Bajo evaluación otra demanda contra el gobierno
Asociación de Gerenciales de la CFSE pondera ir a los tribunales por ley que afecta la corporación
La ley que obliga a varias corporaciones a inyectarle liquidez al Fondo General a través de la compra de Notas de Anticipación de Impuestos (TRAN’s, por sus siglas en inglés) podría culminar en los tribunales, resaltó ayer el presidente de la Asociación de Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), José Ortiz Torres.
El líder sindical, que representa a cerca de 400 gerenciales de la CFSE, criticó la ley que ordena a tres corporaciones públicas a comprar hasta $400 millones en TRAN’s pues asegura que atenta contra su solvencia.
Así las cosas esta próxima semana la Asociación de Gerenciales del CFSE auscultará la posibilidad de deman- dar al gobierno de Alejandro García Padilla para que esta corporación no tenga que involucrarse en la compra de los TRAN’s.
“El transferir vía legislación el rendimiento de la cartera de inversiones como colateral para los TRAN’s colocará a la CFSE en un estado de insolvencia actuarial y así podrán justificar su privatización. El seguro obrero surge de un mandato constitucional para asegurar los riesgos contra accidentes, enfermedades o muertes durante y/o en el centro del trabajo. Al ser el Fondo quien único administra la política pública de ese mandato constitucional el gobierno no puede utilizar su dinero para propósitos que no estén relacionados con el seguro obrero”, señaló.
Ortiz Torres puntualizó su oposición a que el gobierno obligue a la CFSE a comprar los TRAN’s.
Los TRAN’s son el mecanismo que Hacienda utiliza al inicio de cada año fiscal para inyectar efectivo al Fondo General hasta que los recaudos se estabilizan. Típicamente Hacienda toma prestado $1,200 millones pagade- ros al culminar el año fiscal.
“Lo que quieren es quebrar al CFSE con intenciones de privatizarlo para que estas aseguradoras privadas y los bancos se repartan $600 millones aproximados que se recaudan cada año”, sentenció.
Las otras corporaciones que por ley podrían comprar TRAN’s para inyectar liquidez al Fondo General son la Autoridad de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) y el Seguro de Incapacidad No Ocupacional Temporero (SINOT).
“La sustracción desmedida de los activos de la CFSE vía legislación y reglamentación, colocan a la entidad pública en peligro de insolvencia actuarial como aseguradora. Hemos decidido evaluar presentar una causa de acción en los foros judiciales. Ya la CFSE ha aportado al gobierno más de $300 millones desde el 2010, aportando el pasado año fiscal cerca de $107 millones. Todo mediante alegados préstamos que no le devuelven en pago a la CFSE”, añadió Ortiz Torres.
DEMANDAN POR LEY 66. La Asociación de Gerenciales, por otra parte, demandó al gobierno por incluirlos en la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal al asegurar que esta medida solo aplica a aquellas corporaciones públicas insolventes que dependen del Fondo General.
“El gobierno lo que busca es poder utilizar el dinero sin ningún orden. La CFSE está recaudando $40 millones por debajo en comparación con el año pasado y ha sido el rendimiento de su cartera de inversiones lo que la mantiene solvente para continuar operando”, apuntó.