Sin ambages contra toda violencia de género
Las órdenes impartidas por el secretario de Justicia, César Miranda, a fin de cerrar el cerco a la violencia de género, con instrucciones precisas a los fiscales y adiestramientos a todos los empleados de esa agencia, representan un gran avance en contra
En el marco del foro “Equidad de género”, celebrado este miércoles en el Colegio de Abogados, el secretario César Miranda anunció la Orden Administrativa 2015-8, que tiene como objeto establecer las nuevas políticas de esa agencia, vanguardistas y necesarias para encaminar una ética gubernamental contra la violencia machista.
El titular de Justicia afirmó que los casos de violencia contra la mujer no son negociables “a menos que los discutamos a fondo, a menos que tengamos una consulta con sus familiares y con aquellas personas allegadas a la víctima”. En otras palabras, la continuidad de los procesos judiciales no puede depender exclusivamente de una víctima que a menudo está sometida a presiones familiares, coacción por parte del agresor, o incluso ofertas económicas para cerrar el caso.
El problema es que ese agresor, librado por el momento de responder por los hechos, sigue siendo una bomba de tiempo para esa u otras mujeres con las que se relacione. Por lo tanto, el objetivo de la nueva política en el Departamento de Justicia es evitar la reincidencia y lograr convicciones en los casos graves, más allá de los reparos que pueda oponer la propia víctima.
Instruir a los fiscales para que sigan adelante es el paso más adecuado. Hace unos años, en un informe sobre discrimen por razón de género en los tribunales -avalado por el Tribunal Supremo- se concluía que había fiscales que se mostraban renuentes a presentar cargos al amparo de la Ley 54, por considerarlo una pérdida de tiempo, ya que con cierta frecuencia las mujeres los retiraban. “Cuando el sistema de justicia toma un papel activo en cuanto a proseguir con la acción criminal”, resaltaba el informe, “la situación es diferente”.
Se ha comprobado, a través de los años, que las medidas de naturaleza civil, como las órdenes de protección o alejamiento, se incumplen con demasiada facilidad, lo que resulta en nuevos actos de agresión y muerte. Por otra parte, los incidentes que involucran a figuras públicas, cuyas parejas, luego del revuelo mediático, han declinado seguir adelante con la acusación, son un malísimo ejemplo.
La Orden Administrativa 2015-8 del Departamento de Justicia también dispone que se organice un grupo de trabajo que diseñe e implemente un currículo de adiestramiento para todo el personal de la agencia. A menudo se ha señalado que la ignorancia en temas de violencia machista, o la superficialidad al bregar con estos casos, son obstáculos para que las víctimas se sientan confiadas y comprendidas cuando radican la querella.
Todos los empleados de Justicia están obligados a asistir a esos talleres, algo que sin duda debería ser extensivo a otras ramas y agencias del Gobierno. En la marcha, el currículo puede ir adaptándose a las funciones concretas de empleados del Departamento de la Familia, del Departamento de Salud e incluso del Departamento de Educación. Está comprobado que quedan focos neurálgicos de desconfianza hacia los conceptos de equidad, y esa desconfianza solo se vence con conocimiento. Un adiestramiento regulado, sistemático, como el que se va a llevar a cabo en Justicia, debe dar paso a un sistema más favorable a las víctimas, que en principio son las que necesitan mayor apoyo.
Sin olvidar la rehabilitación, hoy por hoy abandonada. Hay que reeducar a los agresores y, al mismo tiempo, levantar generaciones de niños y niñas más conscientes de la igualdad entre hombres y mujeres.
El sobresaliente paso de Justicia debe ser imitado.