Reclaman su pago las cooperativas
Los principales portavoces del movimiento cooperativista, que se ha visto afectado por el impago de la deuda de la PFC, urgen a la Legislatura a asignar el dinero o de lo contrario irán a los tribunales
El liderato del sector cooperativo de Puerto Rico emplazó anoche a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado a que tan pronto reanunden su sesión legislativa, aprueben el pago de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés).
De igual forma, la Liga de Cooperativas y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas (AECoop) advirtieron que las medidas regulatorias que adoptará la Corporación para la Supervisión y Seguro de Depósitos (Cossec) son preventivas y que, de ser necesario, demandarán al Gobierno para recobrar los cerca de $1,100 millones que prestaron al fisco.
LISTOS PARA DEMANDAR. “Si hubiese alguna negociación que resulte en menoscabo de la gente que representamos, y que tampoco puede ir en contra de las cooperativas, estamos dispuestos a luchar donde sea, en los tribunales, en la Legislatura y a movilizarnos”, indicó el líder de la Liga de Cooperativas, William Ortiz.
El lunes, al consumarse el impago de unos $58 millones por parte de PFC, las cooperativas dejaron de recibir unos $4 millones en principal e interés, explicó ayer, en una entrevista separada con El Nuevo Día, el presidente ejecutivo de Cossec, Daniel Rodríguez Collazo. PRÉSTAMO COMO CUALQUIER OTRO. El regulador no pudo precisar qué impacto específico tuvo el impago de PFC en las cooperativas, pero insistió en que el sector tiene solvencia para encarar la situación fiscal. El sector tiene unos $88 millones en deuda de PFC, y según datos recopilados por El Nuevo Día, las cooperativas de la Isla serían el tercer bonista institucional más grande de PFC.
Pese a que el sector goza de los niveles más altos de capital y reservas en cinco años, el sector anda es ascuas porque una renegociación de la deuda por parte del Gobierno podría afectarlo y especialmente al 20% del sistema cooperativo, cuyos niveles de solvencia está en mínimos.
“Nosotros tenemos unos $4,000 millones en una cartera diversificada de préstamos personales, autos e hipotecas que los socios de cooperativas pagan todos los días y los bonos, en última instancia, son un préstamo más”, sostuvo Ortiz.
EMPLAZADA LA LEGISLATURA. “Mi ex- hortación a la Legislatura es que cuando abra la sesión el próximo 17 de agosto, legislen y se puedan recibir los fondos que se supone recibiéramos el lunes”, sostuvo por su parte el líder de AECoop, Carlos F. Ortiz Díaz.
“La contención nuestra es clara, que nos paguen, que el Gobierno pague cada centavo, porque representamos 950,000 socios”, dijo Ortiz Díaz.
El líder de AECoop indicó que hace poco más de dos semanas se reunió con el secretario de Estado, David Bernier, para plantearle el impacto que una renegociación tendría en el sector y que ello requiere un trato diferente como bonistas de Puerto Rico. Según Ortiz Díaz, el sector cooperativo brinda apoyo a la clase pobre y media, y cuenta con múltiples programas de servicios a la comunidad, que de otra forma serían responsabilidad del Estado.
REUNIÓN DE EMERGENCIA. A la fecha, el sector desconoce, cuál será la posición del Gobierno con respecto al sector y la renegociación de la deuda
“El dinero que no asignaron tienen que
pagarlo”
WILLIAM ORTIZ Presidente de la Liga de
Cooperativas
pública.
Ayer, líderes de unas 81 cooperativas acudieron a una reunión de emergencia convocada por la Liga y allí respaldaron las estrategias para asegurar el cobro de su bonos, según fueron adquiridos.
La directora ejecutiva de la Liga, Mildred Santiago, sostuvo que tras el encuentro, el movimiento intensificará su campaña educativa en cuanto a la solvencia del sector. Subrayó que éste padece los males que impulsó el propio Cossec en 2009. Entonces, se aprobaron nuevas reglas para instar a comprar bonos del Gobierno. NUEVA REGLA PARA LAS PÉRDIDAS. Para resolver el entuerto, ayer la junta de directores de Cossec aprobó crear un reglamento especial para flexibilizar cómo deben registrarse las pérdidas en los bonos de Puerto Rico en los libros de las cooperativas.
Entre otras cosas, en lugar de registrar las pérdidas tan pronto se realicen, lo que requeriría fortalecer la base de capital, las cooperativas podrían amortizar el daño en ese activo intangible por hasta 15 años.
La medida, que implicaría un tratamiento no visto antes en las finanzas de entidades financieras de cualquier tipo en la Isla, supo El Nuevo Día, no tuvo el aval de los representantes del Gobierno en la junta de Cossec, pero sí de los líderes cooperativos que integran ese cuerpo directivo al interior del regulador.