costa Sur, Palo Seco y San Juan son puestas en uso limitado. Trasciende, además, que la AEE incumple con la Ley 82-2010, que obligaba a que para este año el 12% de la generación fuera a base de fuentes renovables.