“Vamos a articular un buen plan”
El secretario de Justicia, César Miranda, detalla los retos legales y constitucionales que enfrenta el ELA al intentar renegociar su deuda
La clave para atender la profunda crisis fiscal, que ya llevó a Puerto Rico al primer impago en su historia, será sentarse con sus acreedores y, con sensibilidad a sus derechos, buscar acuerdos que le permita al País cumplir con el pago de la deuda de $73,000 millones sin afectar los servicios esenciales de los ciudadanos. Así lo puntualizó ayer el secretario de Justicia, César Miranda, quien reconoció que son muchos los retos constitucionales que representa atender la crisis fiscal. En un tono conciliatorio, Miranda instó ayer al mercado de valores y al propio Ejecutivo a buscar un consenso para cumplir con las obligaciones y a evitar un conflicto legal que terminaría siendo perjudicial para todas las partes.
¿Cuáles son los retos constitucionales que usted reconoce enfrenta el País y ha levantado como parte de las reuniones del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica?
—Las controversias de índole constitucional son varias. Como Gobierno tenemos que ser respetuosos de los derechos que tienen los acreedores con los que hemos realizado acuerdos. Mucha de esta gente ha financiado a Puerto Rico por años y tenemos que ser responsivos. Al entrar a renegociar la deuda se puede traer alegaciones de menoscabo de contrato y es por esto que destaco en todas las reuniones la importancia de lograr una renegociación consensuada. Eso no es fácil. Eso sería más fácil con el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal o con la Ley de quiebra criolla, pero no lo tenemos.
Además del menoscabo de contrato, ¿qué otro planteamiento constitucional le preocupa que puedan levantar los acreedores en contra del gobierno?
—Otro planteamiento de naturaleza constitucional son las obligaciones generales y lo que establece el Artículo VI, Sección 8 de la Constitución. Como gobierno nosotros, además de la Constitución, le ofrecimos a nuestros acreedores un orden de prelación de pagos. Eso plantea otra preocupación y fíjate, si no hay consenso, pues no hay duda que esas controversias saldrán a flote y es por eso que necesitamos una conversación plena y honesta con nuestros acreedores.
¿Podría detallar cuál fue el planteamiento constitucional que levantó en las reuniones del grupo de trabajo acerca de la creación de la Junta de Control Fiscal?
—La Junta de Control Fiscal que se plantea no se ha dado en ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos, por lo tanto despierta también una serie de planteamientos. La Junta de Nueva York se estableció por determinación del gobernador porque no está la soberanía del estado involucrada. En el caso de Puerto Rico es distinto, porque no se trata de una ciudad, sino del país entero. Por esto vuelvo a recalcar la importancia de llevar un mensaje claro y reconocer que toda la deuda de Puerto Rico no es igual. Tenemos que hacernos unos planteamientos constitucionales como lo es la delegación de poderes con la creación de la Junta de Control Fiscal. De entrada sí tenemos un planteamiento de naturaleza constitucional en términos con las funciones que tendría la Junta vis a vis con las funciones del Ejecutivo y del Legislativo. Son muchas las interrogantes que se plantean.
¿Le preocupa que la crisis fiscal de Puerto Rico y el impago de $58 millones a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) hunda definitivamente la credibilidad del País ante los mercados?
—Mi punto de vista, y entiendo que es el que prevalece en el grupo de trabajo, es que como gobierno Puerto Rico tiene que llevar un mensaje al mundo financiero serio y con el sentido de que sabemos a dónde vamos. Tenemos que tener en cuenta los intereses de aquellos que han sido socios de Puerto Rico en el financiamiento de nuestro quehacer. Eso conlleva entender los riesgos constitucionales y el derecho contractual, y
eso es una consideración muy seria que tenemos en el grupo de trabajo. Mientras más nosotros lo entendamos mayor es la credibilidad que vamos a lograr ante el mercado financiero. ¿Usted cree que el gobierno ha llevado un mensaje claro a los mercados de hacia dónde se dirige financieramente? —Creo que sí. Vamos a articular un buen plan de recuperación que toma mucho de los elementos del informe Krueger y toma otros que conocemos de la experiencia. ¿Entonces por qué cree que varios medios internacionales han pro- yectado a Puerto Rico como un gobierno que, más allá de decir que no puede pagar sus deudas, carece de una ruta clara para resolver su crisis fiscal? —Eso es como quedamos por lo de la PFC, pero quiero aclarar que un incumplimiento con una fecha proscrita no necesariamente significa un incumplimiento total. Eso fue una de las posibilidades que están en este proceso de reestructuración de deuda. No creo que nadie ha dicho que se va a incumplir con la totalidad de ese compromiso de la PFC. Me parece que se da un tema de evaluación en un momento de escasa liquidez y donde hay que tomar en consideración mantener ofreciendo los ser- vicios esenciales a la ciudadanía. Mi llamado es que se trate de lograr un entendido consensuado. La deuda de la PFC no es parte de las obligaciones generales garantizadas por la Constitución y en esa área no hemos incumplido con los pagos. Ha pasado poco más de un mes que el gobernador Alejandro García Padilla anunció que la deuda de Puerto Rico era impagable y que necesita renegociar los términos, ¿cuándo comenzará el proceso de sentarse a renegociar con los acreedores? —Estamos dentro del calendario de trabajo que estableció el gobernador y que decía que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica haría primero una evaluación total del gobierno y se nos dio hasta el 30 de agosto para rendir su informe. Después ese informe pasaría a la consideración del gobernador y acto seguido como gobierno nos sentaríamos a iniciar un proceso de diálogo y de búsqueda de consenso con los acreedores. Con ese plan se ha estado cumpliendo. ¿Pero cuándo comenzará ese proceso de negociación con los bonistas? —El que no se esté negociando no significa que estamos fuera del calendario, sino al contrario, estamos justo como se planificó. Se entendió que debía haber una Junta de Control Fiscal constituida más o menos cuando se rinda el informe del Grupo de trabajo para que lo evalúe y todo eso está articulado. El plan es tener la Junta constituida para que dentro de un término prudente pueda evaluar la propuesta de ajuste y recuperación. ¿No le parece que comenzar a negociar con los acreedores puede ayudar a recuperar esa falta de credibilidad que tiene el gobierno ante los mercados? —No hemos comenzado a negociar con ellos porque verdaderamente dentro del itinerario de trabajo estamos a tiempo y dijimos que será a partir de septiembre, tras presentarse el informe del grupo de trabajo.