Destrucción progresiva de la confianza fiscal

El Gobierno parece haber perdido el sentido de urgencia que amerita la crisis fiscal que nos afecta y está sacrificando la credibilidad de 100 años de cumplimiento sin que se vean claramente la determinación y el propósito de enmendar el rumbo en la atenc

Porque su conducta irresponsable se plasma en un discurso vacío de “protección” íntegral de empleos y servicios, como si lo que se enfrentara fuera una crisis política, cuando el verdadero problema es una debacle financiera que exige drásticos ajustes fiscales y un plan de trabajo que no puede retrasarse más.

La situación es tal, que la decisión de no pagar a los bonistas al menos hasta que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica entregue su informe a finales de mes, representa un duro golpe a la credibilidad del País y podría significar la ruina de muchos inversionistas locales.

Más allá de no pagar el plazo de unos $58 millones de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) y de no hacer el depósito mensual en el Fondo de Retención de las Obligaciones Generales (GO, por sus siglas en inglés), la decisión es un vuelco dramático a una política pública de casi 100 años que, como indicó el economista Sergio Marxuach, le daba “una prioridad casi sagrada” a la deuda.

La principal oficial financiera del Gobierno y presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, insiste en que hay intención de pagar, pero que no hay liquidez y es prioritario mantener a flote el Gobierno, dando servicios a los ciudadanos. Además, plantea que, para poder pagar, se necesita renegociar los términos contractuales, el mismo discurso repetido por los funcionarios desde que el gobernador Alejandro García Padilla declaró impagable la deuda a fines de junio.

A partir de entonces, cuando García Padilla nombró el Grupo de Trabajo y convocó al liderato político a colaborar en la adopción de una estrategia de desarrollo que propiciara la recuperación fiscal, poco avance se ha percibido.

Ahora sabemos que el Gobierno aguarda por el informe del Grupo de Trabajo, que requerirá legislación para implantar algunas de sus recomendaciones, para iniciar una negociación formal con los bonistas, que están ya impacientes y amenazan con hacer sus reclamos mediante acciones legales. El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, ha “explicado” básicamente lo mismo que Acosta en torno al plan que se espera para emprender la renegociación. Aflora en ello una improvisación tipo “a ver qué pasa”, mientras se desgaja la confianza.

Como sostiene en su análisis Marxuach, del Centro para una Nueva Economía, lo que cuenta ahora es la percepción del mercado y Puerto Rico no había incurrido en tal comportamiento desde la aprobación de la Ley Jones en 1917.

Tan confiable era la deuda del País que en 1976, cuando inversionistas municipales se afectaron por la quiebra de la ciudad de Nueva York, la Legislatura de Puerto Rico creó por ley el Fondo de Redención de los GO, que es la reserva en que se deposita mensualmente una parte del pago que debe hacerse cada seis meses. El depósito de este mes el Gobierno decidió no hacerlo, creando una brecha de confianza sin precedentes.

De hecho, el mismo día que un portavoz de Oppenheimer Funds, que posee cerca de una tercera parte de los bonos de PFC, admite su decepción ante la acción del Gobierno y amenaza con acción legal, la presidenta del BGF repite en una entrevista con El Nuevo Día que no se pagará hasta que esté listo el plan de ajuste fiscal y se renegocien los términos del contrato.

Hace una semana planteamos editorialmente que si el Gobierno no hacía los pagos pendientes, estaría lastimando los intereses de grandes grupos de acreedores, entre ellos de los llamados “fondos buitre”, aunque también los de muchos inversionistas puertorriqueños, incluyendo los cooperativistas.

Según analistas y manejadores de fondos, al menos 20 centavos de cada dólar que Puerto Rico ha emitido en deuda quedaron en manos de inversionistas locales, como aseguradoras, cooperativas o individuos. En el caso de PFC, las cooperativas tienen $88 millones en bonos cuyo valor está en peligro.

Ante una disyuntiva tan grave, nadie duda de que el impago del Gobierno puede arruinar no sólo el nombre de Puerto Rico en los mercados, sino también a miles de puertorriqueños que confiaron durante décadas en su buena reputación.