Correctivo fiscal y de vergüenza en la AEE
La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene la responsabilidad de dar un paso que responda a la indignación que siente Puerto Rico ante el caso de las “pensiones especiales” que reciben quince funcionarios de esa agencia, quienes
Independientemente del análisis jurídico que la Junta acordó solicitar durante la reunión celebrada en la mañana de ayer, aquí hay un problema mucho más profundo, que no se resuelve determinando la “legalidad” de las pensiones en términos estrictos de la resolución que la facilitó.
En todo caso, ¿qué intereses pesaron cuando los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE del año 2009, aprobaron la resolución 3655, que fue pensada y diseñada para que los funcionarios retirados pudieran volver, obtener sueldos mayores y garantizarse una segunda jubilación mucho más jugosa?
Esas no parecen ser las normas de una corporación pública que vela por su propia integridad, sino los malos manejos de individuos que ya contaban con volver y decidieron preparar el terreno.
Tanto el gobernador Alejandro García Padilla, como el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, se han lavado las manos alegando que el caso lo debe decidir la Junta de Gobierno. La Junta ahora hace lo propio pasándole la papa caliente a un abogado que evaluará la “legalidad” de esas pensiones y rendirá su “análisis jurídico”.
¿Qué datos podría arrojar ese análisis? ¿Que las pensiones se han otorgado en cumplimiento de la resolución 3655? Pues en efecto, el origen de esta inmoralidad está precisamente en esa resolución, manipulada y contraria a los intereses de la AEE y del pueblo de Puerto Rico.
Eso es lo que hay que remediar ahora, suprimir retroactivamente un estatuto leonino, con visos de favoritismo y corrupción. En el estado de emergencia en que se encuentra la AEE, se requieren acciones que remedien las malas decisiones y hasta los atropellos que se cometieron antes. De eso se trata una transformación.
Muy mal de criterios debe andar la Junta de Gobierno de la AEE para esperar cómodamente por un “análisis jurídico” y así ganar tiempo, o buscar una excusa en la que sostenerse y dejar las cosas como están. No había necesidad de buscar tal “análisis jurídico” por fuera.
En esa Junta hay abogados que pueden asumir perfectamente la responsabilidad de establecer una solución legal para suprimir la infamia de las “pensiones especiales”. Pero hasta el nuevo director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana, ha dicho que “si pudiera ponerse el sombrero de miembro de la Junta, esperaría a recibir la información”, una respuesta tibia, que por su propia ambigüedad se explica sola.
El único sombrero que el funcionario tiene que ponerse es el de director de una instancia pública que está pasando por una crisis cada vez más honda y compleja, en la que cada centavo es importante, y en la que debe respetarse, hoy más que nunca, el sentir de sus verdaderos dueños, los sacrificados contribuyentes de este país.
No hay una sola persona que pueda entender ese enredo provocado por una oscura resolución de 2009, y que ha dado lugar a un desembolso de $219,000, que sale del fondo operacional de la AEE, para costear las “pensiones especiales”. El juego del “ir y venir”, usar de trampolín el retiro para volver a la corporación, y de la corporación a una segunda jubilación millonaria, con beneficios adicionales que pagan los abonados de la AEE, tiene que ser desenmascarado y detenido.
Esta parte del asunto de las pensiones, ha seguido un camino de derroche, y a la vista están los resultados.
El pueblo no tolerará otra cosa que la rendición de cuentas, las medidas correctivas que restituyan recursos indebidamente perdidos por la AEE y la revocación de las “pensiones especiales”.