Buscan agilizar el Gobierno
Interconexión y facilidad de uso son la prioridad para los nuevos servicios digitales al ciudadano
El proceso completo se llevó a cabo por tres compañías, y tuvo un costo total de $5 millones. La aplicación Karibe estuvo a cargo de la firma tecnológica local Invid; mientras que la digitalización de los documentos la contrató a INDRA Puerto Rico; y de la infraestructura tecnológica se encargó Prepanet.
De acuerdo con información provista por la funcionaria, la inversión en el proyecto se recupera en un año, al evitar pérdidas de hasta $5 millones en hipotecas retiradas porque expiró el periodo de 20 años para registrarlas. Esto, no obstante, no toma en consideración ahorros adicionales por eliminar los procesos en papel y la consolidación de bases de datos; así como la economía que generará a otras agencias que ya no tendrán que enviar personal a buscar información al Registro Demográfico porque podrá accederla por computadora desde su oficina.
“Una de las cosas que logra este registro es que las agencias se están comunicando. Logramos interconectividad con varias agencias, por ejemplo, con el CRIM. Puede verse el catastro digital del CRIM, los planos digitales de OGPe, puede pagar directo a la Colecturía Virtual de Hacienda. Ellos ven nuestra base de datos y nosotros vemos la de ellos”, abundó Huergo.
ANTECEDENTES PENALES. Otra herramienta tecnológica que se presentó ayer en el Tech Summit fue la del nuevo sistema de antecedentes penales, que comenzó a funcionar esta semana. La misma tuvo un costo aproximado de $80,000 y ahorrará, por lo menos, $3.5 millones en el papel especial que se utilizaba para imprimir los certificados.
El nuevo sistema permite imprimir en el cuartel o en la casa el llamado certificado de buena conducta en un papel regular, ya que integra un código de respuesta rápida (QR Code) para la validación por parte del patrono o la agencia que lo solicite.
Andrés Colón, quien trabajó el proyecto en la oficina del principal Oficial de Informática del Gobierno, explicó que la herramienta ahora también integra una verificación de la entidad de la persona para la cual se emite el certificado. Esto era un requisito de ley con el que la Policía no estaba cumpliendo.
El funcionario explicó que el sistema anterior tenía muchas posibilidades de error, ya que si había un error en el nombre, se podía emitir un certificado de antecedentes penales negativo porque no aparecía en el sistema criminal.
Ahora, el sistema por internet requiere que se introduzca el número de licencia o identificación emitido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el número de seguro social. En el caso de no tener estos documentos, por el momento, la persona tendrá que ir a solicitar en persona el certificado, y llevar alguna otra identificación.
Siguiendo las tendencias móviles, el proyecto también optimizó el proceso para el uso en dispositivos móviles. Con la ayuda de un programador voluntario, también, se creó la primera aplicación nativa de pr.gov para que los patronos puedan validar de forma segura el certificado de buena conducta nuevo, aunque aclaró que se pueden usar otros lectores de QR Code.
ASUME EN EL TELÉFONO. Ayer también se presentó la aplicación móvil de Asume, la cual lanzará en los próximos meses y que fue desarrollada por la empresa local Polsense, experimentada en herramientas móviles transaccionales. El costo del proyecto ascendió a $80,000 y permitirá que los usuarios realicen pagos, revisen estatus de casos y calculen un estimado de la pensión que le tocaría pagar.
“Una de las cosas que logra este registro es que las agencias se están comunicando” Mayra Huergo Secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Justicia