Una investigación profunda
Ha constituido una tragedia la muerte del juez superior José Javier Ramírez Lluch. No tuve el privilegio de tratar personalmente a este magistrado. No obstante, la información que recibí y aún recibo de su ejecutorias como abogado y excepcional jurista me hacen sentir como si hubiera perdido a un gran compañero y amigo. Una vida personal y profesional sin tacha ha quedado tronchada prematuramente por las deficiencias del sistema disciplinario de la Rama Judicial. De dichas deficiencias he sido crítico y he reclamado que las reglas que gobiernan la disciplina judicial sean revisadas y mejoradas.
Tanto las reglas de disciplina judicial como otros procedimientos pertinentes a quejas contra jueces establecen que cualquier de ellas que se presente ha de requerir de una previa investigación antes de tomar cualquier acción disciplinaria. Este tipo de investigación inicial se considera confidencial hasta tanto se concluya la misma y se determine si hay prueba suficiente que permita presentar una querella formal ante la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo. Esto es así porque una mera queja no puede llevar a conclusiones inmediatas.
Si le damos crédito a las informaciones periodísticas sobre este lamentable incidente, a la queja presentada contra el juez Ramírez Lluch no se le brindó la confidencialidad que en esa etapa inicial tiene que concederse. Que por alguna fuente de información algún medio periodístico indagara en la Oficina de Administración de los Tribunales sobre dicha queja, debió llevar a esta oficina a actuar con sensibilidad y sensatez, protegiendo la confidencialidad de la investigación hasta tanto se completara la misma. Si es cierto lo que informan algunos medios, que el mismo día en que el juez Ramírez Lluch se privó de su vida recibió una llamada de la Administración de Tribunales advirtiéndole que la queja en su contra iba a ser divulgada por un medio de comunicación, tal actuación debió ser el detonante de esta tragedia.
Nos preguntamos: ¿qué oportunidad le concedió la Administración de Tribunales al juez Ramírez Lluch de presentar su respuesta a la queja? ¿Cómo es posible que se le haya ordenado sumariamente un traslado inmediato de una región judicial a otra y también se le haya ordenado desalojar la oficina que ocupaba en el Centro Judicial de San Juan? ¿Qué garantías u oportunidades le concedió la Administración de Tribunales al juez Ramírez Lluch de enfrentarse a la queja promovida contra él? Estas interrogantes tienen que ser contestadas.
Tiene razón el distinguido hermano del juez Ramírez Lluch, el doctor Norman Ramírez Lluch, cuando en este mismo diario manifestó que el caso de su hermano debe ser objeto de “una investigación profunda”. La nobleza de este galeno no tiene precedentes en nuestro país, a veces tan convulso y desorientado.
Haría bien la jueza presidenta del Tribunal Supremo si, ante el hecho de que la Administración de los Tribunales no ha manejado adecuadamente este asunto, en el ejercicio de la facultad que tiene para asignar tareas a los jueces, optara por designar a alguno de los juezas o jueces asociados del Tribunal Supremo para conducir esa investigación profunda y dejar claro para la Historia lo ciertamente ocurrido en este caso.
Así debe ser, porque la Oficina de Administración de los Tribunales y los que la dirigen deben ser objeto de esa investigación, así como todas las personas que de una forma u otra estuvieron vinculadas a este asunto. La familia del juez Ramírez Lluch, los miembros de la Rama Judicial y el pueblo de Puerto Rico merecen más explicaciones que las ofrecidas hasta este momento. Que descanse en paz el juez Ramírez Lluch.