Fuertes críticas a medida de Perelló
Proyecto de ley busca garantizar el acceso a la información pública
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la Administración para el Sustento de Menores (Asume) advirtieron ayer que las imprecisiones en el lenguaje utilizado en un proyecto de ley que busca garantizar el acceso a la información pública podrían provocar que la legislación resulte inefectiva o incumpla sus propósitos.
La OAT se opuso al Proyecto de la Cámara 2469, de la autoría del presidente cameral, Jaime Perelló, pues según la licenciada Luccianna Rechany, asesora legal de la Oficina de Legislación y Reglamentos de esa entidad pública, el texto no precisa a qué entidades públicas aplicarían sus disposiciones ni aclara qué información podría divulgarse sin restricciones.
Rechany alertó principalmente sobre la “amplitud” con la que se definen los términos “cuerpo gubernamental deliberativo”, “organismo público” y “unidad administrativa” para referirse a las entidades del gobierno sujetas al mandato de la pieza legislativa.
Rechany dijo que, según presentado, el proyecto obligaría a divulgar algunos asuntos de naturaleza con- fidencial, como las reuniones deliberativas de los jueces del Tribunal de Apelaciones o del Tribunal Supremo, y detalles de algunos casos sobre relaciones de familia, divorcios, adopciones, maltrato de menores, violencia doméstica y agresión sexual.
En tanto, la licenciada Miriam Hernández, ayudante especial de la administradora de Asume, Rosabelle Padín, advirtió que la mayoría de los documentos custodiados por esa agencia son confidenciales.
Hernández resaltó, además, que Asume es una agencia fiscalizada por el gobierno estadounidense y dijo que cualquier violación a la confidencialidad que permea en sus procesos la expone a la pérdida de fondos federales.
“No obstante su función pública, el uso, acceso y divulgación de la información manejada por la Asume debe ser considerada y custodiada como confidencial”
MIRIAM HERNÁNDEZ
Ayudante Especial en Asume