Necesarios ajustes por la educación especial

El Departamento de Educación ha anunciado la decisión de atemperar las tarifas por servicios de educación especial a los precios del mercado, para evitar así sangrar los fondos de la agencia con un patrón de sobrepagos que hoy mantiene como paliativo a la

Pero este ejercicio administrativo, para que sea justo y razonable, debe ligarse a un plan de estricto cumplimiento de la agencia con sus suplidores, cientos de los cuales viven en constante inestabilidad, y muchos terminan hasta cerrando operaciones, debido a las dificultades para cobrar a tiempo los servicios que prestan a Educación.

Este ajuste tarifario, en los casos que lo ameriten, y este reenfoque fiscal de las prioridades deben tornarse en garantía de un servicio ininterrumpido, robusto y de alta calidad a los niños y jóvenes de educación especial. Debe enmarcarse, asimismo, en un proyecto mayor de profunda revisión de mecanismos internos, de saneamiento fiscal y eficiencia operacional, como lo demanda la crisis económica y fiscal en que está sumido el Gobierno.

Ante dicha situación, Educación optó por establecer una nueva escala de pagos por las terapias y otros servicios que reciben unos 6,000 alumnos de educación especial, amparándose en un estudio encomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la empresa de consultoría Estudios Técnicos. Los ajustes tan sólo aplican al programa “Remedio especial”, creado por orden judicial para ofrecer las terapias y evaluaciones por la vía de unos 300 proveedores cuando Educación no es capaz de proveerlos.

El informe final reveló que Educación ha estado pagando hasta tres veces más por los servicios que lo que paga un paciente en el mercado privado. Además, durante la investigación de campo realizada, surgió que los terapistas supuestamente les dieron a los clientes que los visitaron de incógnito tarifas hasta un 52% menores que las que cobran a la Secretaría de Educación Especial por el mismo concepto.

Las tarifas que entraron en vigor recientemente, aunque inferiores a las previas, son todavía un 20% mayor que el valor del mercado, al parecer en reconocimiento a los atrasos en los procesos de facturación y contratación que lucen como inevitables a la actividad del Gobierno. No es la primera vez, sin embargo, que Educación opta por ajustar los pagos. En 2010, no llegó muy lejos un intento en esa dirección, debido a las protestas de los padres y los suplidores de servicios. Los primeros, genuinamente preocupados entonces al igual que ahora, porque la acción pueda degenerar en el racionamiento o la negación de los servicios y, los segundos, por el historial de tardanzas excesivas en los desembolsos hemos mencionado.

Esta persistencia de irregularidades que vemos en Educación y que es extensivo a todo el Gobierno, no puede continuar. Tiene que ser desterrado de la actividad pública porque es un mal en sí mismo y porque, aunque del mismo estuvieran por el momento ausentes las modalidades más patentes de la corrupción, como el soborno, el fraude y la venta de influencias, lo que se va configurando es un modelo malsano en el que se adulteran las reglas de juego en el manejo de los fondos públicos.

Es saludable que a cada proveedor se le pague lo que corresponde, y a tiempo, para que nadie se sienta estimulado por la falta de fiscalización y controles a aprovecharse de la situación de indefensión de los menores de educación especial y sus padres. Y hay que fiscalizarlo todo, en cada agencia, y en este caso en Educación, para poder detectar a tiempo esquemas como el recientemente imputado a un grupo de transportistas escolares y que llevó a Educación a modificar el proceso de contratación de estos servicios.

Por ello es que Educación tiene que emprender un escrutinio riguroso de sus operaciones que le sirva de brújula para planificar, organizar y redirigir esfuerzos hacia la excelencia y para elevar la capacidad de garantizar, con costoeficiencia, los derechos de los niños y jóvenes de educación especial.