Décadas de inacción
Documentos similares al Informe Krueger terminaron engavetados por razones electorales
El más reciente fue el llamado Informe Krueger. No obstante, desde hace al menos cuatro décadas, documentos diagnósticos sobre la economía de Puerto Rico advirtieron consistentemente sobre la necesidad de cambios legales y estructurales en el gobierno que permitan el crecimiento de las riquezas en el País.
Algunos, como el informe elaborado por el premio Nobel de la Economía,
James Tobin, promovían en 1975 medidas precisas. Por ejemplo, en aquel entonces se recomendó que los préstamos del gobierno no debían pasar de $300 millones anuales, las corporaciones públicas debían ser autosuficientes y se tenía que congelar la escala salarial de los trabajadores puertorriqueños. Esto, según el documento, para ir resolviendo los problemas fiscales del gobierno mientras se procuraba el crecimiento económico. En aquel entonces estaba estancado, en parte, por el exceso en el gasto público y el aumento en los precios del petróleo, entre otros factores.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos hizo un estudio similar al de Tobin en 1979, y en 1992 el Gobierno publicó un plan fiscal que cubría el cambio de milenio. Le siguieron estudios diagnósticos, de planificación, sobre temas específicos como la economía generada por las fábricas 936, entre muchos otros. Pero la mayoría del contenido de estos informes terminaron engavetados y ahora sirven solo como documentos históricos colgados en el portal de la Junta de Planificación.
El problema es que los limitados esfuerzos por cambiar el rumbo de la economía en el pasado limitan ahora la capacidad de maniobra para salir de la depresión en que está la economía de Puerto Rico desde el 2006.
La raíz del problema de inacción es de índole política. Para el periodo del Informe Tobin, Puerto Rico estaba en medio de una transición al terminarse la era de dominación del Partido Popular Democrático (PPD). Y eso trajo cambios en la mentalidad de la clase política del País.
“A partir del 1976 se recrudeció fuertemente la competencia electoral porque se entendió que se entraba a una era de alternancia política. Eso cambio completamente el juego. Las decisiones se tomaban, pero se posponían aquellas que afectaban electoralmente”, dijo el exlegislador Ángel Cintrón.
“El problema es que estos estudios tienen recomendaciones difíciles de tomar porque impactan mucha gente y los políticos les huyen a esas decisiones como el diablo a la cruz”, explicó, por su parte, el catedrático jubilado de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR),
Mario Negrón Portillo.
Por eso, afirmó Negrón Portillo, casi ninguno de los cambios que se necesitaban llegaban a concretarse. La inacción oficial de los dos principales partidos políticos fue cómplice del deterioro social, económico, financiero y político. “Desde hace muchísimo tiempo se necesitan muchos de estos cambios radicales que se proponen, pero no hemos visto que pase nada”, afirmó el académico.
EL PESO ELECTORAL. Hace unos meses, el expresidente del PPD, Héctor Luis Acevedo, en una entrevista con El Nuevo Día, relató un episodio ocurrido en el 1976 que ilustra ese cambio de mentalidad. Al cierre de ese año fiscal, el entonces gobernador Rafael
Hernández Colón debatía qué hacer con un sobrante en el Fondo General y consultó el asunto con sus allegados políticos. En una reunión en Mayagüez le preguntó al liderato del PPD si debía usar ese dinero para darle un aumento de salario a los maestros o invertirlo en unas obras públicas que facilitarían el desarrollo económico en ciertas partes de la Isla. El gobernador se decidió por los proyectos de infraestructura, siguiendo los consejos del Informe Tobin. Acevedo recordó que cuando el PPD perdió ese año las elecciones muchos culparon la decisión del primer ejecutivo de no favorecer al magisterio.
TODO SIGUE IGUAL. A inicios de semana la economista Heidie Calero resaltaba las similitudes entre el Informe de Tobin y el publicado esta semana elaborado por la economista
Por ejemplo, ambos recomiendan que la deuda pública no crezca más que el crecimiento real de la economía y congelar los aumentos salariales, entre otras medidas de austeridad compartida por los distintos sectores. La meta, en ambos informes, es aumentar la producción y, por ende, el crecimiento económico.
El catedrático de economía de la UPR en Mayagüez, José Alameda, coincide con Calero sobre las similitudes entre ambos informes. Aunque los detalles entre ambos documentos pueden variar, los problemas en su esencia son los mismos: baja en la productividad, problemas crediticios, pobre acceso a los mercados, exceso en los gastos, altos costos de hacer negocios y cambios económicos a nivel mundial.
“Los problemas no han cambiado porque no se han resuelto y las recomendaciones son las mismas porque dos más dos siempre va a ser cuatro. Si se hubiesen tomado las decisiones correctas en lugar de las que convenían electoralmente, pues tal vez esto sería distinto”, dijo Alameda.
“Para el tiempo del Informe Tobin se dio la primera crisis real, pero siempre se decía que el problema era la crisis del petróleo y, es cierto, eso era parte del problema pero también habían asuntos nuestros que había que resolver”, dijo, por su parte, Cintrón.
Alameda entiende que lo primero que se necesita en este momento es limitar el poder de tomar decisiones de los políticos, máxime cuando se acerca el periodo de elecciones, ya que las simpatías juegan el papel primordial en la toma de decisiones. Por eso, ve como una buena idea el establecimiento de una especie de junta que no esté sujeta a los vaivenes políticos y que supervise las finanzas públicas.
“Hasta que no se resuelva el tranque no veo una solución que no sea algún tipo de asistencia federal, ya sea en forma de garantía para el crédito de Puerto Rico”, afirmó Alameda.
Sin embargo, el liderato en Washington ha enfatizado en que no habrá rescate para Puerto Rico. Lo único que podría tener viabilidad en el Congreso es la extensión a la Isla del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal.