Crisis fiscal llega a pacientes de Mi Salud
El acceso médico de las embarazadas se ha limitado a raíz de ginecólogos obstetras que se han negado a atender pacientes nuevas Hospitales, laboratorios, dentistas y otros proveedores de salud han reducido personal, disminuido jornadas de trabajo y cerra
La deuda que los proveedores de salud arrastran desde marzo, junto a atrasos en los pagos de las aseguradoras para el mes de abril, han provocado despidos, reducciones de jornadas y limitaciones en los servicios que reciben los pacientes del Plan de Salud del Gobierno (PSG).
Médicos que no pueden pagar los seguros de impericia que necesitan para ejercer la medicina, laboratorios que han reducido sus horas de servicio y recortes de personal en hospitales son algunos de los efectos de la situación económica que atraviesan miles de proveedores que atienden pacientes de la Reforma de Salud.
La gota que aparentemente colmó la copa fue que los retrasos en los pagos continuaron durante el mes de abril y lo que va de mayo. Aunque el gobierno y las cinco aseguradoras contratadas para administrar la Reforma de Salud alegan que han efectuado los pagos correspondientes a este término, cientos de proveedores aseguran que no reciben pagos desde hace más de dos meses.
REVISANDO LOS PAGOS. Ricardo Rivera , director de la Administración de Seguros de Salud (Ases), informó a El Nuevo Día que el gobierno ha estado emitiendo los pagos, según el itinerario acordado con las compañías contratadas. Explicó que, a raíz de denuncias de proveedores, les pidió a las entidades encargadas de ejecutar los desembolsos que le emitan evidencia de cuándo los realizaron.
“Les pedimos el ‘check register’ de su sistema (de pagos). Estamos revisando que estén pagando”, dijo.
De acuerdo con el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico, mientras MMM y PMC se amparan en problemas con su sistema de procesamiento de facturas para dilatar los pagos, Molina Healthcare también está atrasada en los pagos y Triple-S presuntamente no ha realizado pagos desde principios de abril. Según el pediatra, a base de las quejas que les llegan de proveedores, la compañía First Medical Health Plan no ha hecho ningún pago.
El Nuevo Día contactó a todas las compañías y tres de ellas alegan, sin embargo, que han estado pagando. MMM y PMC no contestaron la petición de información de este diario.
SE AFECTAN LOS PACIENTES. Entre las poblaciones más afectadas por este dilema fiscal se encuentran las embarazadas. Esto debido a que muchos ginecólogos obstetras se niegan a darles servicio a pacientes nuevas.
Fuentes de este diario aseguran que en la región norte, por ejemplo, solo nueve ginecólogos obstetras están ad-
mitiendo embarazadas nuevas en su práctica médica: siete en Manatí y dos en Arecibo.
“Estamos preocupados, haciendo de tripas corazón para sostener las oficinas y utilidades (el pago por el servicio de agua y luz) al día. Desde principios de febrero no hemos recibido pagos (por servicios prestados a las aseguradas del PSG)”, comentó el doctor William Ramí
rez Cacho, perinatólogo con práctica médica en Manatí.
La región norte está a cargo de la compañía First Medical Health Plan, la cual cubre una matrícula de 202,689 asegurados.
Mayra Rivera, portavoz de First Medical, informó que la región norte cuenta con 45 ginecólogos obstetras contratados, número que, según dijo, excede el mínimo de 34 que se les requiere. Además, informó que la compañía tiene 2,316 pacientes de obstetricia registradas en su sistema. No se informó cuántos de los ginecólogos obstetras contratados están admitiendo embarazadas nuevas.
SERVICIO LIMITADO. Según Ramos, de unos 300 ginecólogos obstetras que hay en el País, solo poco más de 100 están atendiendo partos.
“Desde que comenzaron los nuevos contratos (del PSG), la mayoría de los ginecólogos obstetras solo están atendiendo embarazadas que al 1 de abril tenían más de 24 semanas (de gestación)”, dijo.
Además, Ramos lamentó cómo se eliminó la libre selección que tenían las embarazadas para escoger a su ginecólogo obstetra bajo los nuevos contratos del PSG.
“Ahora tienen que ir al obstetra ginecólogo que se les asigne”, dijo.
Según explicó, a las aseguradoras se les pidió que, para cada región, contraten a un ginecólogo obstetra por cada 2,800 pacientes en edades reproductivas.
SIN REPRESENTACIÓN. Esta situación ocurre a escasos días de la renuncia del doctor Carlos Me
llado como procurador del Paciente. Ya van dos semanas desde que esto ocurrió y La Fortaleza no ha informado qué entidad o persona será la que vele por el bienestar del paciente.
Jesús Manuel Ortiz, portavoz de prensa de La Fortaleza, no contestó la petición de este diario sobre qué va a ocurrir con esta situación.
De acuerdo con Ramos, se estaban evaluando dos opciones, la creación de una figura representativa del paciente bajo un término de diez años o la consolidación de la Procuraduría del Paciente con el Departamento de Salud.
Mientras tanto, en la Junta de Directores de la Ases tampoco se ha llenado una vacante para el puesto de una persona representativa del interés del paciente.
CERCA DE UNA CRISIS. “Estamos al borde de un caos. En Puerto Rico el 80% de los partos son de pacientes de la Reforma. Nuestro grupo de cuatro ginecólogos obstetras (Maternity Obstetric Gynecology and Infertility Clinic of the Caribbean) atiende sobre 110 partos mensuales y el grueso son de pacientes de la Reforma”, dijo Ramírez Cacho.
Además de las embarazadas, otros servicios de pacientes también peligran ante la limitación de otros servicios médicos.
Jaime Plá, de la Asociación de Hospitales, comentó que varios hospitales han tenido que activar planes de contingencia como resultado de los atrasos en los pagos que reciben por atender pacientes de Reforma.
“Reducción de jornadas, verificación de contratos (para ver de cuáles pueden prescindir), pedirles más tiempo a los suplidores para pagarles y reducción de personal son algunas medidas que están tomando”, dijo.
En el Centro Médico de Mayagüez, por ejemplo, despidieron a 50 empleados la semana pasada.
Mientras, José Sánchez, de la Asociación de Laboratorios Clínicos, comentó que algunos laboratorios también han empezado a reducir personal, disminuir horas de servicio y dejar de aceptar pacientes de Reforma.
El doctor Eugenio González, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, comentó que los dentistas llevan unas seis semanas sin recibir un pago del gobierno por los servicios prestados a beneficiarios del PSG.
“Hay dentistas que han tenido que cerrar o reducir horas de trabajo. Es una situación crítica y difícil para la profesión”, dijo.
Según el dentista, la deuda del gobierno con los dentistas se estima en unos $5 a 8 millones.
Ramos indicó que la crisis de los pacientes será mayor en verano pues, por la situación económica que viven, unos 500 médicos mudarán su práctica fuera del País.