Preocupa impacto en niños de Educación Especial
Educación asegura que el cierre de escuelas no perjudicará los servicios a esta población
El cierre de escuelas para el próximo año escolar se ha convertido en el nuevo eje de la discordia entre el Departamento de Educación y los demandantes en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, que reclaman servicios educativos adecuados para los estudiantes de Educación Especial.
Ayer, los abogados de la clase presentaron una solicitud de desacato para exigir que se paralice el proceso de cierre de escuelas ante el impacto que esto podría tener sobre los cientos de estudiantes de Educación Especial que asisten a los planteles que serán consolidados.
No obstante, tanto el secretario de Educación, Rafael Román, como el secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, aseguraron ayer que se están tomando en cuenta las necesidades de la población de estudiantes con impedimentos y problema de salud para diseñar los planes de cierre de escuelas.
En la moción presentada ayer ante el Tribunal Superior de San Juan, la representación legal de la clase sostiene que el cierre de 76 escuelas el año pasado provocó un sinnúmero de problemas durante el inicio del año escolar, entre ellos dilación en la contratación de asistentes de servicios educativos y problemas con la prestación de servicios relacionados, como terapias y de transportación. Ante esto, los demandantes argumentan que el cierre de más escuelas provocaría “daños irreparables” a los niños de Educación Especial y sus padres.
“El Departamento de Educación nunca notificó oficialmente al Tribunal, ni a la representación legal de la clase sobre el cierre de escuelas y disminución en el presupuesto para el año escolar 2015-2016. La parte compareciente se enteró, al igual que el resto del País, a través de la prensa. Ello constituye una violación a la sentencia por estipulación del 14 de febrero de 2002”, lee la moción.
La sentencia por estipulación establece que la agencia debe notificar a la clase de cualquier disminución presupuestaria que pueda afectar a la población de Educación Especial.
El año pasado, el cierre de escuelas también fue parte de las discusiones del pleito Rosa Lydia Vélez, pero en ese momento el Tribunal falló a favor del Departamento de Educación por considerar que el cierre de planteles es un proceso administrativo que no viola los derechos de los estudiantes ni va en contra de sus Programas Educativos Individualizados (PEI).
ATENTOS A LAS MUDANZAS. Rodríguez Beltrán sostuvo que la agencia podrá garantizar que los estudiantes de Educación Especial recibirán la educación adecuada que exige la ley y explicó que realizan un análisis para determinar qué recursos tendrán que mover de una escuela que será cerrada a una receptora.
“Estamos levantando un inventario de necesidades para saber qué es lo que tenemos que cubrir. Así podemos saber si tenemos que construir baños para salones a tiempo completo y qué equipo necesitamos”, expresó Rodríguez Beltrán.
El secretario asociado destacó que en las 94 escuelas que originalmente se cerrarían, solo hay 20 salones a tiempo completo, los que antes se conocían como salones contenidos de Educación Especial. En la moción presentada por los abogados del plei- to Rosa Lydia Vélez se incluye una comunicación escrita de uno de los abogados del Departamento de Justicia, Eliezer Ramos Parés, que informa que hay 4,197 estudiantes de Educación Especial en las escuelas que cierran y 36 salones a tiempo completo distribuidos en 20 escuelas.
Asimismo, el secretario de Educación indicó que no habrán violaciones de PEI en las escuelas receptoras pues se realizaron las evaluaciones necesarias para asegurarse que los estudiantes tendrán los maestros y equipos que necesitan.
“Hay padres que han dicho que esta escuela que vamos a cerrar tiene $1 millón en equipos y la otra no. Pues claro que no los tiene porque no se ha hecho la mudanza, pero haremos lo que sea necesario para recrear el ambiente de la escuela A en la escuela B”, sostuvo Román.