LA OPINIÓN EXPERTA
David Bernier: A fiscalizar los incentivos otorgados en Puerto Rico
No podemos seguir dando palos a ciegas. La grave situación fiscal que enfrentamos hace necesario que cada centavo público que invertimos logre el mayor rendimiento posible.
La evaluación que hacemos del gasto público debe incluir los incentivos otorgados como herramienta para atraer inversión a la Isla y hacernos más competitivos, los cuales se otorgan mediante decretos por parte de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, la Corporación de Cine, la Compañía de Comercio y Exportación, los municipios, entre otros, y las recientes Leyes 22 y 20, que promueven el insumo de capital y la exportación de servicios respectivamente.
Un estudio reciente comisionado por el Presidente de la Cámara a la Universidad de Puerto Rico reflejó gran incertidumbre sobre el rendimiento de las leyes de incentivos contributivos.
A pesar de que estos incentivos han sido la piedra angular de nuestro desarrollo económico, carecíamos de información para precisar el impacto que tienen en nuestra economía. Al ser otorgados en distintas agencias de gobierno, algunos incluso a nivel municipal, la recopilación de información de manera eficiente resultaba un desafío.
En aras de resolver esta situación, se renovó el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, expandiendo sus funciones. El Censo Económico Anual, que comenzamos a realizar en el 2014, incorporó en su versión de este año información que permitirá realizar la necesaria fiscalización de manera más precisa y eficiente.
Datos tales como bajo cuál ley de incentivos, si alguna, opera la entidad jurídica en particular, qué volumen de negocios tiene la entidad incentivada, cuántos son sus empleados, cuál es su nivel de exportación, qué capacidad tiene de investigación y desarrollo, entre otros, nos permiten ahora medir con mayor precisión el impacto en nuestra economía de estas leyes.
Esta información es provista de ma- nera compulsoria por las propias entidades jurídicas incentivadas, bajo pena de perjurio, mediante la presentación electrónica de los informes anuales.
Al momento de escribir estas líneas, habían respondido al Censo durante el 2015 sobre 65,000 entidades, de las cuales sobre 2,400 dijeron operar bajo alguna Ley de Incentivos. Este censo, desarrollado con la colaboración del Instituto de Estadísticas, la Junta de Planificación y la Compañía de Comercio y Exportación, ha convertido nuestro Registro Electrónico de Corporaciones y Entidades en una herramienta activa para el desarrollo económico de Puerto Rico.
No obstante, y para hacer esto posible, durante el 2014 tuvimos que realizar, primero, un arduo proceso de depuración de datos, que representó la cancelación de sobre 200,000 entidades jurídicas inoperantes que todavía aparecían como activas en el Registro; y segundo, ponerlo al día al procesar sobre 7,000 trámites que se encontraron en atraso.
El análisis de las preguntas y respuestas en el Censo nos sirven para seguir mejorándolo en vías de que el año próximo represente un valor estratégico aún mayor para Puerto Rico.
La política de incentivos que tanto invocamos como instrumento para lograr desarrollo económico no funciona por gravedad; requiere gestión efectiva y evaluación constante para asegurar que se maximice su potencial.
La nueva herramienta que hace disponible el Departamento de Estado mediante este Censo Anual, respetando la confidencialidad que exigen algunas leyes y reglamentos, ayudará muchísimo en este propósito.
Tenemos que cuantificar de forma más precisa el impacto de los incentivos contributivos en nuestra economía, asegurándonos de que las empresas cumplen con lo estipulado en los decretos. Cada centavo cuenta.
No podemos darnos el lujo de seguir otorgando incentivos sin medir cuán beneficiosos son para el país.