¿Dónde está el plan?
Mientras el País aguarda con ansiedad a que el Gobierno finalmente dé a conocer su plan de ajuste fiscal a 5 años, y que exponga de forma cándida y transparente su estrategia para reestructurar la deuda (cosa que no hizo en su reunión con los acreedores el pasado 13 de julio en Nueva York), en Washington se vienen gestando maniobras que, aunque han pasado por debajo del radar aquí, muy bien podrían dictar el curso de los acontecimientos de los próximos meses.
Un análisis ponderado de la cronología de las últimas 6 semanas demuestra que existe una suerte de consenso entre el liderato político en Washington sobre los siguientes puntos: primero, que nuestra crisis fiscal es “estructural” que no se resuelve simplemente con la aprobación del H.R. 870 para incluir a la Isla en el Capítulo 9 del código de quiebra federal; segundo, que no habrá “bailout” o inyección de capital de emergencia al Banco Gubernamental de Fomento por parte de la Reserva Federal ni del Tesoro, y tercero, que tarde o temprano el Congreso tendrá que intervenir mediante la imposición de una figura arbitral que muy bien podría tomar la forma de una junta de control financiero (“financial control board”) o de un síndico ante la implosión institucional de nuestro marco gubernamental.
Veamos. El 19 de junio (10 días antes de que el gobernador anunciara que la deuda es impagable), Jeff Duncan (republicano por Carolina del Sur), presidente de la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara y miembro de la Comisión de Recursos Naturales (con jurisdicción sobre Puerto Rico) circuló una carta (“dear colleague”) entre sus pares abogando por la designación por parte del Congreso de una junta de control financiero. En su comunicación, Duncan argumentó que el Congreso ostenta autoridad constitucional para así actuar de forma unilateral, como ya lo había hecho en el Distrito de Columbia en 1995.
El 29 de junio, Charles Grassley (republicano por Iowa), presidente la Comisión de lo Jurídico del Senado, expresó que al momento no hay una ruta clara de cómo atajar la crisis puertorriqueña, pero que la aprobación del H.R. 870 no va a resolver “all of the financial problems Puerto Rico has gotten itself into”.
El 8 de julio, Bob Goodlatte (republicano por Virginia), homólogo de Grassley en la Cámara, sostuvo que el H.R. 870 no cuenta con los votos a nivel de la Comisión de lo Jurídico, y que en dicho cuerpo existe un amplio consenso de que el problema de Puerto Rico es “estructural” que no se resuelve con acceder al Capítulo 9.
Una semana más tarde, el 15 de julio, comparecía ante el Congreso Janet Yellen (presidenta de la Reserva Federal) declarando que la Reserva “can’t and shouldn’t be involved in Puerto Rico”. Y devolviéndole la papa caliente al Congreso concluyó: “I think it’s appropriate for Congress to consider what’s best to do in this case”.
El 17 de julio, Orrin Hatch (republicano por Utah), presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, en una extensa carta de interpelación al secretario del Tesoro Jacob Lew, levantó un sinnúmero de interrogantes entre la que se encontraba la siguiente: “Has the administration given consideration to appointing a special mediator or arbitrator to work with Puerto Rico and its creditors to establish an orderly resolution of a Puerto Rican default?”
El 28 de julio, respondía Lew asegurándole a Hatch que no habrá “bailout” y que Puerto Rico necesita una estrategia fiscal a largo plazo.
De todo lo anterior podemos colegir que difícilmente sobrevivirá el H.R. 870, y que si el liderato político aquí no se acaba de espabilar nos van a imponer una junta de control financiero federal cuya misión será salvaguardar los intereses de Washington a costa de los nuestros.
A Washington hay que presionarlo para que, junto al gobierno puertorriqueño. se articule una salida negociada de la crisis fiscal, que a un mismo tiempo desemboque en la descolonización económica y política del País. Cualquier otra cosa es perder el tiempo.
La pregunta obligada a nuestro liderato político entonces es: ¿dónde está el plan?