Culpable por mal manejo de asbesto
Empleado de la empresa encargada de la remodelación en Minillas aceptó que violentó dos leyes ambientales
Un empleado de la empresa contratada para la remodelación de la Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas, abortada en mayo de 2012 por contaminación con asbesto, se declaró culpable en el foro federal por manejar inadecuadamente -a sabiendas- dicho material peligroso.
Kenneth Báez Alers, identificado como gerente de proyecto senior de Aireko Construction Corporation, renunció a su derecho de ir a juicio por jurado para declararse culpable, en un caso criminal, por violaciones a la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) y la Ley Abarcadora de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (Cercla, en inglés).
Báez Alers hizo alegación de culpabilidad el 13 de diciembre de 2013 ante la magistrada Camille Vélez Rivé, del Tribunal federal en Hato Rey, pero el pliego acusatorio se mantuvo sellado hasta esta semana, específicamente hasta el pasado día 22.
Báez Alers está ahora a la espera de que el juez federal Daniel Domínguez paute su vista de sentencia.
LOS CARGOS. Los hechos de este caso se remontan al 14 de mayo de 2012, cuando empleados de la empresa Vázquez Contractors, subcontratada por Aireko Construction Corporation, irrumpieron en el noveno piso de la Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas y tumbaron un plafón con asbesto. Presuntamente, los trabajadores no estaban adiestrados en la remoción de dicho material.
Poco después del incidente, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) responsabilizó a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y a Aireko Construction Corporation por lo ocurrido.
Según el pliego acusatorio, Báez Alers -“a sabiendas”- falló en reportarle los hechos al Centro Nacional de Respuesta de la EPA, pese a que la cantidad liberada de asbesto fue de una libra o más. El Centro Nacional de Respuesta de la EPA es la dependencia del Gobierno federal a la que se informan emergencias ambientales relacionadas a derrames de aceite y sustancias químicas. La omisión de Báez Alers constituye, por lo tanto, una violación a Cercla.
El segundo cargo por el que Báez Alers se declaró culpable tiene que ver con que -“a sabiendas”- falló en etiquetar adecuadamente material con asbesto, lo que constituye una violación a la Ley de Aire Limpio.
Para cada uno de los cargos, la pena máxima es una sentencia de cárcel de no más de tres años, una multa de no más de $250,000 y libertad supervisada por no menos de tres años.
No obstante, como ambos cargos están agrupados, el tiempo de cárcel al que Báez Alers se expone oscila entre 24 y 30 meses, siempre y cuando su récord criminal esté limpio.
La Fiscalía federal, representada por el abogado Howard Stewart, y la defensa, representada por el abogado José Gaztambide, acordaron recomendarle al juez Domínguez que dicte la sentencia más baja.
El Nuevo Día intentó sin éxito obtener ayer una reacción de Aireko Construction Corporation. El licenciado Gaztambide no atendió las llamadas hechas a su oficina. Ningún funcionario de la AEP estuvo disponible para entrevista pues, según la portavoz de la corporación pública, Rebecca González, no estaban familiarizados con el proceso legal. Y los funcionarios de la EPA en la Isla se abstuvieron de comentar por tratarse de un caso en curso.
MATERIAL PELIGROSO. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés), asbesto es el nombre de un grupo de minerales de origen natural que se utilizan en varios productos, como el material de construcción, con el propósito de resistir al calor y la corrosión y como material aislante. La inhalación de fibras de asbesto puede provocar serias enfermedades en los pulmones y en otros órganos, condiciones que típicamente surgen años después de ocurrir la exposición.
De hecho, en mayo de 2013, empleados que laboraron hasta un año antes en la Torre Norte del Centro Gubernamental de Minillas presentaron una demanda de clase millonaria contra la AEP, en un reclamo por los daños que pudieron haber sufrido a raíz de la contaminación con asbesto que provocó el cierre del edificio.
Los demandantes -empleados de la Torre Norte desde 1984 hasta el 20 de mayo de 2012- exigieron no menos de $300 millones, de los cuales $100 millones se destinarían a la creación de un programa médico para monitorear las condiciones de salud que estas personas pudieran padecer.
El 15 de mayo de 2012, un día después del incidente que desencadenó en la alegación de culpabilidad de Báez Alers, la EPA condujo una inspección en la Torre Norte del Centro Gubernamental de Minillas y encontró grandes cantidades de un polvo pesado en las paredes, escaleras, pasamanos y otras áreas. Descubrió, además, que el sistema de aire acon- dicionado estaba prendido mientras se realizaban los trabajos.
Tras una reunión en La Fortaleza, en la que estuvieron la EPA, la AEP, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y Aireko Construction Corporation, se anunció el cierre indefinido de la Torre Norte. Miles de empleados de varias agencias y corporaciones públicas tuvieron que ser reubicados.
En abril de 2013, la AEP aseguró que la Torre Norte estaba libre de fibras de asbesto y era habitable, según los resultados de unas muestras analizadas por un laboratorio en Estados Unidos. Al mes siguiente, la EPA dio su visto bueno a que se volviera a ocupar la instalación gubernamental.