Al ritmo de Wall Street tocará el gobierno federal
El análisis del Tesoro federal es que la crisis fiscal de la Isla no es un riesgo sistémico
WASHINGTON.- Mientras la jefatura del Departamento del Tesoro perciba, como hasta ahora, que un posible impago del gobierno de Puerto Rico no causará un fuerte remezón en los mercados financieros de Wall Street, el gobierno federal seguirá limitando su intervención en la crisis fiscal de la Isla a la asesoría técnica y a recomendar medidas internas en la Isla, según expertos.
En la mayoría republicana del Congreso no hay respaldo para otorgarles a las empresas públicas puertorriqueñas el mecanismo de la ley federal de quiebras y, con excepción de una carta pública del republicano Jeffrey Duncan (Carolina del Sur), quien no tiene en agenda en este momento presentar un proyecto de ley, ningún legislador federal ha propuesto crear una junta de control financiero, que implicaría hacer todo lo contrario de lo que ocurre ahora: no solo quitarle la administración de la crisis fiscal al gobierno de Puerto Rico, sino intervenir económicamente para ayudar a la Isla a salir de la crisis.
“Si se le aprieta la situación, entonces es posible que Wall Street le reclame acción al gobierno federal”, in- dicó el congresista demócrata José Serrano (Puerto Rico), quien es el portavoz de la minoría en el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que supervisa el presupuesto del Tesoro estadounidense.
Nada que pueda ser considerado un rescate financiero tiene posibilidades bajo la situación actual, como lo refleja el lenguaje de la resolución de gastos del Congreso para el 2016.
Por ello -aunque no sea cierto- firmas de inversiones vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) basan su cabildeo y guerra de relaciones públicas en contra de la quiebra federal en que el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, es un ‘bailout’.
Desde hace varios meses se conoce que el propio Tesoro federal concluyó que una bancarrota del gobierno central o de las corporaciones públicas no representaría un riesgo sistémico para el sistema financiero estadounidense. Ese análisis, según indicaron fuentes la semana pasada, fue hecho a su vez por el Concilio de Estabilidad Financiera de EE.UU. (FSCO, en inglés), el cual también preside el secretario del Tesoro, Jack Lew.
EL CASO DE GRECIA. Un escenario distinto para Wall Street y Washington pudiera ser que coincidan las bancarrotas de Puerto Rico y Grecia, dijo Desmond Lachman, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante el anuncio del gobernador Alejandro García Padilla de que bajo la realidad actual la deuda del gobierno de Puerto Rico, incluidas las obligaciones generales, es impagable, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, certificó el mensaje que había dado el Tesoro: la crisis es responsabilidad del gobierno de la Isla.
Grecia domina aún la atención de las autoridades estadounidenses y la opinión pública.
Y a pesar de que líderes demócratas del Congreso, y editoriales de medios influyentes como The New York Times y The Economist, han avivado el reclamo a favor de un proyecto de quiebra federal como el 870, el liderato republicano del Congreso sigue sin acoger la medida, frenada desde que el 26 de febrero fue discutida en una audiencia de la Cámara baja.
Aunque algunos estadistas de la Isla, como la representante del PNP, Jenniffer González, se han aliado a los que buscan bloquear el 870, el congresista Serrano considera que el mensaje que ha llegado a Washington es que hay consenso en la Isla a favor de ese proyecto, por ser una medida del comisionado Pierluisi que tiene el respaldo del gobernador García Padilla.
“Eso ha sido un paso grande”, dijo Serrano, quien ha insistido en que lo ideal sería reencaminar la recuperación económica de Puerto Rico con una decisión sobre el futuro político de la Isla (estadidad, independencia o libre asociación).
La mayoría republicana del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal, encabezada por Robert Goodlatte (Virginia), ha acogido la oposición de firmas de inversiones que cabildean en contra de la medida y sostienen que permitir, por ejemplo, que la AEE se acoja al mecanismo del capítulo 9 de la ley federal de quiebras, violaría el contrato de los bonistas que invirtieron en la Isla bajo la premisa de que esa opción no estaría dispo- nible.
En la Casa Blanca y el Tesoro federal, según diversas fuentes, prevalece aún la opinión de que darle financiamiento a la Isla, garantizar bonos o promover que bancos privados le reduzcan la tasa de interés de una futura emisión de bonos, sentaría un mal precedente y provocaría que otros gobiernos locales hagan fila.
A su vez, la posición oficial en el gobierno del presidente Barack Obama es que una asistencia especial a la Isla pueda ser interpretada erróneamente por inversionistas de que no importa los tropiezos de un gobierno local o estatal y el monto de deuda pública, el gobierno federal saldrá al rescate.
“Creo que el Tesoro está evaluando -subrayó el congresista Serrano-, hasta donde pueden llegar. Pero lo que hasta ahora han hecho claro es que su intención es no sentar precedentes”.
“Si se le aprieta la situación, entonces es posible que Wall Street le reclame acción al gobierno federal”
JOSÉ SERRANO Congresista demócrata boricua