Estudio desnuda la devastación política en el empleo público
Estudio confirma la pobre impresión pública sobre el desempeño en la Rama Ejecutiva
El mérito dejó de ser -“hace mucho”- el criterio rector de las decisiones de ingreso y ascenso en las agencias, departamentos y corporaciones de la Rama Ejecutiva, lo que explica, en parte, la pobre percepción pública sobre el desempeño gubernamental, concluyó un estudio.
El Centro Multidisciplinario sobre Gobierno y Asuntos Públicos (Cemgap), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), determinó que no puede haber un sistema de mérito donde no hay competencia abierta por los puestos públicos y advirtió que la consecuencia directa de esta ausencia es el patronazgo político.
A su vez, el patronazgo político se traduce en baja productividad, pobre calidad de los servicios, ausentismo, salarios pagados en exceso del valor del trabajo realizado, dificultad para identificar soluciones efectivas a los problemas de los ciudadanos, desigualdad y corrupción.
El estudio concluyó que tampoco se puede reclamar que existe un sistema de mérito, si los instrumentos que se utilizan para seleccionar a los servidores públicos no miden el talento. Y es que, aparte de la falta de convocatorias abiertas, ya no se imparten exámenes presenciales para ingreso y ascenso en las clases profesionales, lo que no ofrece garantías de que el servicio público cuenta con las personas de mayor talento disponibles.
“No es posible que exista un sistema de mérito cuando no podemos asegurar que los instrumentos y mecanismos que se utilizan aseguran la mejor selección. Entonces debemos concluir que aun cuando los organismos públicos cuentan con personal comprometido con el cumplimiento de las leyes y reglamentos de recursos humanos, los instrumentos incorrectos, la cultura organizacional y las presiones extremas han derrotado el pro- pósito de los mismos”, reza el estudio, que fue encomendado por la Cámara de Representantes.
PROMOTOR DE PÉRDIDA. Otra conclusión del estudio fue que las condiciones retributivas en el servicio público no son justas ni equitativas. Esto se debe, en parte, a la aprobación de leyes, reglamentos y decisiones que han creado “grandes brechas” entre agencias, departamentos y corporaciones públicas.
A los aumentos negociados en convenios colectivos se suman, por ejemplo, las aportaciones -desiguales- al plan médico, bono de Navidad y otros beneficios marginales. Así, la capacidad fiscal de los entidades se ha convertido en el criterio de mayor peso en la determinación de las estructuras salariales, y el Gobierno “inadvertidamente” se convierte en promotor de la pérdida de talentos.
“Los salarios deben reflejar el valor que nuestra sociedad le otorga al trabajo que se realiza”, añade el estudio, que incluyó entre sus recomendaciones finales la apertura del Gobierno al escrutinio público.
En opinión de Yolanda Cordero, directora interina de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR y quien lideró el estudio, “abrir los libros del Gobierno” es el arma más efectiva contra la corrupción, el engaño y la mala gestión.
“La gente tiene que saber más de lo que está pasando; hace falta transparencia para que las futuras genera-
ciones no tengan que enfrentar una crisis como la actual”, dijo Cordero, quien aspira a que “las mentes más brillantes” del País puedan entrar al servicio público sin la necesidad de tener contactos o “palas”.
Resaltó que el patronazgo político en las agencias, departamentos y corporaciones públicas “se ha convertido en un círculo vicioso”, toda vez que los gobernantes de turno quitan y ponen empleados a su gusto bajo la excusa de que necesitan gente que responda a sus políticas públicas.
“Estas prácticas han empobrecido el servicio público y la sociedad; se está subutilizando el talento pues las oportunidades no las tienen quienes deberían tenerlas”, aseveró.
Cordero tildó como un “hallazgo importante” la situación de los empleados públicos gerenciales, a quienes describió como los más desventajados, ya que no están cobijados por ningún sindicato ni gozan de los beneficios del personal de confianza. “Aquí no se distingue a ese equipo gerencial, ni siquiera se les presta atención. Eso representa un peligro, pues el Gobierno pierde capacidad de implementar política pública”, dijo.
LO PRÓXIMO. De otra parte, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, informó que en las próximas dos o tres semanas se estaría conformando un equipo multisectorial de trabajo, a los fines de utilizar los hallazgos y recomendaciones del estudio para producir legislación que redunde en un servicio público “sólido, motivado y productivo”.
El equipo, precisó Perelló, estaría in- tegrado por representantes del Cemgap, los dos cuerpos legislativos -incluyendo las minorías parlamentarias-, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, exdirectores de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado y, posiblemente, miembros del sector privado.
“Para mí es fundamental que el principio de mérito vuelva a estar presente en el sistema; hay empleados públicos que dan la milla extra y esa entrega se les debe retribuir. De igual manera, tenemos que garantizar que se recluten los mejores talentos, ya sean internos o externos que quieran aportar al Gobierno”, dijo Perelló.
Agregó que el trabajo del equipo multisectorial “complementará” las gestiones ya iniciadas por el secretario de Estado, David Bernier, con miras a una reforma gubernamental.
“Esperamos tener las primeras reuniones en las próximas semanas y empezar a redactar los proyectos de ley. De hecho, ya hay unos borradores que se discutirán en esa primera reunión, así como otras iniciativas del Cemgap”, señaló, al destacar que el equipo identificará “modelos exitosos” ya implementados en la Rama Ejecutiva para replicarlos.
Perelló insistió en que el estudio “le da valor al servicio público”, y pretende que los empleados tengan las mejores herramientas para llevar a cabo sus funciones.
“El efecto de los hallazgos es el empobrecimiento del servicio público y de la sociedad en general” YOLANDA CORDERO Directora interina de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR
“Este estudio no atenta contra nadie, sino que va al corazón de lo que debe ser el servicio público” JAIME PERELLÓ Presidente de la Cámara de Representantes