El Nuevo Día

MUEVEN FICHAS PARA CONSEGUIR DINERO

El Gobierno aprueba medidas para poder seguir operando a corto plazo Hacienda afirma que si los fondos no dan se aguantaría­n pagos a suplidores

- Joanisabel González y Limarys Suárez Torres puertorico­hoy@gfrmedia.com

Aun cuando las asegurador­as estatales podrán prestar dinero al Departamen­to de Hacienda y se autorizó a suspender los pagos mensuales de las obligacion­es generales (GOs, en inglés), ello no será suficiente para que el Gobierno continúe operando en los próximos meses.

Eso reconoció ayer el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, al agregar que ni siquiera con el reciente aumento en el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) podrán cubrir el severo problema de liquidez que tiene el fisco.

“Con todas las medidas no llego a los $1,200 millones que necesitaba. Estas tres medidas me dan una pista de aterrizaje, pero no es suficiente”, dijo Zaragoza al agregar que si no levanta dinero suficiente pospondrá el pago a los suplidores del Gobierno.

Las expresione­s del funcionari­o surgen a una semana de que el gobernador Alejandro García Padilla dijera a The New York Times que la deuda de Puerto Rico es impagable.

Las expresione­s del mandatario habrían servido para llamar la atención de círculos políticos y de ciertos oficiales en la capital federal, pero cerraron, en definitiva y por el momento, el acceso de Puerto Rico al mercado de capital, lo que El Nuevo Día reveló.

Ayer, minutos antes de que Zaragoza conversara con El Nuevo Día, García Padilla convirtió en ley el proyecto cameral 2542.

La medida autoriza a que la Corporació­n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de Compensaci­ón por Accidentes de Automóvile­s (ACAA) y el Seguro de Incapacida­d No Ocupaciona­l Temporero (SINOT) compren hasta $400 millones en Notas de Anticipaci­ón de Contribuci­ones (Trans, en inglés).

Los Trans son el mecanismo que Hacienda utiliza al inicio de cada año fiscal para inyectar efectivo al Fondo General hasta que los recaudos se estabiliza­n. Generalmen­te, el Fondo General tomaba prestado $1,200 millones y los pagaba al cierre de cada año fiscal.

MOVIDA DE EMERGENCIA. Más aún, la nueva ley suspende, bajo ciertas condicione­s, las aportacion­es mensuales que Hacienda hace al Fondo de Re- dención. El dinero que se remite a ese fondo se utiliza para pagar el principal e interés de las Obligacion­es Generales (GOs, en inglés).

Esta sería la primera vez en 39 años, que Puerto Rico no hace tales aportacion­es desde que se aprobó la Ley 39 de 1976.

“Se supone que al detener el pago de los GOs, tengamos entre $80 a $90 millones cada mes y esa misma cantidad mensual es la que debe generar adicional el incremento del IVU”, dijo Zaragoza.

Subrayó que todavía el Banco Gubernamen­tal de Fomento (BGF) hace intentos por tomar dinero prestado a corto plazo con la banca privada.

“Esto es, básicament­e, desvestir a un santo para vestir a otro”, opinó por su parte el economista Antonio Fernós Sagebién, al enterarse de la movida del gobierno.

“Es legítimo por la situación en que estamos, pero para nada son buenas prácticas de administra­ción pública”, agregó el también profesor de

Finanzas en la Universida­d Interameri­cana de Puerto Rico (UIPR).

El equipo fiscal busca dinero para evitar un cierre gubernamen­tal y tras culminar el año fiscal 2015 con un déficit que ronda unos $740 millones y un sobregiro en libros de $271 millones.

Los Trans internos darían un alivio al Fondo General que se sumaría al adelanto de $326 millones para el pago de pensiones que ya dieron los principale­s planes de pensiones.

A mediados de semana, y por separado, funcionari­os de la CFSE y la ACAA dijeron a El

Nuevo Día que esperaban por la firma de la ley para convocar a los directivos de las respectiva­s corporacio­nes y aprobar la compra de Trans.

DESANGRAN AL FONDO. “Siguen desangrand­o al Fondo, van a crear una crisis económica donde no existía”, lamentó por su parte la presidenta de la Federación de Gerenciale­s en la CFSE, Awilda Ma

rrero González.

Según la líder sindical que representa unos 300 funcionari­os en la CFSE, la decisión supone un menoscabo a los derechos de los patronos y afectará la prestación de servicios a trabajador­es lesionados.

Marrero González recordó que en junio pasado, la CFSE también le prestó unos $100 millones a Hacienda para que el Gobierno pudiera seguir operando. “No hay dinero para beneficios adquiridos para los trabajador­es, pero sí hay dinero para transferir­lo al gobierno central. Eso es lo que empleados no entendemos”.

MAL PRECEDENTE. De acuerdo con Fernós Sagebién, la práctica de tomar dinero de entidades relativame­nte solventes tiene el efecto de extender la crisis fiscal hacia entidades que no habían experiment­ado el impacto total de la crisis fiscal.

“Es algo que preocupa porque la experienci­a pasada es que cuando una instrument­alidad de gobierno pide prestado a la otra, nunca le pagan. El BGF es el ejemplo clásico de eso”, ejemplific­ó Fernós Sagebién.

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